A continuación, presentamos los desafíos que enfrentarán algunos estados para la renovación de sus gubernaturas dentro del contexto en que se desenvolverán las próximas elecciones del 6 de junio de 2021

Retos a enfrentar en Baja California Sur: la elección a la gubernatura

Rebeca Barrera1

En Baja California Sur, como es del conocimiento público, el próximo mes de diciembre dará inicio el proceso electoral local 2020-2021 donde la ciudadanía, por medio de su voto, tendrá la oportunidad de elegir –a través de elecciones libres, secretas y directas– a quienes estarán gobernando en los 5 ayuntamientos que conforman nuestro estado, mediante los cargos de presidencias, sindicaturas o regidurías. Estos 5 ayuntamientos están integrados por los municipios de La Paz, con 15 cargos, Los Cabos, con 13, Comondú, con 11 cargos, Loreto, con 8 y Mulegé con 11. De igual manera, la geografía del estado está compuesta por 16 distritos que serán votados por mayoría relativa, 5 espacios que serán elegidos por el principio de representación proporcional y, por supuesto, la gubernatura. Todo ello nos da un total de 80 cargos de elección popular.

En este sentido, bajo la óptica de la autoridad electoral, uno de los retos a afrontar en las elecciones a celebrarse en los siguientes meses será el de implementar medidas sanitarias extraordinarias que nos permitan proteger –con plena seguridad y conocimiento– la integridad y salud de las y los ciudadanos que acudirán a ejercer su sufragio el día de la jornada electoral en medio de esta pandemia. Como ya se vio en otros países, es el mayor reto al que nos enfrentaremos, sin descuidar la elección para elegir gobernador/a que, como ya sabemos, será otro indicador para medir la eficacia del trabajo del Instituto. Todo ello estará acompañado por el trabajo y la participación de 10 partidos políticos nacionales y 4 partidos políticos locales, más las opciones que se registren por la vía de las candidaturas independientes.

Otro de los principales retos a enfrentar será la instalación de las 1055 casillas estimadas debido a las complejidades que representa el acudir a todos los lugares donde se instalarán; se llevarán todas las medidas y protocolos que dicte la autoridad de salud en el estado que, junto con el Instituto, serán grandes aliados. Otro rubro que requiere también de seguimiento es asegurar el empadronamiento y credencialización de la ciudadanía para garantizar a plenitud sus derechos político-electorales. En ese tenor, actualmente se cuenta con un padrón electoral de 549,201 ciudadanos, con corte al 31 de agosto del presente año.

De igual manera, se presenta la oportunidad para nuestra entidad del voto de los mexicanos residentes en el extranjero que –para esta ocasión– podrán hacerlo para la elección de gobernador/a a través de la vía postal o también ahora con la implementación de la vía electrónica, con lo cual se abre la posibilidad de que más sudcalifornianos expresen su intención de voto mediante una aplicación en el teléfono celular. Para ello, los ciudadanos deberán registrarse a partir del 1 de septiembre del presente año y hasta el 31 de marzo del 2021; así mismo, se están llevando a cabo campañas de difusión para invitar a los mexicanos residentes en el extranjero a que acudan a sus embajadas o consulados a solicitar su credencial de elector, por lo que esta actividad suma otro reto ya que se seguirán buscando las vías de comunicación más efectivas para lograr un mayor registro ya que, en el histórico, en la entidad han sido muy pocos ciudadanos los que han particidado bajo esta modalidad.

Del mismo modo, es para las autoridades electorales, partidos políticos y sociedad un desafío el lograr involucrar, en mayor medida, la participación ciudadana en todos los ámbitos de la materia electoral por lo que se seguirá fomentando la práctica de todas las actividades que tengan que ver con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA).

Otro gran reto ha sido el buscar la paridad e inclusión en el registro de candidaturas; lo anterior apegado a las recientes reformas nacionales: paridad en todo, violencia política y la participación de personas indígenas y afromexicanas. Estas modificaciones se lograron el pasado 12 de octubre y en ellas se señala que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes postularán –de forma obligatoria para el caso de las planillas de los ayuntamientos– una fórmula integrada por personas con discapacidad, personas que se autoadscriban indígenas o afromexicanas y, por último, una fórmula integrada por personas jóvenes –en los tres casos– para cualquier cargo. Se observó una resistencia debido a que en la entidad no existen grupos originarios a pesar de que, según la encuenta intercensal del INEGI, las personas que se autoadscriben indígenas o afromexicanas ocupan más del 14% de la población.

