Llega el 2024 y la ciudadanía entera sabe que este año hay elecciones. Sabe también sobre la alta probabilidad de contar –por primera vez– con una mujer presidenta en nuestro país. ¿Será que la paridad ha llegado a México en el nivel más alto de gobierno y, gracias a ello –como cascada– podemos dar testimonio de una amplia participación de mujeres en las contiendas electorales?

De acuerdo al Índice Global de Brecha de Género 2023, México ocupa, de manera general, el lugar 33 de 146, pero particularmente en lo relativo al subíndice de empoderamiento político de las mujeres, estamos en el lugar quince. A simple vista todo parece que va bien. Y efectivamente, no se pueden negar los avances que ha traído la adopción de la paridad como eje rector del Estado mexicano, y cómo ello ha resultado en una mayor participación en cargos públicos y de toma de decisiones por parte de las mujeres; y aunque parece que lo podemos divisar en el horizonte político, hay que mencionar que México nunca ha tenido una jefa de Estado.

El impacto de los estereotipos 

en la vida política de las mujeres 

Durante mucho tiempo, el desarrollo político de las mujeres se ha visto obstruido por la constante desigualdad y discriminación que provocan los roles y estereotipos de género que buscan encasillarnos, sistemáticamente, en el espacio privado. Estos roles tradicionales –muchas veces tan internalizados que es difícil identificarlos, y que asignan a las mujeres tareas domésticas y relegan a los hombres al ámbito público–, limitan la participación de las mujeres en política y por lo tanto acallan nuestra voz en los asuntos públicos. 

Los estereotipos de género –a menudo perpetuados en la esfera política– deslegitiman la capacidad de las mujeres para liderar y tomar decisiones informadas. Estos prejuicios describen a las mujeres como “emocionales”, “débiles” y hasta incapaces de asumir roles de liderazgo, lo que socava sus ambiciones políticas y dificulta su elección en cargos públicos. La cultura patriarcal crea un caldo de cultivo para la violencia política de género. Cuando las mujeres desafían las normas tradicionales y buscan puestos políticos, a menudo se enfrentan a ataques destinados a desacreditarlas en función de su género. Insultos sexistas, difamación e intimidación son tácticas utilizadas para minar la confianza de las mujeres en la política y marginarlas de la participación activa. 

Derechos políticos de las mujeres, 

una lucha con historia

Pese a los estereotipos de género, hoy muchas mujeres podemos emprender un camino en la esfera pública y nada de esto sería posible sin la lucha de quienes nos antecedieron en la búsqueda por una sociedad más equitativa. En México, algunas de las reflexiones más importantes sobre el desarrollo público y político de la mujer comenzaron en el S. XIX mediante el Correo de las señoras, que derivó en revistas escritas por Las violetas del Anáhuac. La primera década del S. XX estuvo marcada por una serie de publicaciones en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. El periódico vesper se posicionó con escritos críticos a favor de Francisco I. Madero, mismos que apelaban por una igualdad jurídica y por lo tanto una participación política de las mujeres. No obstante, las demandas feministas no fueron consideradas en la constitución de 1917, donde se negó el sufragio efectivo de las mujeres.

Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, el presidente envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 constitucional y otorgar el sufragio efectivo a nosotras, pero esta iniciativa fue rechazada en las cámaras pues se consideró que el voto de las mujeres iba a ser conservador y tendiente a los fines eclesiásticos… estereotipos de todo tipo.

Fue hasta 1947 cuando se reconocieron los derechos políticos de las mujeres a nivel municipal y hasta 1953 que se otorgó el voto para todos los órdenes de gobierno. Dicha acción buscaba ser símbolo de modernidad de los regímenes priistas. Así la primera elección donde pudieron votar las mujeres fue en 1955 para el estado de Baja California y en 1958 para la elección federal de aquel año.

Cuarenta años más tarde, en 1993 se realizó la primera reforma político-electoral que contemplaba a las mujeres: se recomendó a los partidos políticos promover una mayor participación de nosotras en la vida política del país. Esa recomendación fue mucho más tajante tres años después porque en la reforma de 1996 se volvió a recomendar a los partidos incluir en sus estatutos que las candidaturas al Congreso no excedieran el 70 % de un mismo género. Sin embargo, una recomendación resulta ser algo efímero, que puede o no cumplirse.

Fue hasta el 2002 que mediante las “cuotas de género” se ayudó a contrarrestar los desequilibrios históricos entre hombres y mujeres y a romper con las barreras que han obstaculizado la participación equitativa de nosotras en la política y otros ámbitos. Al establecer un requisito específico para la representación de género en cargos públicos y otros espacios de toma de decisiones, las cuotas no sólo aumentaron la presencia de mujeres en roles de liderazgo, sino que también ayudaron a la reconfiguración gradual de la mentalidad colectiva en torno a la capacidad y la legitimidad de las mujeres en posiciones de poder.

En 2014 se estableció el principio de paridad de género en el artículo 41 constitucional, obligando (no recomendando) a los partidos políticos a promover la paridad en las candidaturas. De ahí se desprende la reforma de 2019 conocida como “de paridad en todo”, y se adopta la paridad como eje rector del Estado mexicano. La reforma de 2019 fue tan poderosa, que se transformó en el antecedente de algo más: la reforma de violencia en materia política por razón de género que para 2020 se volvió ley.

