Dice la presidenta electa que la reforma al Poder Judicial es tan “democrática” que la privará del derecho a designar a los futuros ministros de la Corte. Solo le faltó pedir que se lo agradezcan.

La realidad es que la presidenta seguirá interviniendo en el nombramiento de los futuros ministros de la Corte, que en lugar de 11 serán 9. Lo hará postulando candidatos a ocupar esos cargos, y además por partida doble. Por ella misma, como titular del Poder Ejecutivo, y a trasmano, por la vía de su partido en el Congreso de la Unión. En la primera elección de 2025 tendrá intervención en 2 de cada 3 candidatos, más los que sus incondicionales en la actual Corte logren colar entre los que corresponderá postular al todavía Alto Tribunal. Una vez que el Plan C rinda primeros frutos, la presidenta tendrá el control de la nueva Corte y en 2027 de todas las candidaturas a cargos judiciales.

A cambio de tan “democrática” renuncia, la titular del poder Ejecutivo Federal adquiere el control sobre los nombramientos de magistrados de circuito, jueces de distrito y tribunales especializados, incluyendo los de competencia económica, energía, telecomunicaciones,  laborales y de las salas del Tribunal Electoral.

Cuando en junio de 2027 se realice la segunda elección judicial, que será concurrente con la de diputados federales, la presidenta y su partido tendrán control de todas las candidaturas para jueces y magistrados, incluyendo los electorales. La 4T se habrá apoderado del Poder Judicial Federal, y a través de gobernadores y diputados locales, también de los poderes judiciales de -al menos- 24 de las 32 las entidades federativas.

Solo en el ámbito federal la 4/ tomará control de los 1,680 magistrados y jueces federales, y lo completará sobre la Sala Superior del TEPJF. Esos cargos integran la columna vertebral de la impartición de justicia en México. Al poner a su servicio a los impartidores de justicia, en cascada la 4T tomará el control del resto del personal que ocupa los demás cargos de carrera judicial, de la que no dejarán piedra sobre piedra.

El sentido y propósito de la reforma ya aprobada por la aplanadora de Morena en la Cámara de Diputados es la toma por asalto del Poder Judicial, tanto federal como los de 31 estados y la CDMX. Su pretensión es el control de los tres poderes de la Unión, de los poderes locales y de los 3 órdenes de gobierno. Esa perspectiva es la que causa alarma en México y en el extranjero.  

Es un proyecto político autoritario, que dejará a las oposiciones reducidas a casi nada, o a la nada. Es un plan, una estrategia, para perpetuarse en el poder de una manera inédita, más completa y prolongada que lo que vimos y padecimos en la etapa del presidencialismo del siglo XX. Solo que Morena no es el PRI, es algo peor, y transcurrido casi un cuarto del siglo XXI, el Poder Ejecutivo de la Unión no es el mismo de los años de la presidencia imperial. La regla de no reelección salvó, por ahora, lo que de República quedará en el mes uno del sótano de la 4T.  

Como sabemos, los políticos repiten lo que antes les funcionó. Para apoderarse del INE la 4T empezó por tomar controlar del Comité de Evaluación de candidaturas. Lo hicieron en 2020 para luego, 2023, perfeccionar la estratagema y asegurar que de cada lista con 5 nombres de candidatos Morena tuviera 4 de su confianza. Así su probabilidad de ganar si había tómbola era del 80% Y la hubo, a ciencia y paciencia de las oposiciones en San Lázaro. La 4T obtuvo por sorteo 4 de 5 consejerías del Consejo General, incluyendo la presidencia del INE.

Es el modelo INE 2023 lo que explica los dos agregados que subrepticiamente se metieron en el dictamen de la reforma judicial, referidos a los comités de evaluación y la insaculación, o sea, la tómbola. Además, para cerrar el círculo de hierro también metieron al texto constitucional el diseño de la boleta electoral judicial, obligando a identificar al proponente de cada candidatura judicial y además disponen que para elegir a 9 ministros de la Corte habrá 9 candidatos, es decir, habrá planilla única. Algo así como la elección presidencial de 1976, cuando otro López, Portillo, fue candidato único. ¿Qué elección será esa? 

La rueda de molino que los voceros de la 4T nos piden deglutir tiene su corolario en una engañifa monumental: habrá elección de jueces, magistrados y ministros, pero no habrá campaña electoral. Los partidos no intervendrán, pero la aplanadora de Morena en ambas Cámaras se tomará todas las candidaturas. No habrá financiamiento público o privado, solo el que provenga de fuentes ilegales, incluyendo las criminales. Cada candidato tendrá acceso a TV y radio solamente en los tiempos del INE, o en el que se pague a televisoras y radiodifusoras, en efectivo. Del Consejo General del INE estarán expulsados los partidos y legisladores. Solo tendrán vela en el entierro los consejeros, que estarán bajo control de la 4T. ¿Y los consejos locales y distritales?

Eso es lo que, como un ladrón en la noche, la 4T aprobó en la madrugada del 4 de septiembre. Sin cambiarle una coma a la Minuta, harán lo mismo en el Senado. Luego las legislaturas estatales bajo control de la 4T harán lo propio, para que el presidente reciba su regalo antes de irse a Palenque.

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