Otro desafío fue incorporar los bloques de competitividad en los diversos cargos, como las presidencias municipales; sin embargo, se avanzó garantizando lo siguiente: votación alta, 2 mujeres y 1 hombre; votación baja, un hombre y una mujer; el primer espacio de las listas plurinominales deberá ser para mujeres; y, en el caso de las 16 diputaciones: 5 de votación alta serán 3 para mujeres y 2 para hombres, en votación media serán 3 hombres y 2 mujeres y, en votación baja, 3 hombres y 3 mujeres. Con ello se garantiza que a las mujeres no se les postule únicamente en territorios con menor posibilidad de triunfos.

Como se puede observar, una de las principales dificultades durante esta organización –sin duda– será la pandemia; sin embargo, también influirán: los recursos públicos que siempre son escasos, la paridad, la inclusión, la violencia política de género, la utilización de diversas TIC para comunicar los mensajes de precampañas y campañas sin aglomerar a las personas, los debates, y la falta de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la cual no se encuentra funcionando en la entidad, además de que los recursos que ingresen a las campañas tendrán como tope para la elección de gubernatura en este proceso electoral la cantidad de $16,647.040.00. Para ello, el INE deberá garantizar –a través de la fiscalización– que en ningún caso se superen esos topes.

Por último, otro reto a enfrentar es la resistencia en la postulación de mujeres para la elección de la gubernatura, como ha quedado marcado en la historia de Baja California Sur ya que solo una mujer ha sido postulada como candidata a dicha elección, por lo que todas las entidades debemos ser garantes del acuerdo emitido recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE) que, como organismo rector, establece criterios a nivel nacional que permitan alcanzar la paridad de género en el registro de candidaturas a titulares del Poder Ejecutivo Local y, de esta manera, garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres.

Colima 2021: la elección a la gubernatura

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa2

El pasado catorce de octubre dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021 en un escenario inédito, en el que las autoridades electorales tendrán que generar condiciones que permitan garantizar a la ciudadanía el acceso a derechos fundamentales, particularmente a derechos político-electorales y el derecho a la salud, todo ello en medio de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Más de 542,000 colimenses tendrán la oportunidad de acudir, el seis de junio de dos mil veintiuno, a las urnas a ejercer su voto para 140 cargos a nivel local y dos a nivel federal. A nivel estatal estarán en juego la elección de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los diez ayuntamientos.

Diversos son los temas que cobran relevancia en el actual proceso y, de manera particular, en la elección a la gubernatura. La seguridad sanitaria, la participación ciudadana, el voto de las y los colimenses en el extranjero y la postulación a las candidaturas son algunos de ellos.

La seguridad sanitaria –sin lugar a duda– representa un elemento transversal que deberá ser atendido a lo largo de las distintas etapas del proceso electoral, particularmente en aquéllas que requieran contacto directo con el electorado, para lo cual se deberán emitir protocolos que permitan atender la organización de las elecciones de manera segura.

En materia de participación ciudadana, Colima se ha caracterizado por ser una de las entidades con alta participación en las urnas. En los últimos tres procesos en los que se eligió la gubernatura el porcentaje de participación fue de 60.16% (2015), 63.49% (2009) y 55.74% (2005), por lo que uno de los retos será el diseñar estrategias que permitan conservar los altos niveles de participación.

Otro de los tópicos que reviste importancia es el derecho que va más allá de las fronteras para llegar a las y los colimenses residentes en el extranjero, quienes podrán emitir su voto para el cargo a la gubernatura a través del voto electrónico y postal.

En la elección ordinaria de 2015 se implementó –por primera ocasión– el voto de las y los colimenses residentes en el extranjero, recibiéndose un total de 112 votos de manera electrónica, cifra que se redujo considerablemente en la elección extraordinaria a la gubernatura en la que únicamente se recibieron 42 votos. La labor de difusión es vital para que las y los colimenses que se encuentran en el extranjero puedan solicitar su inscripción en la lista nominal y se encuentren en condiciones de ejercer su voto.

Por otro lado, se han puesto sobre la mesa cuáles pudieran ser las reglas a considerar respecto a la postulación a las candidaturas a la gubernatura en un nuevo contexto derivado de la reforma «paridad en todo».

