No solo en México se vienen impulsando reformas electorales desde el Ejecutivo. También en Centroamérica, específicamente en El Salvador, fueron presentadas durante el mes de mayo dos propuestas de reforma constitucional que podrían reconfigurar el sistema electoral salvadoreño. Como suele ocurrir con este tipo de iniciativas, las propuestas no han estado exentas de polémica. Al igual que en México, el debate ha generado cuestionamientos desde sectores de oposición y organizaciones de la sociedad civil, aunque en el caso salvadoreño el proceso ha estado marcado por menores niveles de deliberación pública, apertura institucional y participación ciudadana.

La primera propuesta se refiere a la forma en que serán integrados y elegidos los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hasta ahora, dicha elección se realizaba cada cinco años por la Asamblea Legislativa mediante un sistema de nominación partidaria para tres de los cinco magistrados, mientras que los otros dos eran propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Los partidos con derecho a presentar candidaturas eran aquellos que hubiesen obtenido los tres primeros lugares en la elección presidencial anterior, y la presidencia del órgano electoral recaía en el magistrado propuesto por el partido ganador de la Presidencia de la República.

Este modelo tuvo su origen en los Acuerdos de Paz de 1992, cuyo propósito fue facilitar la incorporación política de los actores firmantes del conflicto armado, particularmente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) (Naciones Unidas, 1992). Asimismo, ello explica por qué únicamente los magistrados propuestos por la Corte Suprema debían cumplir requisitos equivalentes a los exigidos para magistrados judiciales de segunda instancia, mientras que los demás podían provenir de disciplinas distintas al derecho.

La nueva propuesta de reforma al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos contempla que la integración del TSE deje de responder a cuotas partidarias y pase a realizarse mediante un mecanismo de elección de segundo grado, similar al utilizado para instituciones como la Fiscalía General de la República o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. No obstante, esta transformación ya se perfilaba desde 2024, particularmente tras el inusual proceso de elección de magistrados para el período 2024–2029. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa rechazó, en dos ocasiones, las ternas presentadas por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), argumentando que los candidatos no podían acreditar suficientemente su desvinculación partidaria. Esta situación evidenció una contradicción estructural dentro de la normativa vigente: la nominación dependía de los partidos políticos, pero simultáneamente se prohibía que los candidatos hubiesen mantenido militancia o colaboración político-partidaria reciente.

Finalmente, una tercera terna fue aceptada y los magistrados fueron electos en septiembre de 2024. Sin embargo, otra reforma aprobada posteriormente redujo anticipadamente el período de esta magistratura debido al adelanto de las elecciones generales para 2027. A juicio del autor, las condiciones políticas e institucionales de ese momento no permitieron impulsar la reforma estructural del TSE desde entonces, particularmente porque el órgano electoral permaneció acéfalo durante varias semanas y era prioritario restablecer su funcionamiento.

En este punto resulta válido ponderar tanto los aspectos positivos como los riesgos de la propuesta. Por un lado, podría perderse un mecanismo histórico de pesos y contrapesos, ya que el proceso quedaría concentrado en una Asamblea Legislativa dominada actualmente por una amplia mayoría oficialista. Aunque la propuesta alude a principios de meritocracia, transparencia y participación de sectores sociales, su legitimidad dependerá de la efectiva implementación de dichos principios.

Por otro lado, también puede argumentarse que el modelo vigente respondió a un contexto histórico-político específico de hace más de tres décadas y que el país requiere modernizar uno de los pilares de su institucionalidad democrática. Las tensiones políticas dentro del TSE no han desaparecido; de hecho, la polarización podría profundizarse de cara a las elecciones de 2027. Experiencias recientes en la región, como la crisis poselectoral registrada en Honduras tras las elecciones de noviembre de 2025, demuestran cómo los conflictos dentro de los organismos electorales pueden derivar en crisis institucionales de gran magnitud (International IDEA, 2026).

La segunda propuesta de reforma se refiere a la creación de una circunscripción electoral en el exterior que permita a la diáspora salvadoreña elegir diputados a la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa implicaría reformas adicionales a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior, al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos. La propuesta no pretende aumentar el número actual de sesenta escaños legislativos, sino redistribuirlos, reduciendo representación a los departamentos de San Salvador y La Libertad para asignar seis diputaciones correspondientes al voto en el exterior. Sin embargo, aquí surge nuevamente la controversia política, pues estos departamentos constituyen actualmente los principales bastiones de representación opositora.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Acción Ciudadana, han advertido posibles riesgos para la proporcionalidad del sistema y señalan que el mecanismo podría favorecer aún más la concentración legislativa del oficialismo, especialmente bajo el método de asignación utilizado en las elecciones de 2024.

El debate en torno al voto de la diáspora no es nuevo en El Salvador. El país fue uno de los últimos en América Latina en aprobar el voto en el exterior debido a profundas diferencias políticas sobre el posible impacto electoral de la migración salvadoreña. No fue sino hasta 2013 cuando se aprobó la primera legislación sobre sufragio extraterritorial, implementándose inicialmente un sistema de voto postal para las elecciones de 2014 y 2019 (Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, 2013).

Posteriormente, en 2022 se produjo un cambio significativo con la aprobación de la Ley Especial para el Sufragio en el Exterior, la cual incorporó el voto electrónico presencial y el voto por internet. Esta reforma permitió registrar a más de 730 000 personas habilitadas para votar desde el exterior y alcanzar niveles históricos de participación durante las elecciones de 2024, con más de 320 000 votos emitidos, la mayoría mediante voto por internet (TSE, 2024).

Habiendo formado parte de la comunidad salvadoreña residente en Estados Unidos, particularmente en el estado de Virginia, el autor pudo observar, de primera mano, el entusiasmo generado por la posibilidad de votar electrónicamente. Desde esa perspectiva, la creación de una circunscripción electoral en el exterior parece constituir el siguiente paso lógico en el reconocimiento político de la diáspora salvadoreña.

Sin duda, el país enfrenta un reto complejo. La Asamblea Legislativa deberá garantizar que las reformas sean técnicamente sólidas, transparentes y políticamente inclusivas. Paralelamente, el TSE tendrá la difícil tarea de implementar cambios sustanciales en un plazo reducido antes de las elecciones de 2027, en las cuales coincidirán elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

El desafío será aún mayor considerando que el propio órgano electoral continúa atravesando un proceso interno de reestructuración y que sus actuales magistrados concluirán funciones pocos meses después de los comicios. Como ocurre con toda reforma institucional, será el tiempo y no únicamente el discurso político el que determinará si estos cambios fortalecen realmente la democracia salvadoreña o si únicamente redefinen las formas de control partidario dentro del sistema electoral