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Violencia digital contra candidatas

Durante las elecciones mexicanas del 2021, la entonces candidata municipal de Campeche, Biby Rabelo, fue hostigada, agredida sexualmente y hasta amenazada de muerte durante casi dos meses. La mayoría de las agresiones fueron articuladas desde las redes sociodigitales y, aunque la candidata alzó la voz, el castigo para todas las personas que la agredieron es un pendiente aún lejos de cumplirse. Este es solo un caso entre cientos que se pueden encontrar al introducir en los motores de búsqueda “violencia política contra candidata en redes” y que refleja un problema latente en América Latina: la discriminación contra las candidatas en el ámbito digital.

 

Situaciones como estas ponen el acento sobre dos cuestiones. En primer lugar, que aún hay un largo camino por recorrer en materia jurídica para contener el problema antes, durante y después de las elecciones. En segundo lugar, que si las estrategias que se planteen en el futuro cercano no son más eficientes, claras y con dientes, es decir, que erosionen la cultura machista dentro y fuera de redes, entonces las democracias encontrarán cada vez más dificultades para garantizar la representación política de las mujeres en condiciones de igualdad y en el respeto a sus derechos políticos. Si la violencia se moderniza, las instituciones no deben quedarse atrás para poder castigarlas.

 Violencia política en razón de género

La violencia política en razón de género es uno de los problemas públicos que continuamente suscita el debate en la opinión pública. Se trata de las barreras que históricamente han dificultado la participación de las mujeres. Aunque se han logrado avances importantes en la materia gracias a la creación de leyes y normas por medio del esfuerzo de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, redes sociales y académicas y liderazgos feministas, la digitalización de la política ha traído nuevos tipos de violencia por superar en un entorno tan amplio como difícil de regular.

Las redes sociales digitales utilizadas correctamente contribuyen al posicionamiento de las minorías en la agenda pública, a generar interacción entre instituciones y ciudadanía, a empoderar candidatas, pero también pueden servir como altavoz para los discursos de odio, las campañas de desinformación, la campaña negativa e incluso la coordinación de ataques contra liderazgos, movimientos sociales y/o colectivos. Las democracias de América Latina viven un momento clave en donde el internet permite la hiperconectividad pero, al mismo tiempo, la libertad de expresión se ve amenazada a través de las redes (que aprovecha cierto anonimato e impersonalización) por agresiones y violencia contra las candidatas y las mujeres en general.

Internet es una herramienta que si es utilizada de manera proactiva y positiva sirve como catalizador de los derechos de las mujeres. Sin duda, es un espacio de comunicación política donde convergen la diversidad de los actores de la sociedad. No obstante, reflexionar sobre sus aspectos negativos es imperante para concientizar a medios, instituciones y sociedad sobre su uso de manera responsable, para dar marcha atrás al lenguaje sexista y la violencia simbólico-política de género digital antes, durante y después de las elecciones.

Candidatas latinoamericanas versus internet

En enero del 2022 la Organización de las Naciones Unidas, en colaboración con la Firma COES, publicó un informe en el que se detalla que del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2021, se generaron unas 3 mil publicaciones y comentarios violentos en contra de mujeres políticas costarricenses. El 47% de dichos mensajes incluían lenguaje de odio o soez, “siendo los hombres de 25 a 34 años los principales emisores de estos discursos (89%)”. Además, se concluyó que los discursos de odio y discriminación crecieron en un 71% entre junio de 2021 y mayo de 2022, los cuales aumentaron en la segunda vuelta electoral de este año.

En México, la colectiva “Luchadoras” y el National Democratic Institute (NDI) publicaron un estudio sobre la violencia política de género durante el proceso electoral del 2018, en donde identificaron que 62 candidatas fueron agredidas por la vía digital y, más preocupante aún, que la mayoría de dichas agresiones estaban articuladas entre sí. Otra investigación realizada por el Observatorio Nacional Ciudadano durante las elecciones intermedias de junio del 2021, encontró que en dicho periodo hubo 63 personas sancionadas por violentar a mujeres, de las cuales el 85% fueron hombres.

En Argentina, durante el Primer Conversatorio sobre Violencia contra las Mujeres y Disidencias en política del 2019, organizado por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la Asociación Nacional de Politólogos, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación de Nuevos Derechos, se dio a conocer que durante las campañas electorales de dicho año, el 85% de las candidatas sufrió de violencia política en razón de género, pero además, otro estudio elaborado por el Observatorio Julieta Lanteri demostró que el 90% de las militantes mujeres “ha sufrido alguna vez en su trayectoria política algún tipo de violencia machista”.