En Colima, de 1991 a 2015, se llevaron a cabo ocho elecciones a la gubernatura, cinco ordinarias y tres extraordinarias. Durante ese periodo se postularon un total de 41 candidaturas de las cuales el 84% fueron hombres y 16% mujeres. La cifra pone en evidencia la gran diferencia en las posibilidades que han existido entre hombres y mujeres para ocupar el cargo a la gubernatura (ver Cuadro 1).

Ante los escenarios ya descritos es importante destacar que las determinaciones que tomen tanto las autoridades administrativas como jurisdiccionales incidirán en el rumbo que habrá de seguir el estado de Colima.

Retos para la elección de la gubernatura en el estado de Querétaro

Gerardo Romero Altamirano3

Tras una historia democrática de casi 25 años, el Proceso Electoral 2020-2021 será el décimo que organice el órgano electoral local (nueve procesos electorales ordinarios y uno extraordinario) y se espera que sea el más grande que se haya celebrado por el número de ciudadanas y ciudadanos en condiciones de emitir su sufragio.4 Cabe resaltar que, para el caso de Querétaro, este incremento no responde únicamente al natural crecimiento demográfico sino –principalmente– a los constantes flujos migratorios que se reciben diariamente, motivados principalmente por razones laborales y/o académicas.

En esta ocasión, esta entidad se prepara para renovar todos los cargos públicos en lo que será la quinta renovación de la gubernatura desde que la reforma constitucional de 1996 diera paso a la creación de un organismo público local autónomo en materia electoral. Aquí se abordarán algunos de los principales desafíos que se contemplan para estos comicios, los cuales los convierten no solo en los más grandes de la historia sino también en los más complejos.

Sin lugar a dudas, la situación de pandemia provocada por el SARS-COV-2 seguirá siendo el principal reto a vencer, puesto que se deberán incorporar medidas adicionales para proteger la salud de la ciudadanía y del funcionariado. En este aspecto, se ha de motivar la participación ciudadana en circunstancias nunca antes vistas, no solo el día de la jornada electoral sino en los actos de campaña, en la obtención de respaldo ciudadano, así como en las diversas etapas del calendario electoral que suponen el involucramiento ciudadano, tales como la integración tanto de los consejos distritales y municipales como de las mesas directivas de casilla, por citar un par de ejemplos. A esto se le suma el consecuente impacto presupuestal, el cual estará enmarcado en un ambiente de austeridad nacional.

Por otro lado, en junio de 2020 se publicaron algunas reformas a la legislación electoral local, proceso en el que intervino activamente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) al presentar una serie de iniciativas a la Legislatura, haciendo uso de esta facultad legal por segunda vez consecutiva. Algunos de los cambios que impactan directamente en la elección de la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado son: el voto de las personas queretanas desde el extranjero y los debates electorales.

Por principio de cuentas, será la primera ocasión en que las y los ciudadanos queretanos que residen en el extranjero podrán votar exclusivamente para el cargo de gubernatura. Esto supone un avance en garantizar los derechos político-electorales, ya que se hará efectivo el sufragio a la ciudadanía queretana sin que los límites geográficos sean un impedimento. En este tópico subyacen una serie de desafíos en el sentido de convencer y motivar a las personas migrantes a participar en las distintas etapas que se vayan desahogando de este proceso, tales como la credencialización, el registro para votar y el ejercicio del voto propiamente.

Para ello, el IEEQ se ha estado vinculando con reconocidas asociaciones dedicadas a temas migratorios como «Fuerza Migrante» y «Migrantes Unidos en Caravana». De igual forma, será fundamental realizar estrategias en las que se privilegie el acercamiento a las familias de migrantes que residen en Querétaro y que sea, a través de ellas, que se origine la labor de promoción del voto. Estas acciones tienen algunas ventajas tales como la generación de confianza entre los migrantes, pues recibirán la información a través de familiares cercanos; también puede haber una mayor efectividad en cuanto a los canales de comunicación, así como un importante ahorro presupuestal.

Por su parte, el tema de los debates a la gubernatura cobrará especial relevancia puesto que son instrumentos que posibilitan que la ciudadanía emita un voto informado. Con esto en mente, el IEEQ tendrá la encomienda de realizar dos debates oficiales (un debate adicional con relación a años anteriores) entre las candidaturas que contiendan por el Estado. Esto implica que el Instituto tenga el reto de organizar debates dinámicos y fluidos en un escenario donde habrá una amplia oferta política con la entrada de tres nuevos partidos políticos nacionales (durante su primer proceso electoral, no pueden formar coaliciones con otros partidos).

