Según los datos oficiales hemos superado las 180 mil personas asesinadas en un sexenio. El mayor problema que hereda el actual gobierno, que terminará el 30 de septiembre, al que iniciará el 1 de octubre de este año, es la inseguridad y la violencia, que afectan a cientos de municipios y a todas las entidades federativas. Nadie se salva.

Está probado que la creación de la Guardia Nacional y su inconstitucional militarización no han sido, ni serán, la forma de enfrentar el flagelo de la inseguridad y la imparable extensión del control territorial que ejercen las bandas del crimen organizado. Parte del mismo fracaso es el desempeño de la Fiscalía General de Justicia. Del desprestigio de los policías judiciales, a los que por falta de información muchos creen parte del Poder Judicial, se aprovechan quienes generalizan la denuncia de corrupción de los jueces, a los que se ataca no por casos específicos y probados, sino por sentencias contrarias al gobierno.

Para que no se hable de la inseguridad y la violencia, en el gobierno prefieren hablar de la iniciativa de reforma para elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros de los poderes judiciales, tanto de la Federación como locales. Como es costumbre, la narrativa presidencial es de polarización y distracción. Dicen que para combatir la supuesta corrupción de los jueces el pueblo debe elegirlos. Que para “democratizar” la justicia hay que decidir por voto popular quienes serán los responsables de impartirla. Según la presunta presidenta electa, la reforma hará más independientes a los jueces.

Lo que inició como un embate contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, cabeza del Poder Judicial Federal, ha derivado hacia la pretensión de aprobar, en septiembre próximo, la más complicada de las 20 iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero por el presidente López Obrador, la de reforma del Poder Judicial. La viga maestra de esa iniciativa es la elección popular de jueces, magistrados y ministros, que sería, a mi juicio, el instrumento para someter al Poder Judicial, borrar de un plumazo la división de poderes y colocar la justicia al servicio de  los proyectos y necesidades de la 4T.

¿Podemos estar ante un cambio de régimen? Si.

Corremos el riesgo de pasar de la democracia representativa, con división y equilibrio de poderes, a una nueva forma de autoritarismo con envoltura electoral. Con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, colocar al Poder Judicial bajo al control del Poder Ejecutivo podría ser el siguiente paso en la formación de un nuevo régimen político, de partido hegemónico, casi único. No como el PRI del siglo pasado, sino como instrumento de un poder político transexenal. De una pretensión de maximato.

En el régimen presidencialista mexicano del siglo XX, el presidente saliente entregaba el control y mando del PRI al sucesor por él designado. En el régimen de la 4T, el presidente saliente entregó a su sucesora un simbólico bastón, sin mando. Pasada la elección, la trata como subordinada y la lleva a su lado en la gira del adiós, que no parece un adiós, sino un hasta pronto. A la presidenta electa con casi 36 millones de votos se le imponen políticas a instrumentar y secretarios a designar, pero no se le permite colocar al frente del partido del gobierno alguien de su equipo. En una cosa tienen razón: Morena no es el PRI de antaño  

Proponer que los impartidores de justicia sean representantes populares es un extravío. Los jueces, federales o locales, que tienen competencia en un municipio, en un estado, o en la CDMX no representan a los ciudadanos, esa no es su función. Al pueblo lo representan los diputados y senadores. Pretender que los jueces sean electos por el pueblo desnaturaliza su función y abre la puerta al riesgo de que la justicia quede al servicio de intereses delincuenciales. Elegirlos por voto popular no los hará independientes. Todo lo contrario. Quienes patrocinen y paguen a los candidatos en las campañas judiciales tendrán poder sobre ellos y sus sentencias.  

Lo que propone esa reforma no contribuirá a recuperar la seguridad de personas y familias, ni detendrá la violencia que a diario vemos a lo largo y ancho del país. Al contrario, los jueces y magistrados electos estarán sometidos a un doble yugo: del que los propuso y del que les dio dinero para su campaña. El mecanismo para postular a los candidatos en las elecciones judiciales, tanto para la primera elección como en la reelección, está diseñado para mantenerlos bajo control. Se pretende que el juez o magistrado electo no podrá ser cambiado de ámbito de competencia territorial, sino deberá mantenerse en el distrito o circuito judicial que le haya sido asignado en su primera elección. Eso es parte del mecanismo que se pretende instaurar para el control y subordinación del Poder Judicial.

Destruir la carrera judicial, acabar con la profesionalización, independencia e imparcialidad de los jueces, magistrados y ministros, será la consecuencia inevitable de la elección de los impartidores de justicia. La división de poderes, que es uno de los componentes de la democracia representativa, será demolida, usando como martillo el instrumento más antiguo de la propia democracia, el voto popular. No será la primera vez que usando los instrumentos de la democracia se le pretenda destruir.

La reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador es perjudicial para la justicia y para la democracia. Reclamar a sus críticos porque no presentan propuestas para “mejorarla”, es un ardid para eludir el debate de fondo. La discusión no es para encontrar la forma de tragar esa rueda de molino. El tema es que esa reforma tiene la pretensión de cimentar, sobre las ruinas del Poder Judicial y el control absoluto del Poder Legislativo, el segundo piso de la 4T.

Sígueme en: www.vozyvoto.com.mx