Recientemente se celebraron elecciones locales en seis entidades del país para elegir 436 cargos. Una vez más, han quedado demostradas las capacidades de los organismos públicos locales electorales (OPLE) para organizar comicios eficientes en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE). El modelo colaborativo del sistema electoral nacional ha propiciado que la existencia de funciones bien definidas de los OPLE y del INE generen resultados exitosos. Basta con reflexionar sobre las experiencias recientes, hace poco más de un año. Además de que el INE organizó la elección para renovar a las 500 diputaciones federales, los treinta y dos OPLE organizaron elecciones ordinaras para elegir 19 915 cargos populares entre gubernaturas, diputaciones locales y autoridades municipales; pero, las elecciones de 2021 fueron más allá de ser las más grandes de la historia por la cantidad de personas inscritas en la lista nominal y por el número de cargos a elegir, fueron trascendentales porque, en medio de la peor pandemia de los últimos tiempos, se implementaron a nivel nacional protocolos sanitarios que permitieron prevenir contagios y que la ciudadanía ejerciera de forma segura su derecho al voto. 

Aun en un contexto sanitario adverso, las elecciones de 2021 pueden considerarse como las más progresistas e incluyentes de la historia. Si bien el INE implementó medidas afirmativas en materia de extensión del principio de paridad en las gubernaturas, de prevención y atención de la violencia de género, de candidaturas indígenas, afrodescendientes, de personas con discapacidad y de la diversidad sexual en diputaciones federales, la facultad reglamentaria de los OPLE propició determinaciones que contribuyeron a la consolidación de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía a través del diseño e implementación de acciones afirmativas a favor de la participación política de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, desventaja o discriminación. Así, desde contextos locales, se construyeron reglas electorales para garantizar el acceso paritario libre de cualquier tipo de violencia para las mujeres en las contiendas, el voto de la ciudadanía en el extranjero, se implementaron buenas prácticas a favor de la participación política de las personas indígenas en veintiocho entidades, a favor de la diversidad sexual y de las juventudes en veintiún estados, de personas con discapacidad en dieciséis, de personas afromexicanas en siete, de migrantes y residentes en el extranjero en cinco y de personas adultas mayores en cuatro entidades. 

Para 2022, los OPLE continuaron en la ruta de organizar procesos electorales progresistas. Se garantizó la observancia del principio de paridad en la integración de todas las listas de candidaturas para los ayuntamientos de Durango, para la legislatura de Quintana Roo y para las postulaciones en las seis gubernaturas, así como el cumplimiento de acciones afirmativas a favor de personas indígenas, de la diversidad sexual, con discapacidad, migrantes y adultos mayores en la integración de los ayuntamientos de Durango. En Aguascalientes 128 personas con discapacidad ejercieron su derecho al voto de manera anticipada por la vía postal, 130 personas en prisión preventiva lo hicieron por la vía postal en Hidalgo, en Tamaulipas hubo una prueba piloto vinculante con cincuenta urnas electrónicas, y en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, se registraron 6343 personas para poder votar desde el extranjero. 

Pero los OPLE no solo han celebrado elecciones ordinarias incluyentes y exitosas, pues derivado de actos que desataron violaciones a los principios de imparcialidad, de certeza y de libertad del sufragio ajenos a la organización electoral, entre 2021 y lo que va de 2022, los OPLE de Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Estado de México, Yucatán, Jalisco, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas organizaron elecciones extraordinarias para integrar ayuntamientos de distintos municipios y para elegir a una diputación de Oaxaca bajo los mismos estándares de calidad y confiabilidad de los procesos ordinarios. 

