Las noticias de las últimas semanas sobre el alto número de renuncias de candidatas en varios estados mexicanos de cara a las elecciones de 2024 son sumamente alarmantes y ameritan una profunda reflexión. En particular, los casos reportados en Zacatecas, donde más de 200 mujeres han renunciado a sus candidaturas, así como deserciones masivas en Michoacán, Puebla y otros estados, evidencian serios problemas y retos para la participación política de las mujeres en México.

           Hasta el momento, los casos más alarmantes reportados por la prensa son los siguientes:

·      Zacatecas: Se reportan al menos 217 mujeres que han renunciado a sus candidaturas según datos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) hasta el 17 de abril. De estas, 31 corresponden a diputaciones (21 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional), 17 a presidencias municipales, 24 a sindicaturas y 145 a regidurías. Además, se han registrado renuncias de más de 100 varones.

·      Michoacán: Se reportan al menos 190 renuncias de candidaturas, de acuerdo con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). El IEM señala desconocer las causas, pero dirigencias de partidos apuntan a la inseguridad y el temor ante la violencia que azota a la entidad. Del total, siete renuncias son para presidencias municipales, y por lo menos 5 renunciaron por amenazas de muerte.

·      Puebla: Se han presentado 425 solicitudes de sustituciones de candidatos ante el Instituto Electoral del Estado, principalmente para presidencias municipales y diputaciones locales. Se han registrado algunas declinaciones específicas por intimidación, como el caso de 3 aspirantes del PVEM.

·      Tamaulipas: Se mencionan 33 sustituciones de candidatos, siendo en su mayoría mujeres. De estas, 2 son para presidencias municipales, 2 para diputaciones plurinominales, 15 para regidurías y 3 para diputaciones de mayoría relativa. No se precisan las razones.

·      Chiapas: Han renunciado más de 400 aspirantes a ayuntamientos o diputaciones, incluyendo a 26 mujeres y, entre ellas, nueve casos específicos de mujeres que declinaron a candidaturas para alcaldías.

·      Quintana Roo: Se reportan 13 renuncias, algunas alegando falta de apoyo de sus partidos y, en un caso, por violencia política de género.

·      Oaxaca: Al menos seis personas candidatas a diversos cargos renunciaron a la contienda “por miedo a que los maten”.

·      En algunas entidades, los partidos decidieron no postular candidaturas ante los altos niveles de inseguridad. Este es el caso del MC que optó por no postular candidaturas en 12 de los 83 municipios de Guerrero o del PRI que hizo lo mismo en siete municipios de Jalisco.

·      Tabasco: Se han realizado más de ocho mil sustituciones de personas funcionarias de casilla (el 28%); en 308 casos la razón indicada por la ciudadanía para no participar fue el miedo.

En cuanto a los casos de renuncias de las mujeres, en particular en Zacatecas, las autoridades afirmaron que la mayoría fue por "motivos personales". Sin embargo, tanto el contexto de violencia que vive el estado como las prácticas partidistas que se han podido observar en este y otros procesos electorales hacen dudar de esta versión.

En este sentido, resulta muy preocupante que varias de las mujeres que renunciaron señalen diversas irregularidades y malas prácticas de los partidos, como registrarlas como candidatas sin su consentimiento para cumplir con las cuotas de género, cambiarlas de cargo o no respetar acuerdos. En Zacatecas, varias mujeres han denunciado ser registradas como candidatas —sin haber otorgado su consentimiento—, solo para ser luego reemplazadas o ignoradas en sus demandas y acuerdos. Esto muestra que, a pesar de las reglas de paridad, al interior de los partidos persisten inercias machistas y formas de simulación para evadir su cumplimiento sustantivo.

Las mujeres que han renunciado a sus candidaturas en estados como Puebla, Tamaulipas y Chiapas, han mencionado también la falta de apoyo de sus partidos, la intimidación y la violencia política de género. En Quintana Roo, una candidata renunció debido a la violencia de género que enfrentó por parte de su propio equipo de campaña. Estos casos revelan una triste realidad: los partidos políticos, en muchos casos, no están brindando el apoyo y la protección necesarios para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones.

