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Desplumar la guacamaya

Por sus dimensiones cuantitativas, se habla de 6 terabytes de memoria extraída, la vulneración (hackeo) de los sistemas informáticos del Ejército mexicano (Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA) constituye una grave lesión a la seguridad nacional.

Un respetable grupo de periodistas independientes se ha dado a la tarea de leer y analizar los millones de imágenes y videos contenidos en los archivos ilegalmente extraídos de los equipos de cómputo de la SEDENA por quienes se autodenominan “guacamaya”, que no son los mismos que aquellos que usan ese mismo nombre para, como si fueran partido político, difundir proclamas twitteras durante varios días.  

Seguramente otros interesados, en México y en el extranjero, están haciendo lo mismo que los periodistas, solo que cuentan con los instrumentos tecnológicos y capacidades de revisión digital que es imposible tener por uno o varios periodistas, incluso por diarios o agencias de noticias, por más importantes que sean. Imagino que las agencias de seguridad de los Estados Unidos, a las que de manera inesperada les cayó, como llegado del cielo, un material que pueden revisar, clasificar, escudriñar, catalogar y aprovechar. Cabe suponer que los carteles de la droga y el crimen organizado, en México y el extranjero, tendrán igual o mayor interés.

La primera reacción del presidente de México ante el hecho fue improvisada. Admitió el hackeo minimizando su importancia con chistes y maniobras para distraer. Quedó en claro que no entendía la gravedad de lo ocurrido. En los días siguientes ha mantenido la táctica de eludir o distraer, pero el escándalo toca las puertas de Palacio Nacional.

De la SEDENA y su titular lo que hemos tenido es silencio, que contrasta con las revelaciones que a diario llegan a los diarios y redes sociales acerca de los hallazgos sobre delicados y variados asuntos. La salud del presidente, la forma de vacacionar de su esposa, las pugnas entre los titulares de la SEDENA y Marina, la liberación del hijo del Chapo Guzmán, los resultados de operativos militares, listas de personas investigadas, Etc.

Lo revelado hasta hoy es la punta del iceberg. En el fondo está el deterioro en las capacidades y resultados del Ejército a lo largo de estos cuatro años, en particular en labores de seguridad pública, que contrasta con el cúmulo de tareas, ajenas a su naturaleza y facultades, que el presidente les ha ordenado realizar, en abierta transgresión de la Constitución.

Si el presidente de México, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, no explica a la sociedad mexicana lo ocurrido, queda pedir al Congreso de la Unión que actúe para obtener un informe verídico y exhaustivo del contenido de los archivos extraídos por “guacamaya” de los sistema informáticos de la SEDENA.

Por el bien de todos es necesario desplumar a la guacamaya. Informando a la sociedad cuál es el contenido e importancia de los documentos que fueron extraídos de los archivos de la SEDENA. Es imposible que el gobierno impida la difusión de lo que periodistas y otros interesados vayan encontrando en esos archivos. Tampoco es factible que el gobierno explique el contenido y alcance de cada documento o video contenido en los archivos sustraídos a la SEDENA, pero al menos debería explicarlos por materias y fechas.

Lo que procede, conforme el artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional, es que por acuerdo del pleno en cada Cámara la Comisión Bicameral responsable del tema cite a comparecer, en la sede de una de las dos Cámaras, al Secretario de la Defensa Nacional, para que informe, con detalle, verdad y objetividad, el alcance y gravedad de lo ocurrido. También para que explique el control de daños que realizarán para atender las consecuencias de la divulgación de material sensible (seguridad pública, o nacional) y qué medidas adoptarán para que no vuelva a ocurrir algo así, o al menos que sea más difícil que pase.

Nadie en su sano juicio quiere dañar al Ejército o a la Marina. Pero nadie debe admitir que la soberbia y el desdén frente a las instituciones civiles de la República y los representantes populares se conviertan en el sello del actuar de sus mandos superiores.


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Jorge Alcocer V.

Director fundador de Voz y Voto. 

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