El día domingo 14 de octubre de 2001 estaba en la fila de mi mesa de votación en la Ciudad de Buenos Aires cuando un votante sale del cuarto oscuro y avisa: - No hay boletas. La autoridad de mesa ingresa al cuarto. Luego de unos segundos, le pide al votante que aguarde y hace pasar al siguiente. Éste vota. Entra luego el que seguía en la fila. Sale a los pocos segundos y dice: - No encuentro boletas. Pasa otro y ocurre lo mismo. Finalmente, las autoridades de mesa conversan un momento entre sí y anuncian: - A ver, los que van a votar a Zamora, ¿pueden esperar un poquito aquí al costado a ver si conseguimos algún fiscal que nos acerque boletas? Quienes no voten a Zamora, pueden seguir pasando.

Esta pequeña anécdota personal no ilustra un hecho frecuente en Argentina, pero el punto es que sería imposible en casi cualquier otra democracia. Lo que la hace factible en este país es su instrumento de votación específico: lo que se conoce como boletas partidarias. De acuerdo al régimen electoral argentino, cada partido no solo imprime su propia boleta, sino que también es responsable de que ésta llegue a cada uno de los centros de votación y esté disponible en cada recinto durante toda la jornada electoral. Cada varios años, el Congreso argentino vuelve a discutir la posibilidad de cambiar el instrumento de votación. La opción en discusión en estos días es lo que en Argentina se denomina como “boleta única de papel” (BUP), el modo normal y habitual de votar en la mayor parte de los países del mundo: una plancha de papel oficial impresa y distribuida por la autoridad estatal que presenta todas las opciones electorales.

Los argumentos a favor de la reforma electoral

El principal argumento para la reforma reside en que el uso de la boleta partidaria no garantiza el derecho de los votantes a encontrar la opción electoral de su preferencia, tal como lo demuestra lo ocurrido aquel día de 2001 con quienes pretendían votar por Zamora. La otra cara de esta moneda es que los partidos tampoco tienen garantizado el derecho a estar disponibles en todos los centros de votación en la medida en que no pueden asegurar la provisión o reposición de sus boletas. Sobre todo los partidos pequeños que no cuentan con la capacidad para monitorear lo que ocurre en las más de 105.000 mesas electorales a lo largo y ancho del país, especialmente si sus boletas son sustraídas en algún momento de la jornada.

La posibilidad de robar boletas de los adversarios es precisamente uno de los puntos en los que se concentra el reclamo de la reforma. Lo mismo que otros usos reñidos con la calidad democrática, como la distribución previa de boletas con el objetivo de controlar el sentido del voto. La reducción de costos es otro de los pilares del reclamo. En cada elección el estado financia a los partidos para que éstos impriman sus boletas en una cantidad de varias veces el padrón electoral, tanto para las primarias como para las generales. Es un secreto a voces que no siempre todos los partidos usan este dinero para imprimir boletas, teniendo una buena parte de esos fondos destino incierto. La impresión por parte de la autoridad estatal de una boleta oficial terminaría con estas prácticas y supondría una baja considerable en el gasto. La reducción de la cantidad de papel a imprimir permite presentar la reforma como más sustentable en términos ecológicos.

Objeciones a la reforma y a la BUP

El argumento más habitual de rechazo al cambio es el que plantea que las elecciones se han venido haciendo en Argentina a través de las boletas partidarias sin grandes contratiempos ni denuncias y que, por lo tanto, no hay necesidad de cambios en este terreno. Las denuncias de boletas faltantes o de prácticas clientelares implementadas a través del reparto de boletas, suelen ser episodios que ocurren a pequeña escala y no hacen la diferencia a la hora de definir un resultado electoral a nivel nacional o provincial. Pero, el hecho de que el instrumento permita estas prácticas mientras existe a disposición otro que lo impide podría ser suficiente para rebatir esta objeción.

Otro argumento que se presenta para defender el esquema actual, más interesante y robusto, tiene que ver con las dificultades que tendría la BUP para mantener todas las prestaciones que hoy ofrece la boleta partidaria en el marco de un régimen electoral que produce una oferta multinivel y fragmentada. Esto refiere sobre todo a las dificultades que tendría una BUP para incluir en una única plancha todos los cargos que pueden elegirse en elecciones simultáneas en Argentina, que incluyen hasta nueve o diez categorías. Especialmente en elecciones primarias abiertas (PASO), en las que una misma fuerza política puede presentar distintas listas, y cada elector puede elegir listas de las distintas agrupaciones políticas en diferentes categorías de cargos.

La persona que vota regularmente en México, Colombia, Costa Rica, o casi cualquier otro país de la región, puede considerar extraño este planteo. Con razón, cabe que se pregunte por qué las y los argentinos quieren votar todos cargos ejecutivos y legislativos, nacionales y locales, en una única boleta. Puede que se pregunte también por qué se considera razonable participar en las primarias de todos los partidos al mismo tiempo.