Adicionalmente, las mujeres, que ya enfrentan numerosos obstáculos para participar en la política, se ven ahora forzadas a abandonar sus aspiraciones debido a un entorno hostil que amenaza su seguridad. La violencia contra las mujeres sigue siendo muy presente en este proceso electoral (como lo ha sido en los anteriores) y la presencia cada vez más importante de las mujeres en la política no está incidiendo en disminuir este fenómeno. Tan solo desde el inicio del proceso electoral en curso, 56 personas han sido encontradas responsables por haber cometido violencia política en razón de género y sancionadas con su inclusión en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.

Si bien los organismos electorales locales afirman que la mayoría de las renuncias se debe a "motivos personales" y niegan que el principal factor sea la violencia de género o la inseguridad, resulta difícil creer que, en los partidos machistas y estados azotados por la violencia del crimen organizado, esto no influya de manera determinante en la decisión de muchas mujeres de retirarse de las contiendas. Aun cuando no lo expresen abiertamente por temor, es altamente probable que las amenazas y el riesgo que implica contender en zonas de alta peligrosidad están detrás de muchas de estas renuncias.

En el transcurso de este proceso electoral, el Laboratorio Electoral reporta los asesinatos de 64 personas vinculadas a las elecciones, incluyendo a siete mujeres. De estas personas, 28 fueron aspirantes, precandidaturas o candidaturas. Los datos reunidos por Votar entre Balas apuntan a que el proceso electoral actual es más violento que los comicios previos, de 2021 y 2018. Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca son las entidades más violentas, acumulando casi el 38% de todas las víctimas registradas; tres cuartas partes de personas e instalaciones atacadas pertenecen al ámbito municipal. En algunas entidades, como Michoacán, la penetración del crimen organizado y su incidencia en las postulaciones y renuncias de las candidaturas son un secreto a voces.

Las autoridades electorales, tanto el INE como los organismos locales, deben investigar a fondo las causas detrás de este fenómeno y tomar medidas correctivas. No basta con que se cumpla formalmente con sustituir a las mujeres que renuncian con otras candidatas para mantener la paridad numérica. Se requiere indagar las verdaderas razones, sancionar a partidos que incurran en violencia política de género y establecer mecanismos preventivos eficaces. A diez años de la adopción de la paridad como principio constitucional que rige las postulaciones es inaceptable este nivel de simulación por parte de los partidos políticos.

Asimismo, resulta indispensable que el Estado mexicano enfrente con determinación la grave crisis de inseguridad que impacta los procesos electorales. Mientras el crimen organizado siga operando con impunidad en varias regiones, acosando y agrediendo a quienes participan en política, será muy difícil garantizar condiciones para que las mujeres (y los hombres) puedan contender en libertad y seguridad y que la ciudadanía pueda participar libremente en la jornada de 2 de junio.

Este tema no es menor. Que cientos de mujeres en diversos estados se vean forzadas a renunciar a ejercer sus derechos políticos por violencia, presiones o exclusión, representa un retroceso democrático y un incumplimiento del Estado mexicano de garantizar la participación política en condiciones de igualdad. Atenta contra décadas de lucha de los movimientos feministas que con tanto esfuerzo han impulsado reglas afirmativas para hacer realidad la paridad y refleja la falta de garantías para ejercer una participación política libre y segura, especialmente para las mujeres.

La deserción de candidaturas en las elecciones de 2024 es un reflejo de la violencia sistémica y la falta de apoyo institucional que enfrentan los aspirantes políticos en México, especialmente las mujeres que, además de los retos comunes a quienes participan en la política en estos tiempos tan violentos, enfrentan violencia, malas prácticas y actitudes machistas por parte de los partidos políticos. Estas prácticas son inaceptables en un proceso democrático ni en un país que pretende construir una democracia paritaria.