Estos son solo algunos de los principales rasgos que hacen que esta elección a la gubernatura sea diferente a las demás. Ciertamente, en medio de este contexto, el IEEQ está enfocado en entregar cuentas claras a la ciudadanía y en organizar el mejor proceso electoral que se haya celebrado en su historia.

Retos del proceso electoral 2002-2021 en San Luis Potosí ante la pandemia

Laura Elena Fonseca Leal5 

La abrupta irrupción de la pandemia por Covid-19 en la vida social, económica y política del país paralizó –en un primer momento– el desarrollo de las actividades cotidianas y programas conforme a calendarios; posteriormente, se requirió retomar las tareas bajo estrictos protocolos que disminuyeron las capacidades institucionales.

La administración pública en sus tres poderes, órdenes de gobierno, niveles, instituciones y organismos autónomos no quedó ajena a lo anterior: por un lado, la suspensión de actividades presenciales que se ha ido prolongando a lo largo de 7 meses y sin una fecha clara para su conclusión y, por el otro, las obligaciones constitucionales de cada ente público que no fueron suspendidas.

En el caso del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), al principio continuamos solamente con el trabajo en línea y lo relativo a los asuntos financieros y administrativos pero, al darnos cuenta que continuaría, abrimos las actividades sustantivas bajo un protocolo de semáforos. Lo mismo sucedió con autoridades jurisdiccionales y administrativas en materia electoral con resoluciones y acuerdos que ahora se traslapan con el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021; por ejemplo, nuevos partidos políticos y lineamientos. En este escenario enfrentamos retos mayores como a continuación se relatan.

El CEEPAC de San Luis Potosí inició los trabajos preparatorios para el Proceso Electoral 2020-2021 con la elaboración de observaciones a la Ley Electoral Local como producto de las experiencias del proceso 2017-2018 y la colaboración con el Congreso del Estado para los foros y trabajos para la nueva Ley Electoral. Previamente, y como resultado de una sentencia del Tribunal Electoral, habíamos iniciado el análisis con el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis, A.C., para realizar estudios que permitieran al organismo emitir acciones afirmativas en favor de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas.

Cabe mencionar que en San Luis Potosí se cuenta con una legislación muy avanzada en materia indígena en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Reglamentaria del Artículo 9° de la Constitución, la Ley de Consulta Indígena y un organismo estatal encargado de estos asuntos y de actualizar el Padrón de Comunidades Indígenas en el Estado.

El Consejo sugirió que se incluyera en la nueva Ley Electoral la disposición de que en los distritos donde hubiese población indígena mayor al 60% los candidatos a diputados locales fueran integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Esto hacía obligatoria la consulta a estos grupos, por lo cual el Congreso acumuló otros asuntos y la inició.

La contingencia de salud interrumpió la consulta y retrasó la expedición de la Ley Electoral al 30 de junio y el inicio del proceso se llevó a cabo el 30 de septiembre en lugar de la primera semana de septiembre. Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley Electoral 2020 el 05 de octubre, notificando los resolutivos el 13 de octubre al Congreso del Estado el cual –a solicitud de parte– envió copia simple al Consejo el 15 de octubre.

La invalidez se determinó por la falta de Consulta Indígena argumentada por un partido político, no por el sujeto de derecho. Al 06 de noviembre de 2020 no se cuenta con los considerandos ni con los efectos de la sentencia. Todo ello ya dentro del proceso electoral con dos convocatorias abiertas y más de una decena de acuerdos, lineamientos y reglamentos emitidos por el Pleno del Consejo.

La primera actividad de inscripción de ciudadanos previa al proceso fue la de interesados para integrar Comités y Comisiones Distritales Electorales donde la mayoría de las actividades se realizaron de manera virtual y bajo estrictos protocolos. La siguiente fue la inscripción de interesados en participar como candidatos independientes, quienes deberían presentar el acta de asamblea de una asociación, el alta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y una cuenta bancaria, entre otros requisitos. El problema que han tenido es que las notarías, el SAT y los bancos no están trabajando a toda su capacidad.

