Las autoridades salvadoreñas han administrado la pandemia del coronavirus entre la improvisación y la arbitrariedad.1 Los decretos ejecutivos para establecer la cuarentena domiciliar obligatoria fueron declarados ilegales por la Sala de lo Constitucional.2 Durante los más de 80 días de confinamiento, uno de los períodos más longevos en América Latina, los ciudadanos fueron objeto de detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. En los centros de contención, las sedes en las que el gobierno retiene a los que incumplen la cuarentena, se han propagado los contagios y han fallecido por lo menos tres personas por presunta negligencia.

Los especialistas coinciden en señalar que las cifras de infectados, fallecidos y curados no son exactas y exigen transparencia al Gobierno. Las instituciones públicas a cargo de la emergencia no han rendido cuentas de los gastos autorizados por la Asamblea Legislativa para combatir los efectos del Covid-19. Los legisladores autorizaron al Ejecutivo para emitir deuda por más de $3,000 millones de dólares.

Las consecuencias de la crisis política generada por Nayib Bukele son de igual, o quizás, de mayor trascendencia que las provocadas por el Coronavirus. El mandatario no atiende las sentencias de la Sala de lo Constitucional, ignora los llamados de la Asamblea Legislativa para negociar una ley de reapertura económica, se burla de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y no presta atención a los pronunciamientos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le exigen enfrentar al Covid-19 en armonía con la Constitución y la ley.

Este artículo sostiene que la gestión de Nayib Bukele tiene lugar en un sistema híbrido, porque transita entre la democracia y el autoritarismo.3 La primera característica se manifiesta con la celebración periódica de elecciones y con las actuaciones de las instituciones de control. La segunda se revela con claridad a través de la conducta del gobernante. Con este propósito, el artículo revisa la situación de El Salvador tomando como referencia los cuatro indicadores clave de comportamiento autoritario sugeridos por dos profesores de Harvard: 1. Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego; 2. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos; 3. Tolerancia o fomento de la violencia; y 4. Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.4 Al final se incluye una breve reflexión.

1. Rechazo de las reglas democráticas del juego5

• El 9 de febrero: punto de inflexión en la estabilidad política de El Salvador

La irrupción de elementos de la Fuerza Armada al Palacio Legislativo, ordenada por Bukele el 9 de febrero de 2020 (9F), ratificó su intención de gobernar al margen de la Constitución. El presidente tomó por asalto la Asamblea Legislativa, militarizó el Salón Azul, intimidó a sus opositores políticos con presencia policial en sus sedes partidarias y arengó al «pueblo» para que protagonizara una insurrección en contra de los diputados.

Después de dirigir un mensaje desde la tarima instalada al frente del Congreso, Bukele ingresó al hemiciclo legislativo, abrió la sesión plenaria, oró frente a una veintena de diputados, regresó al escenario montado para la ocasión y anunció que «Dios le pidió paciencia». Luego fijó el plazo de una semana a los grupos parlamentarios para aprobar un préstamo de $109 millones orientado a financiar la fase III de su plan de seguridad «Control Territorial».6

La misma tarde del 9F, dos ciudadanos interpusieron una demanda de inconstitucionalidad. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la petición y prohibió al presidente hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines establecidos en la Constitución. También le exigió no poner en riesgo el principio de separación de poderes.

• Las arbitrariedades durante la pandemia del coronavirus

En los más de tres meses de confinamiento obligatorio como consecuencia del Covid-19, Bukele desatendió las sentencias de la Sala de lo Constitucional que ordenaron el cese de las detenciones de ciudadanos retenidos por no respetar la cuarentena.7 La Sala advirtió que ese acto requiere de ley expresa. Por otro lado, el mandatario usurpó funciones de la Asamblea Legislativa cuando prorrogó –a través de un decreto ejecutivo– la emergencia aprobada por los legisladores en marzo y cuya vigencia finalizó el 19 de mayo.

Al 28 de mayo de 2020, la Sala de lo Constitucional registraba 60 inconstitucionalidades, 330 habeas corpus y 61 amparos relacionados con actos ilegales en tiempos del Coronavirus.8 A la misma fecha, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había recibido 1,637 denuncias entre detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos a la salud, al trabajo y de acceso al agua, todas en los meses de cuarentena. A la lista se agregan las directrices del Instituto de Acceso a la Información Pública, evidenciando la opacidad de los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios para atender el problema sanitario ocasionado por el Covid-19.

En una resolución sin precedentes,9 la Sala de lo Constitucional declaró como contrarios a la Carta Magna la totalidad de decretos ejecutivos autorizados por Bukele durante la emergencia sanitaria. Entre otros aspectos, el fallo advirtió al Ejecutivo que el Código de Salud no le da potestades al gobierno para usar el confinamiento «como una medida de castigo o sancionadora». El tribunal señaló que la pandemia debe afrontarse con responsabilidad, pero sin violar la Constitución, los derechos humanos y las leyes. Agregó que es necesario garantizar el acceso a la información pública durante la emergencia y dejó claro que la suspensión de derechos no interrumpe el Estado de Derecho ni la responsabilidad de los funcionarios si incumplen la ley.

2. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos y agresiones constantes

• Insurrección en contra de los diputados

Bukele califica a los diputados de «ladrones, incompetentes, corruptos y traidores al pueblo».10 El 9 de febrero, desde la tarima que montó frente al Palacio Legislativo, arengó a los asistentes –a los que él mismo convocó días antes y les proporcionó transporte en vehículos oficiales para llevarlos a la Asamblea Legislativa– para protagonizar una «insurrección» en contra de los legisladores. Además, desconoció al presidente del principal partido de oposición y al titular de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (anep).

El presidente ha exhibido la misma actitud a lo largo de la emergencia por la pandemia, no obstante la aprobación de prácticamente la totalidad de las iniciativas legales del Ejecutivo, incluyendo la suspensión de garantías constitucionales en dos ocasiones y la autorización para la emisión de deuda por más de $3,000 millones de dólares.

Bukele lanzó un tweet informando que en el recinto legislativo había un contagiado por Covid-19. Los diputados denunciaron que Bukele intentó suspender la sesión plenaria para evitar que superaran el veto de la normativa de emergencia. Más recientemente, ante la orden de la Sala de lo Constitucional al Ejecutivo para buscar un acuerdo con el Legislativo, Bukele convocó a los diputados al Hospital San Rafael, uno de los nosocomios donde se trata a los pacientes activos de Covid-19.

3. Tolerancia o fomento de la violencia

El presidente Bukele ha fomentado la violencia a través de su cuenta de Twitter. Fustiga a los que contradicen o critican sus políticas de gobierno y sus decisiones, y promueve un discurso de odio. Con un «retuit» del mandatario, miles de cuentas dejan consignadas amenazas de muerte en contra de los periodistas y de las personas que denuncian comportamientos autoritarios.

En la 34ª reunión anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (bid) de Centroamérica y República Dominicana, Bukele expresó que a los diputados los deberían quemar: «Yo les digo: si ustedes vivieran un día en El Salvador, créanme que quemarían a todos los políticos juntos, pero no lo viven».11 Este tipo de discursos en contra de la paz social son repetidos constantemente por el mandatario en sus redes sociales, cadenas nacionales o conferencias de prensa.

4. Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.

• Ataques a la libertad de prensa

Bukele inició su mandato restringiendo el acceso de los medios de comunicación a las conferencias de prensa. Primero impidió el ingreso de periodistas de El Faro y de la revista FACTum. Lo hizo como represalia a sendas investigaciones en las que esos medios electrónicos denunciaban presuntos actos de corrupción perpetrados por el presidente y por miembros de su gabinete que lo acompañaron cuando ocupó la silla edilicia en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador. Segundo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Repúbica discriminó a ciertos medios excluyéndolos de la cuenta de WhatsApp administrada por esa instancia de información. Tercero, eliminó la pauta publicitaria para los medios críticos a su gestión. Y cuarto, en las conferencias de prensa, apenas unas cuantas en lo que va de su mandato, agrede a los periodistas, los señala como instrumentos financiados por grupos que quieren dañar su imagen y limita el número de preguntas a muy pocas al finalizar la conferencia.

•Abusos de los poderes de emergencia durante la pandemia

El presidente restringió la libertad de tránsito y el derecho de reunión consagrados en la Constitución por medio de un decreto ejecutivo. Los poderes concedidos por la Asamblea Legislativa durante la emergencia fueron utilizados por Bukele para tres objetivos: 1. Limitar el acceso a la información pública; 2. Autorizar la compra de bienes y servicios de forma directa, sin pasar por los controles establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (lacap); y 3. Hacer campaña con fondos públicos promocionando su labor con claras intenciones electorales de cara a las legislativas y municipales de 2021.

A modo de reflexión final

Las instituciones importan. Solo un sistema de control independiente (Fiscalía General de la República, Sala de lo Constitucional, Corte de Cuentas de la República e Instituto de Acceso a la Información Pública, así como la presencia de grupos parlamentarios de oposición en la Asamblea) pueden evitar el tránsito hacia un estado autoritario en el que se pretende concentrar el poder.

La sociedad civil debe auditar al Estado. Las organizaciones civiles desempeñan un papel de primer orden para promover la transparencia, el acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción. Ante conductas arbitrarias del poder público, los ciudadanos deben acudir a las instituciones y demandar el respeto de sus derechos fundamentales.

La «nueva normalidad» requiere de un Estado eficiente y de sistemas democráticos funcionales. La etapa post pandemia obligará a revisar la calidad de los servicios públicos. La población no aceptará que se repitan los colapsos en el sistema de salud. Esta demanda precisa de una democracia más incluyente en la que los administrados vigilen a sus representantes y acuerden un nuevo pacto social.