En los próximos quince meses, América Latina experimentará una serie de elecciones críticas para el futuro democrático de la región. Ocho países tendrán comicios nacionales donde definirán un nuevo gobierno para los próximos años, lo que impactará en el tablero político latinoamericano. En 2025, Bolivia, Chile y Honduras tendrán elecciones presidenciales y legislativas, y Argentina renovará parcialmente el Congreso. Mientras que en 2026 será el turno de comicios generales en Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. Un contexto global y regional complejo y volátil, así como una serie de tendencias político-electorales nos ayudan a comprender qué puede ocurrir y qué está en juego.

Contexto global y regional

Las próximas elecciones latinoamericanas tendrán lugar en un contexto internacional caracterizado por una incertidumbre radical y múltiples crisis interconectadas que ponen en cuestionamiento los cimientos del multilateralismo y los valores de la democracia liberal. Las crecientes tensiones geopolíticas y disputas arancelarias, el cambio climático, la revolución tecnológica y el crimen organizado son fenómenos transnacionales para los cuales, actualmente, predominan respuestas locales de los gobiernos. Mientras tanto, el impacto del desarme de la cooperación internacional con miras al desarrollo de Estados Unidos y una nueva aproximación a la crisis migratoria, estresarán aún más las relaciones hemisféricas en América. 

En materia económica, en América Latina, luego del Covid, persiste el estancamiento económico, una creciente deuda externa y una percepción generalizada pesimista hacia el futuro, lo que eleva la frustración de la ciudadanía. Los progresos en materia de reducción de la pobreza y desempleo de décadas anteriores se han desacelerado. La informalidad, la evasión impositiva y los negocios ilícitos, restringen las fuentes de ingresos estatales. Este delicado panorama achica los márgenes fiscales y los recursos para atender las desigualdades estructurales y promover el desarrollo inclusivo. 

En materia política, en el informe anual sobre el Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional venimos registrando un retroceso democrático que cumple ya ocho años consecutivos.¹ Mientras un 31 % de los países presentan avances en sus indicadores democráticos, un 47 % evidencia retrocesos, especialmente en materia de representación y derechos. Resulta preocupante en América Latina el achicamiento del espacio cívico, expresado en los ataques a la libertad de expresión, prensa y asociación que están minando los mecanismos de control social consagrados en el pacto fundacional de las democracias a partir de Estados de excepción, leyes “mordaza” y estigmatización contra la sociedad civil, los medios de comunicación o la cooperación internacional. 

Adicionalmente, se han incrementado las embestidas de los ejecutivos por manipular y cooptar las instituciones de contrapeso, especialmente el Poder Judicial y los órganos de control autónomo. Finalmente, hay una serie de candidatos outsiders y nuevos gobiernos que se están abriendo paso a partir de impulsar una agenda de retroceso de derechos que vulnera la pluralidad, la inclusión y la diversidad. Estos derechos son parte integral de una concepción sustantiva de la democracia, y complementan a las elecciones libres y competitivas como condición necesaria mínima para definir al régimen político.

Cinco tendencias

Ante este contexto global y regional, se destacan cinco tendencias que marcarán el pulso de las próximas elecciones.

1. El voto de castigo a los oficialismos. Los votantes latinoamericanos están enojados ante la falta de resultados económicos y sociales de los distintos gobiernos a los que venían dando sus apoyos. Así, de considerarse las últimas dos elecciones presidenciales en cada país de la región, sólo en México, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y El Salvador se ha mantenido en el poder la opción oficialista, mientras que en los otros países los opositores derrotaron a las candidaturas de los gobiernos. A la fecha, la mayoría de las encuestas para las próximas elecciones presidenciales ratifican la favorabilidad de los electores de cada país a apostar por un cambio significativo. Sólo en Brasil, la reelección está permitida y el presidente Lula da Silva haría uso de la posibilidad de reelección inmediata. En los otros países que renuevan Ejecutivo, habrá una nueva persona en el cargo. 

La alternancia en el gobierno es un pilar de la democracia, pero contrario a la primera década del siglo XXI –donde las buenas gestiones eran reconocidas y reelegidas en las urnas–, ahora los cambios pendulares se han vuelto más radicales, afectando la progresividad y mejora de las políticas públicas de Estado. 

2. Desinformación y radicalismo. La revolución digital, especialmente las redes sociales y la Inteligencia Artificial, ya están produciendo una drástica transformación en el modo de hacer política. Nunca había sido tan fácil ni tan rápido acceder a grandes volúmenes de contenidos procedentes de diversas fuentes, ampliando el horizonte informativo de millones de personas. Pero al mismo tiempo, las redes sociales algorítmicas y las plataformas se han vuelto terreno fértil para la manipulación, con acciones que van desde diseminar noticias falsas, montar campañas de desprestigio, y hasta la violencia digital. 

En contextos de baja alfabetización digital y alta polarización, el efecto principal que está teniendo el mal uso de estas herramientas es alimentar las cámaras de eco, la radicalización y movilización intensa de simpatizantes, así como la intolerancia al disenso, afectando el principio de voto informado. En varios países, esta dinámica ha favorecido el ascenso de figuras populistas y extremistas que prometen soluciones rápidas a problemas estructurales, muchas veces a costa del pluralismo y el Estado de derecho.

La escasa o nula regulación, desconocimiento y/o mal uso de estas herramientas por parte de los actores políticos, la descoordinación con las compañías de las plataformas digitales, y la desprotección de los derechos digitales están comprometiendo seriamente las condiciones de equidad en las campañas electorales. Consecuencia de estas limitaciones, emergen con fuerza nuevas dinámicas preocupantes como las operaciones de influencia extranjera de actores estatales y no estatales, o la violencia política digital de género. Tal como advertimos en un reciente informe de IDEA Internacional y la Fundación Getulio Vargas,² “con aplicaciones de IA generativa mejores, más rápidas y precisas, los riesgos para la integridad de la información y la calidad de las elecciones aumentarán”.

