Mañana 1 de marzo, a las cero horas, arrancan las campañas federales (presidente, senadores y diputados); también en Jalisco, Yucatán y en la CDMX darán inicio las campañas para gobernador o jefe de gobierno. A lo largo de las siguientes semanas en los demás estados irán dando inicio campañas para otros 6 gobernadores, diputados locales, ayuntamientos y sus equivalentes en la CDMX, hasta que en las 32 entidades federativas miles de candidatos y los 7 partidos políticos nacionales, más una veintena de partidos locales, desplieguen de manera simultánea su activismo en búsqueda del voto ciudadano. Todas las campañas terminarán el 29 de mayo. El domingo 2 de junio iremos a votar.

Justo a unas horas del inicio de las campañas, en Maravatío, Michoacán, dos precandidatos a la presidencia municipal fueron ultimados el mismo día. La violencia criminal no es un riesgo, es una realidad presente que amenaza a candidatos y partidos; que pone en riesgo una democracia de por si frágil, debilitada por los embates desde Palacio Nacional y la deslealtad hacia sus valores y reglas por los dirigentes formales del partido del gobierno y sus aliados.

La inseguridad y el crimen son la mayor zona de riesgo para las campañas que en pocas horas darán inicio, y desde luego para la realización -en paz y civilidad- de la jornada electoral del domingo 2 de junio. De poco o nada sirve que en la mañanera se pida no hablar del tema, no alarmar a la ciudadanía, cuando los hechos diarios nos muestran que zonas completas de nuestro país, municipios grandes y pequeños, colonias y barrios, padecen el flagelo de la violencia criminal y viven con las alarmas a todo volumen.

El fracaso del gobierno, del actual y de sus dos predecesores, en materia de seguridad pública es el de mayor relevancia e impacto sobre la vida nacional y ahora sobre el proceso electoral. La incapacidad gubernamental se refleja, de una forma casi patética, en la llamada Mesa de Seguridad Interinstitucional, en la que supuestamente se debe dar la coordinación entre las autoridades electorales y las de seguridad pública. Solo que, en esa Mesa, y en sus réplicas en las 32 entidades federativas, hay un gran ausente: los partidos políticos.

No entiendo la razón o motivo para que la consejera presidenta del INE, y sus colegas consejeros, hayan admitido esa exclusión, ni para que los partidos y sus legisladores la acepten. En el máximo órgano de dirección del INE los representantes de los partidos no son figuras decorativas, ni clientes refunfuñones de los consejeros electorales. Los partidos políticos son integrantes del Consejo General y en esa calidad son corresponsables del desempeño de la autoridad electoral administrativa. Por esa calidad es que deben estar en la Mesa de Seguridad, en la nacional y en las de cada entidad federativa.

El otro pequeño motivo por el que los partidos deben participar en esas mesas es que son ellos, no la consejera presidenta o la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva, quienes postulan a los candidatos, a los que se dirige el esquema de seguridad que el INE balbucea en un documento en el que se puede leer la siguiente afirmación: “No se vislumbra una amenaza real o potencial en contra de las Candidatas y candidatos.” (sic) Ya son más de una docena los precandidatos asesinados y otro número significativo los que han sufrido ataques. Pero en el INE no vislumbran una amenaza real.

En un panel que con el tema “seguridad y elecciones” llevamos a cabo ayer miércoles 28, tres ex funcionarios federales de probada experiencia y tres diputados federales de partidos políticos distintos coincidieron en dos cosas: la gravedad del problema y la ausencia de una respuesta equivalente por parte de las autoridades federales, tanto de seguridad como de la SEGOB. En la edición de abril de Voz y Voto entregaremos a nuestros lectores una síntesis del rico intercambio de visiones y propuestas que en ese panel fueron expuestas. 

En el INE sus consejeros repiten que a ellos no corresponde atender el tema de la seguridad. Si les creemos, entonces ¿a qué viene presentar, con la firma del INE un “esquema de seguridad para candidatos” que para colmo carece de elemental rigor? Tampoco corresponde al INE determinar los distritos electorales de riesgo por inseguridad, pero los determina, pues es un insumo indispensable para el despliegue de los capacitadores y demás personal de campo.

En la intersección entre inseguridad galopante y debilidad institucional encuentro otra zona de alto riesgo para la integridad del proceso electoral que ahora entra en su etapa decisiva. Por debilidad institucional entiendo la situación por la que atraviesan las dos autoridades centrales de nuestro sistema electoral, el INE y el TEPJF. Ambas afectadas por la incompleta integración de sus órganos centrales y por conflictos internos.

En el aparato central del INE persisten encargados de despacho en áreas clave, como la Secretaría Ejecutiva, cabeza del aparato electoral, y en varias direcciones ejecutivas y unidades técnicas. La desafortunada sentencia de la Sala Superior del TEPJF que, por 3 votos a 2, dio luz verde a la consejera presidenta del INE para prolongar las encargadurías, no solo agudizó el conflicto interno, sino que pone en riesgo la calidad y capacidad de esas áreas que, repito, son cruciales para la integridad del proceso electoral.

En la Sala Superior, después de la renuncia del anterior presidente, aún no se avizoran luces al final del túnel del conflicto, lo que se agrava por la continuada vacancia en dos magistraturas, debido a que la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado sigue bloqueando esos y otros nombramientos, tanto en las salas regionales del TEPJF como en los tribunales locales.

Ojalá que los buenos oficios y voluntad de conciliar de la magistrada presidenta, Mónica Soto, encuentren en los dos magistrados que respaldaron su nombramiento el soporte para tender los puentes de entendimiento que den fuerza y confiabilidad a las sentencias del máximo órgano de justicia electoral de México.  

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