La democracia en América Latina sufre momentos de inestabilidad que vulneran sus principios. En toda la región, ciudadanas y ciudadanos se encuentran descontentos con este sistema de gobierno lo que también se tradujo en el incremento de la desaprobación de los políticos. Recientemente, los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19, entre los que destaca la crisis económica, han reanimado el desagrado de la ciudadanía con las instituciones. Según datos de la CEPAL, la inflación en 2022 alcanzará casi el 8.1% y los índices de pobreza aumentarán hasta un 37.1% en América Latina. El incremento de estos indicadores supondrá también una mayor presión ciudadana para con el sistema democrático, los políticos y las instituciones.

En este contexto, las demandas ciudadanas se han convertido en banderas de partidos, organizaciones o liderazgos políticos que cooptan las causas y fortalecen un discurso de polarización para conseguir el poder con la promesa de solucionar los problemas que, a raíz de todo, son sistémicos. Es decir, muchas de las necesidades formuladas por la ciudadanía en toda la región difícilmente se pueden solucionar en un periodo presidencial o mediante decisiones unilaterales.

El descontento con la democracia impacta en la manera en cómo la ciudadanía percibe los procesos electorales. En algunos casos, los bajos niveles de aprobación que tiene el gobierno en turno o las instituciones se trasladan también a los comicios. Bajo esta coyuntura, y como bien señala Strategia Electoral, los órganos electorales se han convertido en uno de los principales flancos de actores políticos que buscan violentar la autonomía, fortalecer los discursos de polarización y aumentar el poder de los gobiernos con tendencias autoritarias.

Los órganos electorales tienen la responsabilidad de defender la vida democrática dentro de un país, ya sea como órgano administrativo y jurisdiccional, como el caso del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador o el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, por mencionar algunos. Estas instituciones también pueden tener la categoría de organismos constitucionalmente autónomos como es el caso de México con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones de Perú que funcionan de manera diferenciada y con facultades definidas en materia administrativa y jurisdiccional respectivamente.

La autonomía de los órganos electorales es fundamental para una conducción imparcial de los procesos electorales. En consecuencia, de acuerdo con la revisión documental para este artículo, se pueden resaltar ciertos elementos indispensables para garantizar dicha autonomía. Así, para que los organismos electorales sean verdaderamente autónomos es necesario que: 1) el funcionamiento interno de estas instituciones no esté condicionado por fuerzas políticas u organizaciones que inciden en la toma de decisiones, 2) estas organizaciones mantengan su independencia presupuestaria, administrativa, política y normativa, y 3) que dentro de la función jurisdiccional, sean los organismos finales de solución de las controversias interpuestas por otras fuerzas políticas.

En cada proceso electoral, los organismos electorales se enfrentan a constantes retos como productos de sus responsabilidades, tales como la actualización del padrón y/o registro electoral, la aprobación y emisión de boletas electorales, la capacitación electoral, la celebración de los comicios y el escrutinio y cómputo de votos, entre otros tópicos por atender. Dichas funciones buscan garantizar la certeza y transparencia de los resultados de los comicios. No obstante, últimamente en la región se ha evidenciado un constante hostigamiento hacia estas instituciones por parte de políticos lo que ha repercutido en la posición de la voz pública y el debate en las redes sociales sobre su funcionamiento e idoneidad.

Los cuestionamientos por parte de las fuerzas políticas frente a las controversias que se presentan, producto de las decisiones de las autoridades electorales, han rebasado el marco institucional. El acoso ha llegado al grado de sugerir supuestos fraudes electorales desde mucho tiempo antes de celebrarse una elección acompañado de ataques personalizados a las y los titulares de estas instituciones. Las especulaciones sobre estos “fraudes electorales” se han manifestado en países como Brasil, El Salvador, México, Perú, Ecuador y Venezuela. Esto sin olvidar que este tipo de afirmaciones también se han producido en otras latitudes como Estados Unidos cuya cúspide de polarización se produjo el 6 de enero de 2020 con el ataque a su Capitolio.

Además de lo mencionado, algunos políticos y partidos se han visto tentados de controlar los gobiernos electorales. Para ello, estos han seguido distintas herramientas como los recortes presupuestales, reformas electorales que perjudican la independencia de estas instituciones o el hostigamiento hacia sus miembros. Ejemplo de ello es el caso brasileño donde desde la presidencia de la república se promueve un discurso anticipado de fraude electoral y que al mismo tiempo busca la inclusión de las fuerzas armadas para realizar el conteo de votos en las elecciones generales de octubre.

En una región como América Latina, donde la confianza a los partidos políticos es cada vez más baja, las instituciones electorales son indispensables para mantener el equilibrio entre las fuerzas políticas y preservar el orden constitucional construido con base en el consenso de las voces de la sociedad. El futuro de la democracia depende de estos organismos pues garantizan la transparencia de los procesos electorales, de lo contrario, no existirá garantía alguna sobre el derecho al sufragio y el respeto a la diversidad de ideas.

De esta manera, este artículo subraya la necesidad de que la organización de las elecciones no regresé al dominio de una fuerza política, una autocracia o un mando militar que decida quién y bajo qué términos deben participar los diferentes sectores de la sociedad. La importancia de las instituciones electorales radica en su imparcialidad y compromiso con la democracia bajo una dirección civil, apartidista y transparente que brinde certeza a la ciudadanía de que sus derechos políticos están protegidos y que su decisión en las urnas será respetada.