3. Apatía y desencanto. Según nuestras estimaciones, en los últimos quince años la participación promedio a nivel global ha retrocedido del 65 % al 55 %, y en nuestra región del 75 % al 67 %. La disminución sostenida de la participación electoral refleja una creciente desconexión entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. Otras formas de participación política como las movilizaciones sociales, el ciberactivismo e iniciativas de democracia directa están siendo preferidas. En la encuesta de Latinobarómetro,³ el apoyo a la democracia ha caído 11 % en los últimos quince años, pasando de 63 % en 2010 al 52 % en 2024, mientras que la satisfacción con los resultados de la democracia sólo alcanza el 33 % este año. 

Adicionalmente, un cambio demográfico profundo que afecta la composición del electorado se reitera en los comicios regionales, evidenciando que más del 50 % de los potenciales votantes son menores a treinta años. Este gap generacional está reconfigurando el consenso normativo y carga valórica que durante décadas se le dio a la democracia, así como las preferencias políticas. En la misma encuesta de Latinobarómetro, los jóvenes entre dieciséis a veinticinco años demuestran mayores niveles de aceptación al autoritarismo (21 %) e indiferencia al régimen mientras les dé respuesta a ciertos problemas (27 %) que las generaciones mayores. Así, los más jóvenes, y especialmente los hombres, están votando mayoritariamente por opciones antisistema y de derecha radical.

4. Conflictividad electoral. Durante las décadas previas, los órganos electorales habían destacado por su apuesta en profesionalización, imparcialidad y creciente confianza en su gestión. Un gran número de reformas electorales vino a dotarlos de mayor autonomía, recursos y capacidades. Sin embargo, en un estudio reciente en IDEA encontramos que la conflictividad de las elecciones ha ido en aumento en los últimos cinco años. Un 20 % de las elecciones han presentado boicots, irregularidades o judicialización. La violencia electoral es especialmente preocupante en América Latina, ya que el crimen organizado está penetrando la política vía financiamiento ilícito o con ataques contra candidaturas, líderes sociales y electores, generando un ambiente inseguro para el ejercicio democrático. 

Posteriormente, un nuevo elemento nocivo que socava la confianza es el de las denuncias sistemáticas, anticipadas e infundadas de fraude electoral. Esta práctica polarizante termina frecuentemente en el desconocimiento de los resultados por parte de los perdedores y siembra en la ciudadanía la sensación de ilegitimidad en los vencedores, minando la integridad del proceso. Ejemplos del uso de candidatos de estas narrativas de fraude anticipado e infundado se dieron en las últimas campañas en Brasil y Guatemala. 

5. Fragmentación extrema. La gobernabilidad de los nuevos presidentes depende de conformar mayorías en los parlamentos y en la sociedad. Sin embargo, cada vez hay más candidatos presidenciales, pero menos representativos. Así en Costa Rica, en las pasadas elecciones de 2022, se presentaron veinticinco candidaturas, y veinte no superaron el 1 %. En Perú compitieron dieciocho candidaturas, pero ninguna de las opciones que pasaron a segunda vuelta superaron el 20 %. En Colombia actualmente hay más de setenta y cinco candidaturas presidenciales. Esta fragmentación tiene su posterior correlato en la composición del Poder Legislativo, por lo que los gobiernos de minoría electos se enfrentan al desafío de formar coaliciones con partidos débiles o meras individualidades. Este factor está tornando inestables a los gobiernos de coalición, y ponen en peligro la calidad de las políticas públicas y hasta la propia democracia. Ciertamente, los ataques y el daño interpersonal causado en épocas de campaña, producto de la polarización afectiva extrema, dificulta aún más la conformación y permanencia de las coaliciones de gobierno y de oposición.

Los partidos políticos representan la institución democrática de evaluación más deficiente, con sólo un 17 % de confianza ciudadana. Como consecuencia, ante el declive de los partidos tradicionales, outsiders irrumpen en la política con propuestas contra las propias instituciones. La oferta partidaria se ha vuelto inestable, personalista y con escasas propuestas programáticas claras. 

Conclusión

El 60 % de los latinoamericanos acudirán en los próximos dieciséis meses a las urnas para renovar sus gobiernos. Que sea en las urnas y no en los cuarteles donde se decidan los gobiernos, es un legado positivo que la tercera ola de la democracia nos dejó, y que es necesario valorar y cuidar. Ante la creciente conflictividad electoral y la desconfianza ciudadana, consideramos fundamental reforzar la autonomía y profesionalización de los órganos electorales; promover la observación imparcial nacional e internacional, así como dar seguimiento a sus recomendaciones; y favorecer un entorno seguro y equilibrado para la competencia plural entre las candidaturas. En los momentos críticos de las últimas elecciones una sociedad civil movilizada fue fundamental para la resiliencia democrática.

Las democracias mueren crecientemente por acciones de sus gobernantes electos, que una vez en el poder corroen las instituciones de contrapeso y persiguen a opositores y a la prensa libre. De igual modo, estamos viviendo un cambio de época en las preferencias normativas de las élites políticas y económicas, así como la reconfiguración del electorado, especialmente los jóvenes. Es necesario, entonces, reforzar los espacios de trabajo por una cultura política democrática que esté fundada en la pluralidad, la innovación y la inclusión. Las próximas elecciones definirán el nuevo mapa político de la región, así como el futuro de la democracia.