El pasado mes de octubre se cumplieron setenta y un años del voto femenino en México. No es mucho si consideramos que nuestro país acumula 200 años de vida republicana. Mujeres hoy aún vivas estrenaron ese derecho en 1955,¹ fundamental para alcanzar la condición de igualdad y libertad que persigue todo régimen democrático; uno que reconoce que todas las personas tienen el mismo derecho de participar en la vida pública y política de su país, en igualdad de oportunidades y condiciones.

Mucho ha cambiado desde entonces a la fecha. Los avances legales (y junto con ellos, culturales e idiosincráticos) han sido sustantivos y los resultados están a la vista. Para no ir más lejos, el pasado 1 de octubre tomó protesta la primera mujer presidenta de la República de México, un hecho que hasta hace apenas una década parecía inimaginable y que significa un cambio de paradigma en la vida política de nuestro país. Hoy, como tampoco había ocurrido antes en la historia mexicana, trece de las treinta y dos entidades son gobernadas por mujeres (incluida la capital CDMX), y el Congreso de la Unión, al igual que la mayoría de los legislativos estatales, no sólo son paritarios sino que están integrados por más mujeres que hombres: la Cámara baja tiene 251 legisladoras y 249 legisladores,² y en veintiún congresos estatales también son mayoría las diputadas. En todo el país, suman 592 mujeres y 511 hombres ocupando las curules de los legislativos locales. 

A nivel municipal, en donde lograr la paridad ha sido más difícil y lento, sólo cuatro estados tienen mayor número de municipios gobernados por mujeres;³ en la mayoría, ellas apenas alcanzan a presidir la tercera parte de los ayuntamientos de su entidad. Ahí falta camino por andar, pero hay que decir que el avance ha sido progresivo y sostenido: en 2010 las mujeres gobernaban 5.3 % de los municipios de todo el país; hoy están a la cabeza del 30 %.

 En los últimos años, nuestro marco normativo constitucional y legal ha sufrido una profunda transformación encaminada a garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres. Es quizá el ámbito de la vida pública en donde más se ha avanzado hacia la paridad. A partir de una reforma constitucional de 2011, el Estado mexicano amplió el alcance de sus obligaciones para proteger los derechos humanos enmarcados en los instrumentos internacionales y, de esta manera, la participación política adquirió un rango de protección superior (constitucional). 

Desde entonces, un conjunto de cambios legales abrió, como nunca antes, las contiendas electorales a la participación de las mujeres: la reforma de 2014, que incorporó la paridad como principio constitucional; la posterior de 2019 mejor conocida como #ParidadEnTodo o paridad transversal; y la de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Las normas no sólo fueron aprobadas y son vigentes, sino que –junto con las acciones afirmativas impuestas por las autoridades electorales– han producido sus efectos, haciendo posible que cada vez más mujeres ocupen espacios de poder, de representación política y de toma de decisiones públicas a todo nivel.

El caso jalisciense

El caso jalisciense es emblemático para mostrar lo alcanzado en los últimos lustros: hace sólo diez años las mujeres ocupaban apenas la cuarta parte de las posiciones del Congreso local que, para 2021, llegó a ser el parlamento más poblado por mujeres en el país y (hasta entonces) en la historia de México. El desarrollo se cuenta con estos números: en 2006, el Congreso de Jalisco tenía treinta y seis diputados y cuatro diputadas (sólo 10 % de las curules);⁴ en 2009, las mujeres duplicaron su representación y lograron ganar ocho posiciones en el legislativo; para 2012 fueron nueve; y en 2015, dieciséis; al igual que en las elecciones de 2018. Fue hasta 2021 que se logró la paridad, incluso ir más allá, con veinticuatro mujeres (63 %) electas como diputadas: trece por mayoría relativa y once por el principio de representación proporcional.⁵ Una genuina conquista progresiva de espacios de representación política para las mujeres en el estado. 

Para la elección a munícipes, como ocurre a nivel nacional, la historia se cuenta diferente a la de los triunfos en el legislativo (no se ha alcanzado la paridad), pero los progresos son claros: de la elección de 2021 a las recientes del pasado 2 de junio, las mujeres pasaron de gobernar veintiséis a cuarenta y nueve de los 125 municipios que hay en Jalisco. Esto significa que en el próximo trienio serán mujeres quienes gobernarán a más del 40 % de la población del estado, cuando su mayor alcance había sido ocupar el primer cargo municipal de ayuntamientos donde viven en su conjunto sólo 14 % de los jalisciences en la entidad. Es decir, en estas elecciones casi se duplicó el número de alcaldesas electas, pero la cantidad de personas que ellas gobernarán es tres veces mayor.

Esto se debe a que para las elecciones de 2024 se impusieron en el estado nuevas reglas de postulación paritaria para que mujeres y hombres fueran postulados no sólo en mismo número, sino también en iguales condiciones de competencia política (con mismas posibilidades de triunfo). Además de los conocidos bloques de competitividad, en Jalisco se impuso un bloque de población que, en los hechos, obligó a postular mujeres en los municipios más poblados y más competitivos de cada partido político y coalición. Como resultado de esa medida, ocho municipios de los veinte más poblados de la entidad serán gobernados por mujeres, de los cuales dos se encuentran entre los cinco que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, incluyendo su capital. Nunca como ahora, tantas mujeres llegan a presidir su municipio en Jalisco. 

