Está en curso la selección de quienes, a partir de finales de este mes, ocuparán en el Consejo General del INE las vacantes que dejaron Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala.

Entre los 329 aspirantes que se presentaron al pasado lunes 6 al examen de conocimientos podemos distinguir dos grupos: los que tienen experiencia en la organización y desarrollo de procesos electorales, y los que carecen de ella. En el segundo grupo las trayectorias y ocupaciones de los aspirantes son muy variadas, mientras que en el primero, son mayoría quienes ocupan, o han ocupado, cargos en el INE, en los OPLES y en tribunales electorales.

A diferencia de lo que en la reforma de 1994 se conoció como “ciudadanización” del IFE, el proceso en curso no tiene como propósito llevar al Consejo General del INE a personas destacadas por su presencia y buena fama pública. Hoy, en el mejor de los casos, el objetivo es ocupar las tres vacantes con personas que acrediten cumplir los requisitos de ley, pasen el examen de conocimientos y se ubiquen dentro de los 164 (mitad hombres y mitad mujeres) con mejor calificación en el examen, que en los día siguientes serán entrevistados por el Comité Técnico y de Evaluación, quien finalmente decidirá los 15 aspirantes e integrará con ellos las 3 quintetas que serán entregadas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, instancia en la se procesarán los acuerdos para llevar al pleno los 3 candidatos, o candidatas, que deberán obtener, al menos, las dos terceras partes de los votos.

Morena y aliados (PT y PVEM) disponen del número suficiente de votos en San Lázaro, por lo que pueden decidir, sin el concurso de los grupos de oposición, a los nuevos consejeros. O si lo prefieren, como hicieron en 2023, pueden usar la tómbola. Regresaré líneas abajo a ese último tema. Lo ideal será que las oposiciones y la mayoría lleguen a un acuerdo para respaldar a los que resulten electos.

Lejos ha quedado la idea, o sueño, de una autoridad electoral ciudadanizada, como la que el Doctor Jorge Carpizo, presidente del IFE, impulsó en la reforma electoral de 1994, cuando los 6 consejeros magistrados -todos abogados- designados en 1990, fueron sustituidos por los consejeros ciudadanos. En esa misma reforma los partidos políticos renunciaron a su derecho de voto en el Consejo General.

Así explicó el Doctor Carpizo el cambio de consejeros en el IFE: “Lo que se necesitaba en esos cargos eran personas muy reconocidas por la sociedad en virtud de su independencia y trayectoria, personas que pudieran dar confianza a la sociedad sobre la organización del proceso electoral, que realmente garantizaran la imparcialidad y objetividad del proceso.” (Carpizo, Elecciones, Diálogo y Reforma, TI, p. 21 CEPNA/NHESA, 1994).

Los 6 consejeros ciudadanos fueron destituidos en la reforma de 1996, para ser sustituidos por consejeros electorales, figura que hasta hoy prevalece.

A partir de 1990 fue creándose en el IFE, y luego en los institutos electorales locales, un cuerpo de funcionarios que atienden las tareas técnicas para la organización y desarrollo de los procesos electorales. Con el paso del tiempo esos servidores públicos han configurado el servicio profesional electoral, a cuyos integrantes, de manera absurda, la ley inhabilita para aspirar al cargo de consejero electoral, en tanto que quienes ocupan ese cargo se asumen como jefes del cuerpo ejecutivo y técnico, sin que, en la mayoría de los casos, tengan las capacidades y experiencia para ello.

Antes de optar por usar la tómbola para decidir a los 3 nuevos consejeros electorales, es obligado que en la JUCOPO se intente construir el más amplio consenso para su elección en el pleno. En 2023, una maniobra palaciega del entonces secretario de Gobernación, que ya se veía como candidato presidencial de Morena, impuso la tómbola para la selección de 3 consejeros electorales y de la consejera presidenta. Salvo uno, los afortunados ganadores tenían -o admitieron, el sello del oficialismo. Esa fue la pantalla para enmascarar el continuado asalto al Consejo General y tomarse la presidencia del INE.

En la recta final del proceso en curso, lo primero que cabe exigir es probada imparcialidad e independencia, respecto de los poderes públicos, partidos políticos y poderes fácticos, de quienes resulten electos. Satisfecho lo anterior, que sean los méritos, conocimientos y experiencia los criterios para seleccionar a los 3 nuevos consejeros electorales. No cabe pedir que sean ciudadanos de reconocida presencia en la sociedad. Pero sí que sean imparciales e independientes. Lo demás vendrá por añadidura.

Por la situación en que lo ha colocado el asalto del oficialismo, y por sus virtudes y defectos, al INE le hace falta una revisión orgánica de fondo. Pero lo primero es recuperar su imparcialidad e independencia, en todos los niveles de dirección, ejecutivos y técnicos. Sin eso, la amenaza de un fraude, mayor al de 1988, será una de las sombras que obscurecen el panorama hacia las elecciones de 2027. La otra es que se repita la inconstitucional sobrerrepresentación del oficialismo en San Lázaro.

Posdata: Imponer que en cada quinteta de candidatos a consejero electoral haya al menos uno -o una- que represente a un grupo vulnerable es un desvarío más de los que acostumbran en la Sala Superior del TEPJF. Los consejeros electorales no son representantes de nadie. Son servidores públicos que tienen confiada una tarea: dirigir la organización y desarrollo de los procesos electorales.