En Ecuador, el Observatorio de Violencia Política en conjunto con la Fundación Haciendo Ecuador, registraron en 2020 un aproximado de 40 mil agresiones en Twitter contra mujeres que ejercen algún cargo público. Mónica Banegas, líder del proyecto, comentó al medio “efeminista“ que en su mayoría estuvieron directamente relacionadas con el proceso electoral que se realizaría en febrero del año subsecuente.

Ya existen instrumentos legales en la región mediante los que se atiende una parte de la violencia política y los discursos de odio contra las mujeres en la política. Los datos de la Legislación en Materia de Violencia Política contra las mujeres del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (#ObservatorioReformas), en doce países de la región (Uruguay, Perú, Costa Rica, Paraguay, Panamá, México, El Salvador, Ecuador, Brasil y Argentina) hay normas que ya combaten el problema. Las investigaciones realizadas por el #ObservatorioReformas sostienen que existen diferencias en la exigencia de esas leyes, que no todas tienen los mismos dientes y que México cuenta con sistema integral de protección en materia de violencia política en razón de género más fuerte y exigente de la región.[1]

No obstante, es un hecho que aún queda pendiente aprehender el ámbito internauta, pues aunque supone una tarea monumental, es necesario visibilizar esta situación si aspiramos a la transformación de la cultura política y social que cobija el comportamiento violento en y desde las redes sociales. Además, los datos más recientes advierten de una situación que no parece aminorarse. Al contrario, cada vez más se extiende la violencia hacia el terreno digital.

(Re)construir desde lo digital

No todos los esfuerzos deben quedar en manos de las leyes y las instituciones, ya que las redes sociales están fundamentalmente construidas por la interacción de los actores de la sociedad. Los proyectos e iniciativas que busquen luchar contra este problema deben visibilizar la responsabilidad con la que deben usarse. El poder que tiene la ciudadanía al hacer uso de las tecnologías de la información para opinar e informarse del mundo de la política contribuye a combatir un problema digital desde lo digital. En ese sentido, una herramienta fundamental -además de la fuerza de la ley- es la educación digital.

Por ejemplo, en México, recientemente se impulsó una iniciativa para reconocer la educación digital como un derecho constitucional, lo cual no es un tema menor ya que la alfabetización de estos espacios supone una pauta que podría marcar el inicio de políticas públicas y así aminorar la violencia contra las candidatas y las mujeres en general. Otro ejemplo es la Ley Olimpia aprobada en 29 estados de la República Mexicana, mediante la que se impulsó una serie de reformas legislativas para reconocer y castigar la violencia hacia las mujeres en los espacios digitales y los medios de comunicación.

Hay que aprovechar las virtudes que ofrece internet para dar marcha atrás a la comunicación política, simbólica y digital con estereotipos de género, a los constantes discursos de odio que acechan a plataformas como Twitter. Por ejemplo, de acuerdo con el Monitoreo #34 de la Corporación Participación Ciudadana en Ecuador, que cubre desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de septiembre del presente año, se revisaron las cuentas personales de 33 mujeres con representatividad pública (periodistas, integrantes de la sociedad civil, entre otros) y constataron que en total sufrieron 10,171 agresiones tan solo en Twitter.

Se trata de un problema multifactorial que debe ser resuelto con diferentes estrategias que van desde el fortalecimiento de las políticas de educación en materia de género desde las infancias, hasta las regulaciones legislativas en el ecosistema web. De cualquier manera, es un tema que sí o sí debería estar más presente en las agendas políticas dado que representa un obstáculo para la concreción de una democracia igualitaria.

 

[1] Ver el trabajo de Flavia Freidenberg y Karolina Gilas. ¿Normas poco exigentes? Los niveles de exigencia normativa de las leyes contra la violencia política en razón de género en América Latina. Política y Sociedad, vol. 59 (1), 2022, 1-14.


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Rafael Orepani Capilla Barajas

@RO_Capilla

Tesista y egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con especialización en Comunicación Política, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asistente de investigación del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y becario del Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) clave IA301821 “Representación Simbólica de las Mujeres en América Latina”.


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