Las circunstancias anteriores y el ánimo social han llevado a confundir derechos con obligaciones y una colisión de los primeros que pareciera justificar abusos por parte de algunos actores políticos. Para precampañas, apoyo ciudadano y campañas hemos solicitado el apoyo de la Secretaría de Salud, emitiendo un protocolo especial para ello. En el caso de los registros estamos preparando un sistema que permita evitar las aglomeraciones en estos procedimientos que congregan un número mayor de personas.

A los retos anteriores se tendrá que sumar la insuficiencia presupuestal para llevar a cabo el proceso electoral 2020-2021 en condiciones ideales. Esta situación deriva de la disminución de la actividad económica y la insuficiencia de recursos públicos para enfrentar los retos de salud.

Retos en la elección de gubernatura de Tlaxcala

Elizabeth Piedras Martínez6

El 29 de noviembre de 2020 iniciaremos en Tlaxcala el proceso electoral para la renovación de 795 cargos públicos: una gubernatura, 25 diputaciones locales, 470 integrantes de ayuntamientos y 299 presidencias de comunidad.

En esta contienda participarán 10 partidos políticos nacionales y 5 locales, además de candidaturas independientes que logren su registro.

Éste es el escenario numérico en el que se desarrollará uno de los procesos electorales más complejos que haya vivido Tlaxcala para la elección de su gubernatura.

Ningún proceso electoral es igual a otro. Empero, la complejidad que vislumbramos para el que estamos a punto de iniciar está sostenida por un entramado de implicaciones políticas, sociales, económicas e inéditamente sanitarias por el Covid-19 que se traduce en una serie de retos que harán de ésta, una elección de gubernatura sin precedentes.

Me referiré a los grandes temas que ocupan a esta autoridad:

1. La participación ciudadana. La genuina preocupación por la salud podría impactar en la participación político-electoral de la ciudadanía, tanto en las urnas como en actividades del proceso electoral. La integración de los órganos desconcentrados del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (consejos electorales distritales y municipales), la capacitación y la supervisión electoral para la integración de las mesas directivas de casilla y de observación electoral son algunas de las actividades que requieren de la participación de la ciudadanía.
   
   En ese sentido, la autoridad electoral deberá ser muy responsable y generar confianza a través de la implementación de estrictos protocolos sanitarios que permitan cuidar la salud de la ciudadanía y, al mismo tiempo, garantizar sus derechos político-electorales.
2. Las campañas. La forma tradicional de hacer campañas también se modificará ante el riesgo sanitario. El órgano electoral local establecerá directrices para que se lleven a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación. El reto es que partidos políticos, candidatas y candidatos por la vía partidista o independiente asuman el compromiso y respeten a cabalidad las nuevas reglas, en absoluto cuidado a la salud de las y los votantes, evitando la tentación de mantener prácticas presenciales que puedan implicar un riesgo. Las y los contendientes tendrán que hacer un esfuerzo mayor para generar y poner en práctica estrategias novedosas y efectivas para acercarse al electorado. Aquí los dos debates obligatorios cobrarán relevancia pues podrían convertirse en estrategias efectivas de promoción.
   
   
3. La comunicación. Este terreno representa desafíos importantes para las autoridades electorales; no basta con tomar medidas para prevenir y disminuir los riesgos de contagio o adoptar decisiones para el desarrollo del proceso en este contexto, también es necesario comunicar adecuadamente esas medidas y esas decisiones. Esto requiere estrategias integrales de comunicación que informen a la ciudadanía, partidos políticos, titulares de candidaturas y a representantes de medios de comunicación de manera constante, abierta y transparente a lo largo de estos comicios. En este reto será fundamental una comunicación institucional eficiente de las autoridades electorales que genere confianza en la ciudadanía y que esa confianza se traduzca en participación.
   
   
4. La participación política de las mujeres. En este proceso comicial se materializará la reciente reforma constitucional federal y local en materia de paridad de género: la paridad en todo. Los partidos políticos deberán garantizar la participación paritaria de las mujeres en la totalidad de los cargos públicos que estarán en disputa, pero –sobre todo– garantizarla en las candidaturas para la elección a la gubernatura, es decir, que sean mujeres las nominadas para contender por ese cargo. El mayor reto en este renglón será que quienes participen como candidatas lo hagan en un contexto libre de violencia, con acompañamiento de partidos políticos y autoridades electorales, lo cual permitirá una incursión activa y plena de las mujeres en el proceso electoral. Para apuntalar este propósito, esta autoridad ha emitido acciones afirmativas que acompañen y cristalicen una participación femenina sustantiva.