A ocho años de la reforma electoral de 2014 y en medio de su evidente consolidación, han surgido voces que sugieren la desaparición de las instituciones electorales locales para trasladar sus funciones a una sola autoridad administrativa electoral, bajo el argumento principal de un aparente ahorro presupuestal. Sin embargo, las tareas realizadas por los ople en cada estado de la República no podrían llevarse a cabo con la sola estructura de una autoridad nacional como el INE. En actividades como el registro de candidaturas se efectúan verificaciones del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos, el registro de coaliciones y candidaturas comunes de partidos políticos, la observancia del principio de paridad y el cumplimiento de acciones afirmativas que, en casos como la autoadscripción indígena calificada, requieren incluso de verificaciones in situ que implican el movimiento, capacitación y disponibilidad de más personal. Por poner un ejemplo, mientras que en año de elección presidencial el INE verifica la procedencia del registro de alrededor de 1257 candidaturas entre propietarias y suplentes, para las elecciones intermedias del 2021, la totalidad de los OPLE del país supervisaron el cumplimiento de requisitos de más de 200 000 candidaturas entre suplentes y propietarias. 

Otro dato importante se deriva de las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales. Retomando el ejemplo de 2021, los OPLE contaron, sellaron y enfajillaron alrededor de 230 millones de boletas cuyo manejo implica, primeramente, el traslado a la entidad custodiado por autoridades en materia de seguridad con el acompañamiento de las representaciones partidistas y, posteriormente, el traslado a las bodegas distritales y municipales locales para su resguardo. Las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de la documentación para las casillas, es realizada por el funcionariado de los consejos municipales y distritales locales, facultados para tal efecto, con el apoyo de las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales locales, así como con la observación de las representaciones partidistas, quienes, en todo momento, dan fe del manejo de las boletas e integración de los paquetes electorales. El INE hace esta tarea con un número considerablemente menor de boletas; por tanto, su estructura actual no sería suficiente para absorber por completo esta actividad, por lo contario, se necesitaría del doble, o incluso de más personal. 

Durante la jornada electoral existe vigilancia y seguimiento permanente de los OPLE con la compañía de los consejos generales, distritales y municipales, así como de las personas con actividades de asistencia electoral, quienes desde el ámbito de su competencia tienen la capacidad de resolver cualquier situación de emergencia. En este punto, es preciso señalar que los procesos electorales no solo contienen aspectos técnicos, también incluyen la toma de decisiones de los órganos colegiados, función que resulta fundamental en situaciones urgentes que exijan su intervención, por tanto, sería materialmente imposible que un número reducido de funcionarias y funcionarios pudieran atender con oportunidad todas las eventualidades que suelen surgir en el desarrollo de las elecciones. 

Una vez concluida la jornada, de acuerdo con el modelo actual, en elecciones concurrentes se implementan dos operativos de recolección, uno para las elecciones federales y otro para las elecciones locales; los gastos de operación de los mecanismos de recolección para las elecciones locales están a cargo del OPLE porque los paquetes locales se resguardan en sus consejos municipales y distritales, lo que permite brindar una mayor seguridad durante su traslado y mayor prontitud en la llegada de los paquetes electorales a los consejos municipales y distritales. En el proceso electoral 2021 se instalaron más de 162 000 casillas en el país y, suponiendo que con su estructura actual, o aún peor, disminuida, el INE tuviera la facultad de recolectar ya no solo los paquetes federales, sino también los locales, no podría asegurar su entrega eficiente en las sedes distritales respectivas dentro de los plazos establecidos en la normatividad.

En virtud de la celebración de elecciones, el INE y los OPLE tienen la obligación primordial de resguardar los paquetes y materiales electorales. Para esta función, además de contar con la colaboración de las autoridades de seguridad competentes, es necesario contar con instalaciones y equipamiento adecuado. Como se ha señalado, en 2021 se instalaron más de 162 000 casillas y en cada una de ellas se integraron paquetes para diputaciones federales, para diputaciones locales y para integrantes de ayuntamientos, sin dejar de señalar que para la elección del 2024 se sumará un paquete para la elección de senadurías y uno para la elección de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que significaría tener que contar con inmuebles más grandes que aseguren el almacenamiento y buen manejo de los materiales en el caso de transferir las funciones electorales a una sola autoridad, situación que tampoco representaría un ahorro presupuestal. 

