Todos los partidos políticos tienen un objetivo claro, generar lealtades en la sociedad. Para que esta conexión perdure es necesario que se genere confianza de los ciudadanos en los propios partidos. Y para que esto se produzca, uno de los instrumentos más importantes es la transparencia. Entendida como derecho de acceso a la información. Si hoy día la transparencia sobre el funcionamiento de los partidos se encuentra en el centro del debate se debe a que constituye la herramienta natural de fiscalización y rendición de cuentas. Las y los ciudadanos dejan de ser sujetos pasivos meramente observadores, para ser sujetos activos, informados y con capacidad de control y por supuesto, de sanción (en los comicios). 

La transparencia ocupa un lugar destacado en las preocupaciones de los partidos políticos latinoamericanos, porque ser transparente genera confianza y vehicula la percepción de democracia interna. La transparencia aparece articulada invariablemente con el buen funcionamiento de la estructura interna de los partidos políticos y, por consecuencia, con la legitimación del sistema.

En América Latina no se puede obviar que la transparencia, entendida como motor de la regeneración democrática, está en el fondo del discurso político-electoral de las fuerzas partidarias. Principalmente, porque es la expresión de la lucha entre partidos emergentes, que sitúan la transparencia en el centro de sus programas electorales para desmarcarse de los partidos tradicionales, a su vez definidos por la opacidad sobre su funcionamiento interno y percibidos como más proclives a la malversación y la mala praxis. De esta forma, en las últimas décadas la región ha visto aflorar nuevos líderes y fuerzas políticas amparadas por esta idea de regeneración a través de la transparencia y como un arma contra la corrupción de sus predecesores. Este es el caso de Nayib Bukele en El Salvador, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, Guillermo Lasso en Ecuador, entre otros.

En la región la transparencia se ha convertido en una fantasía, en promesas incumplidas. Es cierto que se han hecho avances normativos y que ha mejorado el acceso a la información a través de los portales digitales de los partidos, pero todavía se está lejos de una verdadera transparencia partidaria. Todo parece indicar que el uso de plataformas digitales y páginas de internet deberían constituir los principales canales de información de cómo funcionan los partidos políticos, pudiendo ser consultados libremente. Sin embargo, a la falta de información relevante de las páginas web de las fuerzas políticas (buena parte de ellas no aportan todos los informes sobre el funcionamiento interno de su estructura o sobre su financiación) hay que añadir que cuando lo hacen, la información “oficial” que publican los partidos en numerosas ocasiones no es veraz y no corresponde con la práctica real. Es decir, falsean la información para mejorar su imagen y dar una falsa apariencia de transparencia. La ciudadanía sólo puede preguntarse por qué… y desconfiar.

Hay muchos indicadores que tener en cuenta para valorar el nivel de transparencia de los partidos, como la información sobre su estructura interna o sobre el sistema de control y auditoría interna, sobre los cargos del partido como el procedimiento de elección o su remuneración. Sin embargo, hay uno que es especialmente importante por la transcendencia que tiene, aunque es precisamente el más opaco y el que genera más reticencias a la hora de hacerlo público: la financiación de los partidos. Casos como el de Fuerza Popular en Perú y la trama de Odebrecht, acusado de lavado de activos y fraude fiscal (2021), la financiación irregular durante la campaña de Dilma Rousseff, investigaciones sobre la financiación de campañas de algunos partidos en Colombia, Ecuador, Panamá y El Salvador, son algunos de los casos que atestiguan del problema. La casi inexistente información y fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de la financiación de las campañas, debilitan la reputación de los partidos y favorece la corrupción y, por ende, la desafección y el alejamiento de la ciudadanía. Si todos estos datos fueran públicos y transparentes, evidentemente sería más difícil la corrupción y los ciudadanos desconfiarían menos de los partidos.

