Son varios los análisis en que para explicar la lógica de las decisiones que toman en Palacio Nacional se usa la figura de la llamada “realidad paralela”, entendida como una ficción a la que desde la retórica se pretende dar sentido de verdad. Es, para decirlo de manera llana, inventar un mundo que no existe.

La presidenta de México presentó su iniciativa para posponer la elección judicial ordinaria de 2027 a 2028. Habrá una segunda elección judicial extraordinaria. La primera tuvo lugar en 2025. A invitación del INE, una Misión de la OEA evaluó ese proceso electoral, concluyendo lo siguiente: “La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.

Dice el primer párrafo de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial

“La reforma constitucional de 2024 en materia del Poder Judicial inauguró una etapa nueva en la vida democrática del país. En la jornada histórica del primero de junio de 2025, cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir el rumbo de la justicia en nuestro país. Ese día, el pueblo de México votó libremente por las nuevas personas juzgadoras del Poder Judicial, haciendo realidad la máxima de que en la democracia verdadera el pueblo es el que manda.” (sic)

Esa es la realidad paralela con la que, de una forma casi delirante, se pretende justificar la posposición a 2028 del segundo capítulo del fraude electoral más escandalosos que hayamos visto en México. Los desfiguros y trampas que caracterizaron la elección judicial de 2025 son presentados en la iniciativa presidencial como “áreas de oportunidad para perfeccionar el diseño normativo sin alterar su fundamento democrático.”   

La realidad es que la abstención en 2025 fue de 88 por ciento, la más alta nunca registrada; que los “cerca de 13 millones” de votantes representaron 12% del padrón electoral y de ellos un millón anularon su voto. Los testimonios de observadores, como los de la OEA, dieron cuenta de la coacción sobre los electores mediante los llamados “acordeones”. El resultado está a la vista de todos: la destrucción del Poder Judicial mexicano para sustituirlo por un remedo de sistema judicial bajo control del gobierno y su partido. La tremenda corte como paradigma.

La reforma de 2024 y la elección extraordinaria de 2025 demolieron el andamiaje judicial creado a partir de 1995. Barrieron con la Corte, los tribunales colegiados y los juzgados. Cientos de magistrados y jueces, formados y experimentados por años de carrera judicial, fueron despedidos y calumniados para poner en su lugar a los leales y disciplinados jueces de la 4T, surgidos de aquel concierto de acordeones. Simplificar la boleta es simplificar el acordeón. Esa es la intención.

Barrieron con el Poder Judicial federal y entregaron los poderes judiciales de los estados al arbitrio de los gobernadores, aliados con los grupos de interés en cada entidad federativa, incluyendo los del crimen organizado. En el concierto de acordeones de 2025 participaron 16 estados y la Ciudad de México. Para 2027 se tenía previsto que 13 entidades completarían la demolición de su Poder Judicial y 11 la realizarían de manera total. En 2 estados, Jalisco y Nuevo León, no habían adecuado sus constituciones y leyes a lo impuesto por la reforma del 15 de septiembre de 2024.

Ocurrió lo previsible: no es posible juntar en un mismo día las elecciones judiciales con las ordinarias en el año de la elección federal. En 2025 solo dos estados tuvieron elección ordinaria local. El INE instaló doble casilla en ellos. En 2028 lo tendrá que hacer en 4 estados, en los que eligen gobernador, complicación a la que se sumará la errónea decisión, llevada a la Constitución, de que las casillas para la elección judicial estén en el mismo lugar que las de las elecciones ordinaras. Una de las razones que el INE expuso para pedir posponer a 2028 la elección judicial es que no es operativamente la coexistencia en el mismo lugar de las dos elecciones, la judicial y la ordinaria. Transformar los 300 distritos electorales en un número indeterminado de distritos electorales judiciales es inviable. Habrán de provocar otro problema.

El proyecto de decreto y los motivos que expone la iniciativa dan cuenta de un hecho: los redactores no conocen el calendario electoral. Desconocen que el ciclo electoral mexicano es trianual, por lo que no es factible regular lo que no existe. En 2028 no habrá elección federal, tampoco en 2029, ni en 2031 ni 2032. Tendremos elección federal y 32 locales, en 2027, 2030, 2033, 2036 y así cada 3 años. Las elecciones judiciales tienen otro ciclo temporal, que se explica por los periodos de mandato de ministros, magistrados y jueces, que fluctúa entre 6 a 9 años. La elección judicial de 2025 y la que ahora se pospondrá al 2028 desfasan los dos tipos de elección

En el extremo de la realidad paralela, a la iniciativa presidencial se acompaña un oficio de la SHCP en que se afirma que en 2026 no habrá impacto presupuestal por la reforma. Lo que no dicen es que el impacto presupuestal se manifestará en 2028. Según los datos del INE, ese año necesitará 7 mil millones de pesos adicionales. Ese es el impacto presupuestal, al que deberían sumar lo que se requiera para que, en 2030, junto con la elección presidencial y la renovación de las cámaras del Congreso de la Unión, se realice la primera elección judicial ordinaria. Auguro que en 2029 la presidenta de México propondrá la reforma de la reforma de la reforma, para posponer la elección judicial ordinaria del 2030 al 2032. Esa es la realidad.

Posdata: Por la ventana se pretende meter lo que no entró por la puerta. Adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027 se vuelve a proponer, de manera subrepticia, en la iniciativa presidencial. ¡Que necedad!