Dentro de los eslabones de la cadena de confianza que se implementan en las elecciones locales y federales, resalta la oportunidad en la generación de resultados. La primera publicación se da al interior de cada mesa directiva de casilla, pero a través de los programas de resultados electorales preliminares (PREP) en cada elección, los OPLE y el INE han venido difundiendo resultados confiables, con celeridad y capaces de brindar tendencias prácticamente coincidentes con los resultados finales. Por citar un ejemplo, en los comicios locales del 5 de junio, el INE implementó un conteo rápido para la elección de gubernaturas que coincidió plenamente con los resultados de las actas de los distintos PREP operados por los OPLE y que también coincidió con los cómputos distritales. 

Lo mismo ocurrió con las elecciones para diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, pues los resultados de los PREP coincidieron con los de las sesiones de cómputos. La coincidencia entre resultados preliminares y resultados definitivos es consecuencia del trabajo impecable en la implementación de los PREP a través de simulacros previos y con el acompañamiento de comités técnicos y entes auditores que hacen de esta actividad una de las grandes fortalezas del sistema electoral vigente, dado que abona a que la ciudadanía cuente con resultados auténticos de manera pronta.

En esta tesitura, parte fundamental de la certeza en los resultados electorales se da con la celebración de cómputos municipales, distritales locales y de consejos generales de los OPLE, y distritales federales y de consejos locales del INE, caracterizados ambos por su inmediatez. En 2021, los OPLE celebraron con éxito alrededor de 2500 sesiones de cómputos municipales y distritales; para 2022 fueron treinta y nueve cómputos municipales y 113 distritales. Esta tarea, que no es menor pues implica determinar la validez de las elecciones en escenarios diversos que pueden implicar desde recuentos hasta presiones por parte de actoras, actores políticos y simpatizantes, se ha celebrado con éxito en los municipios y distritos de las entidades federativas, pues la división de sedes de acuerdo con el tipo de elección permite que los cómputos se desarrollen con pleno dominio de los procedimientos y actividades. Cualquier otro modelo que implique la absorción de funciones no solo representaría la necesidad del aumento de personal, también comprometería la celeridad de las actividades y ello podría dar pauta a originar contextos de molestia y por ende de violencia. 

Es claro que los OPLE impulsan acciones afirmativas que permiten la celebración de procesos electorales progresistas, que dotan a la ciudadanía de documentación electoral con los más altos estándares de seguridad, que publican resultados certeros en la misma noche de las elecciones y que dan al electorado la oportunidad de votar de manera informada, por ejemplo, a través de la organización de debates electorales que propician la confrontación de ideas. Sin embargo, parte fundamental del éxito de las elecciones que se organizan con este sistema, es que son hechas y vigiladas por la propia ciudadanía que integra las mesas directivas de casilla, que realiza tareas de capacitación, asistencia y observación electoral y por las propias representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes que integran los consejos municipales, distritales y generales y que también tienen presencia en los centros de votación. 

Desde la experiencia técnica, no hay evidencias que justifiquen modificaciones sustanciales al modelo electoral mexicano, porque el mecanismo basado en la vinculación y coordinación OPLE – INE ha dejado de manifiesto que el modelo funciona y muy bien. El sistema electoral nacional permite que existan organismos electorales autónomos que cuidan de la aplicación de las leyes, que sancionan las infracciones y validan los resultados de las elecciones. Es una realidad que los OPLE y el INE le han cumplido a la ciudadanía con elecciones que desde su organización son exitosas. Pero también es cierto que este modelo colaborativo se ha venido perfeccionando y que tiene áreas de oportunidad. Después de cada proceso electoral quedan cuantiosas lecciones para ser consideradas y materializadas; una de las principales es la que demuestra que persiste el reto de arraigar aún más los valores de la democracia en las personas y de eliminar malas prácticas, primordialmente de actoras y actores políticos, para lograr que la ciudadanía continúe siendo el ancla de la confiabilidad de las elecciones a partir de su participación íntegra y responsable en la organización comicial y en el ejercicio del sufragio activo y pasivo.