El 4 de marzo en Francia la Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría una reforma constitucional que consagra el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. La breve y contundente adición al párrafo decimoséptimo del artículo 34 de la Constitución de Francia establece lo siguiente:

“La ley determinará las condiciones en que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo".

Francia se convierte así en la primera nación del orbe en llevar a su Carta Magna ese derecho de las mujeres, aún negado en la mayoría de los países, en otros regateado o enfrentando embates para anular el avance del pasado reciente, como es el caso de Estados Unidos, en donde la derecha más conservadora ha emprendido una guerra para derrotar a las mujeres en ese y otros ámbitos de la vida personal y social.

La amenaza de retroceso es uno de los motivos expuestos en la reforma aprobada en Francia. Al respecto, el Decreto consigna lo siguiente:

“Si bien esta libertad (de interrupción voluntaria del embarazo) no se ve hoy directamente amenazada o cuestionada en nuestro país, salvo por algunas corrientes de opinión afortunadamente muy minoritarias, no ocurre lo mismo en otros países, y no son los menos. El 24 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia sobre la interrupción del embarazo que causó conmoción en todo el mundo. Al poner fin a su famosa sentencia de 1973 "Roe vs Wade", el Tribunal Supremo demostró que nuestros derechos y libertades más preciados pueden verse amenazados justo cuando parecen firmemente establecidos. Por desgracia, no se trata de un hecho aislado: en muchos países, incluso en Europa, existen corrientes que buscan a toda costa obstaculizar la libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo si así lo desean. Fiel a su vocación, nuestro país debe apoyar la lucha universal por esta libertad esencial, en nuestro continente y en todo el mundo.”

El histórico paso  dado en Francia es producto de las luchas emprendidas por las mujeres de ese país y de Europa, una de cuyas exponentes destacadas fue Simone Veil (1927-2017), sobreviviente del Holocausto, que en su paso por el Ministerio de Sanidad del país galo (1974-1979) logró la aprobación de la ley que despenalizó el aborto, por lo que a esa norma se le conoce como “Ley Veil”, considerada el precedente inmediato de la conquista alcanzada ahora.

Valga mencionar que la líder de la bancada conservadora de mayor peso en Francia, Marine Le Pen, y la mayoría de los diputados de su partido, Agrupación Nacional, votaron a favor de la reforma, zanjando así una división que marcó a la sociedad y la política francesa durante la mayor parte del Siglo XX.

El avance de hoy es también producto de la firmeza de convicciones de quien fue presidente de Francia (1974-1981) Valéry Giscard D’Estaing. En su honor, a propósito del debate sobre las regresivas reformas introducidas en las constituciones de varios estados de México, en materia de aborto e interrupción voluntaria del embarazo, en 2011 escribí lo siguiente:

“Expandir los derechos humanos es una lucha inacabada, que no debe usarse como pretexto para enmascarar retrocesos impulsados por las iglesias y para imponer –desde el poder público- las visiones dogmáticas de éstas al conjunto de la sociedad. Una vez más, hay que recordar la respuesta que dio un presidente de Francia a un Papa:

‘Con relación a este tema, mantuve entrevistas a solas con dos papas: Pablo VI y Juan Pablo II. Me expresaron su 'preocupación' pero sentí que la palabra exacta era 'reprobación', más marcada aún en el caso de Juan Pablo II (...) "Yo soy católico -le dije- pero también soy presidente de una República cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley corresponda al estado real de la sociedad francesa, para que sea respetada y pueda ser aplicada. Comprendo perfectamente el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, la comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a los que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no corresponde a la ley civil imponerlas, con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. (…) No solicité su respuesta, por razones evidentes. No intentaba cambiar su convicción ni justificarme a sus ojos, sino hacerle sentir el dilema en el que me hallaba y que, consciente de mi función, debía dilucidar’. (Valery Giscard; El Poder y la vida. El País/Aguilar, 1988, pp. 212-216.” (Fin de la cita). Mi artículo, titulado “Por las Mujeres”, fue publicado en el diario Reforma el 27 de septiembre de 2011.

No es mucho pedir –hoy- a las dos candidatas presidenciales que se pronuncien sobre la propuesta de zanjar en México el debate sobre el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con una adición al párrafo 2 del artículo 4 de nuestra Constitución, con una redacción similar a la que hoy celebran las mujeres en Francia:

“La ley determinará las condiciones en que la mujer ejercerá su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".

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