El punto es que al habilitar la producción de tantos diseños de boletas como propuestas electorales haya, con todas las combinaciones imaginables por los partidos y sus listas internas, la boleta partidaria permitió el desarrollo de dos prácticas específicas. En primer lugar, el así llamado “efecto arrastre”. Cuando se vota a la presidencia, la suerte de las listas legislativas está atadas a la de la candidatura presidencial, ambas unidas en una única boleta partidaria. Las listas provinciales a menudo buscan este mismo arrastre, pegando los tramos de la boleta con las candidaturas subnacionales a los tramos de las categorías nacionales en una única tira de papel. La posibilidad del “arrastre” entre categorías es determinante a la hora de diseñar las estrategias electorales y de definir las propuestas que se ofrecerán al electorado. Por otra parte, una práctica más reciente es la de las adhesiones múltiples y cruzadas en las PASO: los partidos o alianzas pueden ofrecer distintas combinaciones de listas internas para diferentes categorías, armando una boleta diferente para cada combinación. El costo de este esquema se verifica en recintos que, especialmente en las PASO, pueden quedar repletos de boletas en un marco poco inteligible para el electorado.

El infierno está en los detalles

Es preciso asumir que el pasaje de las boletas múltiples partidarias a la BUP tiene implicancias que van más allá del reemplazo de un instrumento de votación por otro. Prácticas arraigadas en los usos electorales argentinos responden al uso de la boleta partidaria. Estas prácticas no son directamente trasladables a una boleta única. Por eso, al momento de adoptar la BUP las y los legisladores deben considerar cómo abordar y regular los cambios que ello supone. Distintos modelos y diseños de BUP responden de modo diferente a estos cambios, suponen distintos incentivos sobre el comportamiento electoral y sugieren, por ello, diferentes consecuencias.

El proyecto aprobado en estos días en la Cámara de Diputados opta por separar una boleta con todas las categorías nacionales de otra boleta provincial para eventuales elecciones simultáneas, cada una de ellas con opción de voto por la lista completa en ese nivel. La opción es técnicamente viable y políticamente razonable: mantiene el “arrastre” del ejecutivo nacional con el legislativo nacional y del ejecutivo provincial con el legislativo provincial, pero corta el vínculo físico en la boleta entre cargos nacionales y provinciales que caracteriza a la actual boleta partidaria. Así, alienta a realizar una opción más autónoma para los distintos niveles de cargos en juego mientras evita el potencial problema de la boleta gigante planteado como objeción a la reforma. El proyecto muestra más dificultades a la hora de lidiar con la práctica actual que permite múltiples combinaciones cruzadas entre listas internas en las primarias: elimina la opción de voto por lista completa y no resuelve qué pueden y qué no pueden hacer los partidos en este terreno, dejando cierto margen para futuros conflictos.

Razones e intereses en el rechazo al cambio

El proyecto, impulsado por la oposición, logró reunir la mayoría absoluta necesaria para su aprobación en la Cámara de Diputados. Es más incierto el panorama en el Senado. La boleta partidaria es para los jefes territoriales de una mayoría de provincias una herramienta más de poder electoral. Los argumentos de los especialistas –sobre todo la dificultad de implementar la BUP en elecciones simultáneas– pueden ser razones más o menos válidas, pero para los jefes territoriales serán poco más que excusas para mantener el statu quo. Es el puro interés electoral lo que los lleva a oponerse desde hace más de una década a la BUP, antes que cualquier prevención atendible sobre las dificultades de su implementación. Algunos politólogos expresan esto en términos de realpolitik: la boleta partidaria pone un freno a los outsiders, carentes de estructura territorial para cuidar sus boletas. En todo caso, si Argentina mantiene para el próximo ciclo electoral su particular instrumento de votación será menos por sus posibles bondades como por sus defectos, vinculados a restar equidad en la competencia.

Addenda: instrumento de votación y régimen de partidos

El debate por la BUP ha expuesto distintos problemas del régimen electoral argentino. Uno de ellos refiere a las condiciones previstas por la legislación argentina para obtener y conservar el registro partidario, las menos exigentes de América Latina. Esto facilita una oferta electoral fragmentada, sobre todo en las PASO, como consecuencia de la enorme cantidad de partidos registrados (45 de orden nacional y un promedio de 30 por cada uno de los 24 distritos). La dirigencia política conoce este problema tanto como los académicos, pero hasta ahora no ha habido voluntad de avanzar en una reforma. Pasar de un esquema en el que se ofrecen al votante múltiples boletas partidarias a otro en el que existe una boleta oficial supone un obvio avance en términos de integridad electoral. Pero, sin dudas, una legislación más equilibrada del régimen de partidos facilitaría una implementación exitosa de la BUP.