Para los municipios la iniciativa presidencial de reforma electoral propone una drástica reducción en el número de regidores de los cabildos, a tal extremo que para 2088 de ellos, de un total de 2453, el cabildo sería de solo tres personas: el presidente municipal, un síndico y un regidor. En los demás municipios habría de 3 a 9 regidores, de forma tal que el máximo sería 11 munícipes.

Con ese tema inicio el pasado martes, en la Cámara de Diputados, el Parlamento Abierto que la Junta de Coordinación Política convocó para recibir opiniones y propuestas sobre la iniciativa presidencial, y 49 más que en la actual legislatura han presentado diputados, a título personal o por su grupo parlamentario.

Como en lo demás, en el tema de los de municipios la motivación presidencial es el ahorro en el gasto público. Si hay menos regidores habrá menos gasto en sueldos. La medida extrema es cabildos de tres personas, de las cuales una sería regidor. Cabe apuntar que no hay forma de aplicar la fórmula de cociente natural y resto mayor -representación proporcional- cuando solo hay un cargo para ser asignado. En el 82% de los municipios el cabildo sería monocolor,

Detrás de la iniciativa presidencial hay una realidad tan grande como una montaña: el uso y abuso de recursos públicos en el pago de sueldos, prestaciones y aparatos administrativos en los municipios de nuestro país. Derroche, excesos y corruptelas no distinguen partido, ni “candidatos independientes”. Los dineros que de nuestros impuestos se destinan a engordar el bolsillo de presidentes municipales, síndicos, regidores y personal de acompañamiento es, para decirlo suavemente, una grosería.

Hace años, al ver el aumento en el gasto corriente de los municipios –suma de sueldos y demás gastos en pago a servidores públicos- dije que teníamos que catalogar como nuevo rubro en las cuentas municipales el de “gasto suburbano”; no me refería a una zona territorial, sino al erogado en la compra de camionetas tipo Suburban, en que hasta hoy los municipios siguen siendo cliente número uno.  

En años remotos los regidores municipales eran casi honoríficos. En León, mi ciudad natal, en los años sesenta del siglo pasado, solo recibían como estipendio un simbólico presente por su asistencia a las ceremonias cívicas. El cabildo se reunía a finales de diciembre para conocer y aprobar los gastos municipales del año siguiente. Por ese trabajo los regidores recibían otro pequeño pago. No había para ellos oficinas, asesores, auxiliares, chalanes, choferes, secretarias, y demás prestaciones de que hoy disfrutan hasta los del más pequeño municipio.

En ausencia de cambios institucionales y de una sociedad civil activa, la transición a la democracia, en lo electoral exitosa, provocó un daño colateral: la corrupción se extendió de arriba hacia abajo.

En los municipios la corrupción encontró espacio fértil, territorios ajenos al incipiente y frágil sistema de rendición de cuentas que, más de tres décadas después, seguimos sin tener. Los municipios se convirtieron en zona de conquista en la política local, moneda de compensación para aspirantes insatisfechos y siempre dispuestos a cambiar de chaqueta, botín para el saqueo de recursos públicos.

Se atribuye al presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) la frase de que “los ayuntamientos son del pueblo”. En el México de hoy, son botín para políticos corruptos y narcos metidos a la política. Eso no se resolverá jibarizando los cabildos municipales. Este no es un tema de elecciones, sino de instituciones.

Pd. En mi columna de la semana pasada cometí un error de fechas. La reforma constitucional a que me referí ocurrió en 2019. Disculpas a los lectores.