Violencia política contra las 

mujeres y los mecanismos para atenderla

De cara a los comicios de 2024 donde existen dos candidaturas de mujeres para ocupar el cargo a la Presidencia de la República, como ciudadanía hemos atestiguado múltiples ataques hacia las mismas. Calificativos como “títere, muñeca de ventrílocuo o empleada” se han cargado hacia Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. ¿Es esto violencia política contra las mujeres en razón de género? 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia política en razón de género es “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género”, cuyo objetivo o resultado sea “limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”. Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) señala que se pueden entender como violencia política contra las mujeres cuando “las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos”.

Es decir, si partimos de que estereotípicamente a la mujer se le atribuye el no tener criterio propio, calificar como “títere, muñeca de ventrílocuo o empleada” a una mujer que compite por un cargo público, claramente es un estereotipo de género en términos simbólicos. 

De hecho, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 señala dos elementos que visibilizan estos pensamientos: en el primero, se señala que el 11.2 % de la población en México considera que “la mayoría de las mujeres no tienen educación o habilidades políticas, por lo que un hombre debe decidir por ella”; y el segundo, donde el 31.6 % de las y los encuestados considera que “las familias de las mujeres deben decidir si ellas participan en la política”. Es aquí donde la normalización de estereotipos de género pasa inadvertida en la cultura política de la mexicanidad. 

Otro caso interesante es el que ha ocurrido con la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, donde los comentarios tendientes hacia su persona son sobre su cuerpo y su “falta de racionalidad” para gobernar. En relación al cuerpo, la sexualización de una candidatura no es nueva. En 2012 se presentaron campañas publicitarias centradas en señalar “lo guapo” de Peña Nieto, o en 2023, cuando se habló de “lo galán” que es Omar Harfuch. Pero, al referirse al cuerpo de Cuevas no era necesariamente para elogiarla, sino por el contrario, para señalarla como “exhibicionista”. Entonces, es posible identificar que se sexualiza diferente una candidatura a partir de si eres hombre o mujer. 

Incluso, cuando se rumoró acerca de una relación amorosa entre Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava, en algunos mensajes en redes se leía: “perdió mi voto”. Esto nos habla de una fantasía de disponibilidad a partir de la idea de que la mujer es para consumo varonil. En ambos casos, es posible identificar una sexualización de la imagen de una mujer política, y que además se diferencia de la de los hombres. 

De hecho, los comentarios a los que se hace referencia en párrafos pasados provienen de redes sociales. Algunos actos de violencia tienen un autor bien definido, pero los otros no necesariamente ya que pueden esconderse bajo un perfil anónimo. Ante ello, el marco institucional ha buscado robustecerse. 

Para atender estos casos, el INE ha desarrollado la Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género, así como el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El primer mecanismo establece que ninguna persona con sentencia firme acusada de violencia sexual, familiar, o deudores alimentarios, pueda postularse a algún cargo de elección popular. El segundo tiene como objetivo identificar a cualquier persona sancionada por ejercer violencia política contra las mujeres y facilitar la cooperación entre instituciones para la generación de dicha información; las personas agresoras permanecerán en el registro de tres a seis años, dependiendo la gravedad de su falta. 

Llama particularmente la atención el caso del Registro que, al 10 de marzo de 2024, cuenta con 333 personas sancionadas (66 mujeres y 267 hombres), que señala que Oaxaca es el estado con mayor número de registros: 133 de 333 (39.9 %) y resulta interesante el caso de esta entidad porque con él se evidencia una de las limitantes del Registro: si bien ninguna persona agresora puede competir por algún cargo público, también es cierto que ello no exime que estas figuras continúen dentro de la vida administrativa del Estado. Tal es el caso de Oaxaca donde una persona ejerció violencia política contra sus pares mujeres y cuenta con cuatro sanciones registradas (JDC/90/2020, JDC/1332020, JDC143/2020 y SUP-REC-117/2020) y en la actualidad se encuentra laborando dentro de la Secretaría de las Mujeres del estado.  

Otro mecanismo que proveen las instancias electorales para prevenir y atender este agravio, pero en medios de comunicación y redes sociales, es el Manual sobre violencia política contra las mujeres en la esfera digital y mediática, cuyo objetivo es el de “explicar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los conceptos de violencia digital y mediática y cómo esta interactúa con la violencia política contra las mujeres en razón de género”. El Manual es una excelente guía para identificar las violencias de las que cualquier mujer puede ser objeto en la esfera política a partir de ejemplos y brinda una guía de cómo denunciar un acto. 

Con lo anterior podemos afirmar que si bien nuestras instituciones buscan generar acciones que decanten en una vida libre de violencias para las mujeres y de este modo México pueda ocupar lugares competitivos a nivel mundial en relación a la reducción de brechas de género –mecanismos que, debemos estar seguros y seguras, son pieza fundamental para esta lucha– aún siguen existiendo fenómenos culturales que, sumados con la impunidad, generan que las campañas políticas no sean espacios libres de violencia y que resultan ser un obstáculo para alcanzar una igualdad sustantiva. Concluyo con la reflexión de Norberto Bobbio cuando señala que “el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres”. Entonces habrá que reflexionar sobre ¿cuál es la situación de las mujeres que buscan acceder a la política en México?