Estos desafíos representan grandes temas institucionales para esta elección. No obstante, hay retos cotidianos que enfrentamos desde la experiencia probada en la organización de procesos electorales, siempre observando los principios rectores de la función y poniendo por encima los derechos político-electorales de la ciudadanía tlaxcalteca.

Retos a enfrentar en la elección para gobernador o gobernadora del estado de Zacatecas

J. Virgilio Rivera Delgadillo7

El 7 de septiembre de este año dio inicio el proceso electoral que tendrá como una de sus etapas culminantes la jornada electoral a realizarse el 6 de junio del año 2021. Se elegirán un gobernador o gobernadora del Estado, 30 diputaciones, 58 presidencias municipales, 58 sindicaturas y 547 regidurías, entre 320 de mayoría relativa y 227 de representación proporcional; es decir, 694 cargos de elección.

Retos a enfrentar en la elección de gobernador o gobernadora del estado de Zacatecas

Retos técnicos. a) Al tratarse de una elección concurrente en la que habrán de elegirse diputadas y diputados federales a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, habrá de demandarse –de nueva cuenta– una coordinación ejemplar entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en este caso, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Ya con meses de antelación, ambas instituciones han venido recreando, paso a paso, los procesos torales que contempla la normatividad con el propósito de detectar puntos críticos o de alerta diseñando –en conjunto– la logística para ser sorteados con éxito. En el horizonte de corto o mediano plazo se advierte que el sistema nacional electoral se encamina hacia la consolidación del INE, por su prevalencia, así como la presencia realmente insustituible de los organismos públicos electorales locales. b) Ya es del conocimiento de la ciudadanía que su colaboración resulta vital en todo el proceso electoral y, en especial, el día de la jornada electoral. Reto a superar es que, pese a la contingencia sanitaria, la participación ciudadana el 6 de junio sea contundente. La moneda, en este caso, está en el aire. c) También habrá de superarse el reto que representa la implementación del mecanismo para el voto, vía internet, de las zacatecanas y los zacatecanos que se encuentran o radican en el extranjero. d) Aspecto no menor será en esta ocasión la presencia inédita y participación de 15 partidos políticos: 10 nacionales y 5 locales. e) Suele ocurrir en todo proceso la presencia emergente de conjuntos normativos; en este caso destacan los relativos a una mayor garantía en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, previniendo y sancionando la violencia que sobre ellas se ejerce y avanzando en materia de paridad, normativa emergente tan justa como inaplazable. El caso es que, en esta ocasión, por alguna razón, tal normativa, desde el punto de vista de la técnica jurídica, no cumplió plenamente con el requisito de su armonización con el resto del subsistema jurídico electoral y el sistema jurídico mexicano, en general. Ya surgen en estos días controversias al respecto. La observancia de los partidos políticos al principio de paridad en las candidaturas a gobernador o gobernadora, es ejemplo del caso.

Retos surgidos del entorno político. a) Se advierte para Zacatecas una elección para gobernadora o gobernador competida, circunstancia que de muchas maneras desata una espiral de tensiones, misma que inicia al interior de los propios partidos con aspirantes ya proyectados y la existencia de procesos internos de selección que adolecen de la consistencia deseada o requerida para el caso. Circunstancia que puede escalar al momento de proyectar coaliciones. Adereza el proceso un destello de ausencia de identidad ideológico-política y programática de partidos y sus candidatas y candidatos que puede convertir la lucha por las candidaturas en deliberaciones sin horizontes que los guíen y sin puerto seguro de llegada. b) Nuevos modos (modelos) de comunicación política habrán de surgir entre la ciudadanía y los partidos y sus candidaturas en estos difíciles tiempos de la contingencia sanitaria, en la que la salud de la ciudadanía no debe exponerse mayormente en este proceso. c) El fenómeno de la inseguridad no encuentra sosiego cuando, al parecer, la contingencia sanitaria lo agudiza. No se trata de un fenómeno surgido precisamente del contexto político electoral, pero sin duda que, en mayor o menor medida, se hará o ya se hace presente en este proceso. d) Finalmente, pero como contexto general, el caso de la pandemia generada por el Covid-19 con efectos aún imprevisibles pone sello indeleble al proceso electoral venidero. Una elección, un México y un mundo asolados por una amenaza de grandes proporciones.

La elección para gobernadora o gobernador de Zacatecas enfrenta semejantes retos, tanto técnicos como políticos.