Otro aspecto relevante es la estructura interna de los partidos. La mayoría de los partidos latinoamericanos funcionan en la práctica como una estructura jerarquizada, vertical, con importantes debilidades a la hora de implementar la democracia interna (por ejemplo, la inclusión de mujeres en sus órganos internos). Por esta razón, existe una pantalla de humo en torno a la información sobre su configuración interna y sus cargos intrapartidarios. La falta de transparencia no hace sino aumentar la impresión de que los partidos son entidades cerradas y elitistas, alejados de la tan defendida democracia interna.

Con todo ello, la transparencia partidaria es un requisito para que la democracia funcione. Los partidos tienen que abandonar la opacidad que los acompaña para que los ciudadanos puedan exigir responsabilidad, fiscalizarlos y ejercer un control en caso de mala praxis. Los partidos han hecho de la transparencia un principio central de sus programas electorales y de sus campañas, pero es necesario que en América Latina se pase a asumir este compromiso realmente y se vea como una condición para las democracias de América Latina. La transparencia se ha convertido en una divisa electoral, sin embargo, las promesas están lejos de la realidad. Esto es así porque en muchos casos estos nuevos partidos o líderes cuando llegan al poder mantienen la opacidad e incluso debilitan los mecanismos institucionales de control ya existentes, como lo que está sucediendo en El Salvador de Bukele. 

Hay que pasar de los discursos a los hechos, porque si los partidos persisten en velar y disfrazar la información, perderán la confianza de los ciudadanos que buscarán nuevos interlocutores en líderes y partidos populistas que debilitarán la democracia. 

Los desafíos actuales son complejos. Primero, la existencia de una verdadera voluntad de los líderes de hacer accesible la información sobre todos los aspectos que rigen la vida partidaria (financiación, elección de cargos, etc.). Y por supuesto, que esta información sea veraz. Es necesario hacer explícita la obligación de cumplir con lo que establecen las leyes de transparencia.

Segundo, que exista una verdadera voluntad de ejercer la fiscalización de los partidos, creando o fortaleciendo si existen, las instituciones y las normas que regulan y salvaguardan su transparencia. Así, por ejemplo, países como México, Argentina, Chile, Brasil o Perú recogen en sus respectivas leyes sobre partidos o electorales, artículos en los que se obliga a los partidos a la rendición de cuentas, la publicación de información en portales de transparencia y sanciones por financiación ilegal o falta de transparencia, y sin embargo esto no se cumple. Evidentemente, también hay países donde no existen reglamentaciones sobre transparencia partidaria (Nicaragua) o las que hay son más formales que efectivas, como Bolivia, Honduras o Paraguay, donde el compromiso con la transparencia deberá ser más profundo y estructural del que hay actualmente.

Tercero, que los partidos sigan los canales formales previstos por las leyes de transparencia para hacer pública su información y no opten por canales no oficiales, como las redes sociales que tienen mayor impacto en los ciudadanos que sus páginas web, pero que, sin embargo, no cumplen su función.

Algunos países han avanzado en este sentido, como Chile, con plataformas como Infoprobidad y el portal Servicio Electoral (Servel), pero la transparencia efectiva sigue estando lejos y es principalmente un problema de falta de voluntad de la elite política. Hay que crear —o fortalecer— un marco normativo e institucional que garantice la transparencia partidaria y dotar a las instancias fiscalizadoras de total independencia para que puedan ejercer sus funciones sin tener que estar supeditadas a influencias partidarias o gubernamentales.  

El futuro de la democracia se va en ello. Si se debilitan los partidos y se cuestiona su reputación, los ciudadanos buscarán nuevas vías para ser representados. Y es así como surgen los líderes populistas, con tendencias autoritarias y sobre todo, se debilita la democracia. los partidos han de ser intachables. La mujer del César no sólo ha de ser honesta, sino parecerlo.  En este caso, los partidos políticos latinoamericanos no sólo han de parecer honestos, sino serlo.

La transparencia tiene que ser un derecho y una obligación, no una opción.