Todo apunta a que la entrega de las iniciativas presidenciales de reforma electoral deberá esperar algunas semanas. Al parecer, en la Comisión Presidencial formada para ese propósito no ha sido posible convertir en proyectos de decreto, constitucional y de leyes secundarias, los cambios agrupados en 12 temas y menos aún las múltiples propuestas vertidas en los foros de consulta. Tampoco hay acuerdo con los dos aliados de Morena (PT y PVEM) cuyos votos son requisito sine qua non para la aprobación de las iniciativas. Uso el plural ya que, como ha sido en el pasado, para el procesamiento de una reforma electoral es necesario tener a la vista tanto su parte constitucional, como los cambios a las leyes reglamentarias.  

Se quejan los dirigentes y legisladores del PT y del PVEM de que no han recibido de la Comisión, o de otra instancia gubernamental, las iniciativas presidenciales. Hace unos días la propia presidenta dijo que aún no las tiene. En Gobernación, la secretaria ha ofrecido a sus dos aliados que serán partícipes de la redacción, sin especificar tiempos y movimientos para ese propósito. Dos temas provocan la resistencia de esos partidos, y de los otros: la eliminación del sistema mixto con dominante mayoritaria y la drástica reducción del financiamiento público para partidos políticos.

Frente a la resistencia de sus aliados, la presidenta de México ha dado un giro en sus declaraciones sobre el posible contenido de sus iniciativas. En las dos semanas recientes ha dejado de mencionar la desaparición de los plurinominales para poner el énfasis en el tema del gasto electoral. Ya no se trata de una reforma para mejorar “la representación del pueblo”, sino de cambios para tener elecciones menos caras.

Solo que, si para ese propósito propone quitar dinero a los partidos, sus aliados no parecen dispuestos a dar sus votos. Este asunto del dinero público para los partidos políticos se ha vuelto un tema muy complicado desde que en 1996 se instauró el generoso sistema que les otorga, de manera permanente, recursos para actividades ordinarias y cada 3 años para sus campañas electorales. El núcleo duro del sistema es la norma de rango constitucional que dispone que el financiamiento público debe prevalecer sobre el proveniente de fuentes privadas.

Cabe recordar que en 1996 López Obrador y Felipe Calderón, entonces dirigentes del PRD y del PAN, respectivamente, decidieron que sus legisladores votaran en contra del dictamen para adecuar el COFIPE a lo aprobado en la reforma constitucional electoral de aquel año, en protesta por lo que calificaron de excesivo financiamiento para los partidos. López Obrador anunció que con el dinero que no aceptaba el PRD pagaría la impresión de libros de texto para secundaria. Libros que nunca nadie vio. Calderón fue más directo y regresó en dos ocasiones parte del dinero. Luego dobló las manos. Mejor dicho, las extendió.

En la reforma de 2007 se hizo un importante ajuste a la baja en el financiamiento de campaña y una pequeña disminución al ordinario. Pero en 2014 los partidos tomaron desquite y con la anuencia del gobierno de Peña Nieto duplicaron sus prerrogativas por la vía de replicar a nivel local el sistema de financiamiento público ordinario federal. Tengo la impresión de que nadie ha explicado a la presidenta Sheinbaum esas dos vías de financiamiento de los partidos. Una federal, a través del INE, la otra, local, a través de los 32 institutos electorales locales (OPLES).

Desde 2019 el partido que más se ha beneficiado de ese dobleteo es Morena, que este año recibirá vía el INE, para gasto ordinario, 2,616 millones de pesos, y además obtendrá una suma parecida a nivel local, para un total aproximado de más de 4 mil millones de pesos. Morena es, desde hace 7 años, el partido más rico del mundo. Parafraseando a su líder y guía, lo que hoy tenemos es pueblo pobre y partido rico.  

Revertir el abuso de 2014 es una medida necesaria. Bastaría con establecer que los partidos políticos nacionales no recibirán financiamiento ordinario local, y ajustar la fórmula de cálculo para establecer en cada entidad federativa el financiamiento para campañas locales.

Dejo apuntado que reiteradamente surge la propuesta de que en lugar de tomar como base para el cálculo del dinero público para los partidos el número de inscritos en el padrón electoral, se considere el número de ciudadanos que votaron en la elección inmediata anterior. La propuesta ha sido reiteradamente rechazada por ser una invitación al abstencionismo. Hay otras vías para alcanzar el objetivo de reducir el financiamiento público a los partidos, preservando la norma de que éste debe prevalecer sobre el financiamiento de fuentes privadas.

La otra medida para reducir el costo de las elecciones es someter a revisión integral la estructura y destino del gasto del INE y de las demás autoridades electorales. No comparto el argumento de que como es un porcentaje ínfimo del presupuesto federal, no ha lugar a la crítica ni a la revisión. El tema no es el porcentaje, sino el destino de esos recursos que, cabe tenerlo siempre presente, provienen del bolsillo de los contribuyentes. La revisión de la estructura orgánica y gastos del INE permite afirmar que existe un margen grande para reducir gasto sin afectar la calidad y oportunidad de la organización de elecciones, que es la tarea principal de toda autoridad electoral.

Las reformas electorales del pasado permitieron emparejar el terreno de la competencia entre partidos y asegurar la calidad de los procesos electorales. Pero nuestra democracia ha sido de baja calidad. Ojalá la presidenta encuentre quien le escriba unas iniciativas cuyo eje rector sea elevar la calidad de nuestra democracia, no abaratarla.

Sígueme en: www.vozyvoto.com.mx