El pendiente: la violencia

El avance es innegable, pero estamos lejos de arribar a la estación final. Como es obvio, el trabajo para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres no se agota al posibilitar el acceso a espacios de representación y gobierno para ellas, pues en muchos casos siguen participando en la vida pública y política en condiciones de clara desigualdad y desventaja, cuando no de franca discriminación o violencia. Ese es, quizá hoy, el reto más importante que tenemos para alcanzar la tan anhelada igualdad en el ejercicio de derechos: prevenir, enfrentar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG).

Paradójicamente, el involucramiento de las mujeres en la política y el crecimiento exponencial de su participación en los procesos electorales a partir de las reglas de postulación paritaria, ha producido mayores casos de violencia política. De acuerdo con la encuesta Experiencias Políticas, Proceso Electoral 2020-2021,⁶ realizada por iniciativa de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la violencia política de la que fueron víctimas mujeres durante y después de ese proceso electoral a nivel nacional fue elevada: 83 % de las candidatas consultadas señaló haber vivido alguna manifestación de violencia. 

No obstante que la violencia política contra las mujeres se vive todos los días, en todas partes y a todo nivel, el porcentaje de denuncias presentadas es desconcertantemente bajo. En un estudio realizado en Jalisco en 2021,⁷ apenas el 11 % de las mujeres que dijeron haber sufrido algún tipo de violencia política durante el proceso electoral de aquel año lo denunció ante alguna instancia. Las razones: miedo a sufrir represalias por no considerar el evento de importancia o relevante, por no tener el apoyo de su partido para ir a denunciar o bien porque no sabían que podían hacerlo. 

De acuerdo con los hallazgos del Programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género, con enfoque interseccional e intercultural para el proceso electoral 2023-2024 del INE, “se identificó… un bajo índice en la presentación de denuncias y/o quejas. Sólo 53 % de las usuarias aceptó iniciar un procedimiento jurídico”.⁸ Una de las conclusiones que arrojó el Programa señala que “los contextos de violencia social que se viven en los espacios de incidencia de las candidatas es determinante para iniciar o no un procedimiento por vpg; muchas de las usuarias dijeron tener miedo de denunciar, y el miedo es un obstáculo para el logro de sus derechos.”⁹ 

A este desánimo por denunciar se suma el destino desalentador que corre la mayoría de los juicios que se presentan sobre VPG. Un dato lo dice todo: desde 2020 hasta julio de este año, el ine recibió 506 quejas por VPG, de las cuales, sólo el 13 % tuvo sentencia firme declarando la existencia de la violencia denunciada.¹⁰ Denuncias que terminan, en su mayoría, sin consecuencia alguna, que en muchos casos suponen a las víctimas estrés, angustia –para no hablar del miedo–; un desgaste emocional que transitan con el afán de alcanzar una justicia que no termina por llegar. 

Como consejera electoral fui parte de esa estadística. Recibí una amenaza de muerte durante los cómputos distritales para modificar los resultados de la elección a la gubernatura, además de múltiples mensajes de intimidación y hostigamiento, por no hablar de la difusión de frecuentes comunicaciones en redes sociales donde se me acusaba de fraude por haber obtenido el cargo de consejera “gracias al favor” de exconsejeros del INE y de otros actores políticos locales con quienes se me vinculó falsamente (cuñada, comadre, amante). 

Ser mujer en el ejercicio de la función pública parece algo fácilmente atribuible al mérito de otros “hombres que te hacen llegar”. La realidad es que “para llegar”, las mujeres deben sortear un sinnúmero de obstáculos por su condición de género sólo por el hecho de ser mujeres. Según los datos del Programa piloto ya referido, “los dirigentes o funcionarios de los partidos políticos que las postulan [a candidatas] son los principales perpetradores de la vpg, lo que indica que el espacio donde son mayormente violentadas las mujeres políticas es dentro de sus propios partidos”. Probablemente, esa sea una de las razones por las que en el reciente proceso electoral, en el ámbito de las elecciones locales, 4265 mujeres renunciaron a sus candidaturas (1110 renuncias más que las presentadas por hombres).¹¹

El efecto, el daño de la violencia política contra las mujeres que se involucran en la vida pública del país –que son candidatas o ejercen cargos públicos–, se agrava y es más profundo por el clima de inseguridad extendido y la impunidad. Los datos y la evidencia indican que la violencia representa el principal obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México. Se ha posibilitado su acceso a cargos públicos y de elección popular con normas cuyos resultados son palpables y demostrables, pero estamos lejos de superar la frontera de la violencia por razones de género, de garantizar condiciones de participación que no expongan el prestigio o la vida, que hagan posible el involucramiento libre y sin miedo de las mujeres en la política mexicana, todavía plagada de hostilidad y resistencias contra ellas.

Para las mujeres que ocupamos cargos públicos es una lucha diaria combatir los estereotipos, las conductas discriminatorias y las malas costumbres, tan enraizadas en nuestra sociedad, que minan nuestro desempeño, disminuyen nuestros méritos y con todo ello obstruyen el desarrollo pleno de nuestras capacidades. La violencia política hacia las mujeres es una amenaza a la vida democrática y, en términos del bien social, un enorme desperdicio (uno de magnitudes mayúsculas), pues no sólo apaga las aspiraciones, talento y libertades de mujeres concretas, sino que al hacerlo (al sacarlas de la jugada), disminuye las posibilidades de mejorar la calidad de vida de todos y todas, en un mundo que ha sido históricamente dominado por hombres, pero que siempre ha sido también un mundo de mujeres. 

Claudicar no es una opción. Los esfuerzos deben continuar con decisión, perseverancia y trabajo. No hay empeño que sea suficiente, ni avance con el que debamos conformarnos cuando perseguimos el ejercicio pleno de los derechos humanos.