Faltando 3 días para el relevo en la Casa Blanca, la incertidumbre y el temor son los sentimientos prevalecientes en los mercados financieros y en los círculos políticos de México. También del mundo. Pero me interesa poner en la discusión un tema que a nuestro país afecta de manera singular: la anunciada deportación de miles de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades.  

Ocupados por la posibilidad de que Trump califique a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, la atención de la prensa y los analistas se ha puesto en el futuro secretario de Estado, Marco Rubio y en el nuevo embajador en México, Ronald Johnson, quien desempeñará su cargo bajo el mando del exembajador Christopher Landau, ya designado subsecretario de Estado. Sin embargo, en el tema migratorio, será más relevante la visión y decisiones de la futura secretaria de seguridad nacional (Homeland Security), Kristi Noem, que dejará la gubernatura de Dakota del Sur, habiendo sido la primera mujer en la historia de ese estado en ocupar el cargo de gobernadora.

Durante la primera presidencia de Trump la señora Kirstjen Nielsen ocupó ese mismo cargo; fue despedida de fea manera el 10 de abril de 2019, unos días después de que sostuvo, en el aeropuerto de Miami, una tensa reunión con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que Nielsen presionó para que el gobierno mexicano aceptara de facto el papel de “tercer país seguro” y recibir a miles de migrantes no mexicanos expulsados de Estados Unidos. Lo que rechazó Sánchez Cordero fue aceptado meses más tarde, después de que Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas. 

Está pendiente la decisión de la presidenta Sheinbaum sobre la permanencia o relevo en la embajada mexicana en Washington. Con esa decisión, que debería ocurrir a más tardar la próxima semana, quizá inicien los esperados ajustes en su gabinete. Junto a ese nombramiento, es crucial la decisión sobre a quién del gabinete presidencial se encomendará la relación directa con la nueva titular de Homeland Security. 

Por ley, la política migratoria sigue estando bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. En los hechos, desde los acuerdos Ebrard-Pompeo, los temas migratorios y la operación del Instituto Nacional de Migración (INAMI) quedaron bajo responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy la pregunta es si Rosa Icela Rodríguez será la contraparte de Kristi Noem, o esa tarea corresponderá a Juan Ramón de la Fuente. En todo caso, Omar García Harfuch, tendrá un papel relevante.

Aunque el exgobernador interino de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, fue nombrado para sustituir a Francisco Garduño al frente del INAMI, hasta el día de ayer éste último seguía ocupando el cargo, lo que genera la pregunta de si habrá reversa en el nombramiento de Céspedes. o incluso un cambio de adscripción de ese organismo. 

Lo que es inaplazable es que nuestro gobierno defina cuál será la política migratoria y el trato hacia los migrantes no mexicano que serán deportados a México a partir del próximo lunes. Cabe también preguntar si los acuerdos Ebrard-Pompeo mantienen vigencia y qué se hará si el programa “Remain in México” es reactivado de manera unilateral por la nueva titular de Homeland Security.

Existe el compromiso de brindar atención humanitaria a quienes sean deportados a través de nuestra frontera norte. Tratándose de los mexicanos es una ineludible obligación. Pero el tema que requiere una política específica es el de las personas de otras nacionalidades, niños incluidos, que sean deportados a México. 

A inicios de 2020 mi propuesta fue llevar el tema al ámbito de la ONU, a través de la oficina del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR). La idea fue descartada en Palacio Nacional y se optó por el enfoque bilateral. Repetir ese enfoque producirá los mismos negativos resultados, con el riesgo inminente de colapsar la vida cotidiana en varias ciudadanes fronterizas, como Tijuana o Ciudad Juárez. El tema desborda la relación bilateral, por lo que es aconsejable atenderlo desde una perspectiva multilateral, que involucre a los gobiernos de los principales países expulsores, empezando por los que forman el triángulo centroamericano, Cuba y Venezuela. México es territorio de cruce, no de destino.

La experiencia ya cursada entre 2019 a 2024 debe servir para diseñar las propuestas mexicanas en el tema migratorio ante quien ocupará la Casa Blanca a partir del próximo lunes y también ante organismos internacionales.

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