“Sufro la violencia política, hostigamiento y maltrato continuo... Hay todo un gobierno 

detrás. El hostigamiento y la persecución política es muy clara. No hablo de algo 

que creo: está pasando... Es una violencia política, en lo emocional y psicológico; 

quieren acabar con mi moral y mi decencia”.

Verónica Abad, Vicepresidenta de Ecuador

La participación de las mujeres en puestos clave para la toma de decisiones ha sido una de las principales demandas de los movimientos feministas a nivel mundial, como parte esencial de su lucha por potenciar el rol de las mujeres en todos los ámbitos. Históricamente, las mujeres hemos sido relegadas al ámbito privado a partir de concepciones erróneas que perpetúan la idea de capacidades inferiores o una supuesta falta de aptitud para involucrarse en asuntos públicos.

Hoy en día seguimos escuchando voces que insisten en lo que yo llamo un “falso dilema” entre la capacidad y la implementación del principio de paridad. Se argumenta que los cargos públicos deben ser asignados únicamente en función del mérito, sin considerar el género. Se sostiene que el “talento” debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, salvo cuando las capacidades sobresalientes las presenten sólo mujeres, porque en esos casos sí se quiere aludir al principio de paridad de género para favorecer a los hombres –como lo vimos en la sesión de Consejo General del 26 de septiembre, en la que designamos consejerías de los Organismos Públicos Locales (OPL)–. Aunado a esto, aludir al “talento y no al género” para descartar mujeres, parte del prejuicio de que las mujeres son menos capaces que los hombres para tratar los asuntos públicos. Estas creencias no sólo subestiman las capacidades de las mujeres, sino que también han sido utilizadas para justificar su exclusión sistemática de los espacios de poder.

       Las mujeres y los hombres no difieren en sus capacidades intelectuales para desempeñar trabajos o asumir responsabilidades. No obstante, las mujeres son las únicas que, a lo largo de la historia, han tenido que enfrentarse a numerosos obstáculos que limitan su participación en puestos de toma de decisiones. Entre las dificultades que han tenido que enfrentar destacan la persistencia de una cultura discriminatoria dentro del aparato público y los partidos políticos –que se resisten al acceso de las mujeres a los espacios de poder–, así como la constante desvalorización de sus capacidades y contribuciones en el ejercicio del poder político.

Un ejemplo claro de esta realidad se encuentra en un informe de UNICEF y ONU Mujeres, que señala que las adolescentes enfrentan mayores niveles de discriminación debido a su edad y género. Estas jóvenes siguen siendo marginadas en sus comunidades y en los espacios de toma de decisiones, quedando invisibles para las políticas públicas de sus respectivos gobiernos.¹

La inclusión de las mujeres en la esfera política ha sido un tema desafiante tanto para las distintas instituciones del Estado como paras millones de mujeres en México. A lo largo de los años, hemos defendido nuestro legítimo derecho de participar y estar representadas en los espacios en donde se toman las decisiones que tienen impacto en la vida pública y política de nuestro país. Este avance no ha sido fácil, dado que hemos tenido que abrirnos paso en un terreno desigual, dominado por la hegemonía masculina. Por ello, hemos luchado por establecer un piso parejo de oportunidades, impulsar el liderazgo político de las mujeres y promover la igualdad de género.

Los primeros avances para promover la participación política de las mujeres se implementaron en 1993 mediante reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), a través de simples recomendaciones que evolucionaron a cuotas. Sin embargo, ante cada medida que se implementaba era palpable la resistencia machista, que hacía oídos sordos a las “recomendaciones” o implementaba estrategias para “cumplir” con las cuotas, pero evitar su impacto, por ejemplo: postulando mujeres sólo en los lugares donde los partidos que las postulaban tenían un registro histórico de bajas votaciones, o en la Cámara de diputaciones poniendo como propietarias de la fórmula a mujeres para cumplir con la cuota, pero como suplentes a hombres para hacer que ellas renunciaran y quienes ejercieran los cargos fueran hombres. 

No obstante, todo esto, incluyendo todas las estrategias que implementaron los partidos políticos para que las mujeres no llegaran a los cargos públicos, fueron el preámbulo para la incorporación del principio de paridad en la Constitución federal en 2014, ampliado en sus alcances con la reforma constitucional de 2019. 

Pero la pregunta aquí es ¿todos estos cambios constitucionales y legales son suficientes?, y la respuesta es no. Primero porque los cambios en el ámbito legislativo requieren de operadores de la norma que los hagan efectivos, que no permitan que se queden en letra muerta o sólo en un discurso que busca el aplauso fácil. Para este artículo me pidieron hablar sobre toma de decisiones. Cómo siento que soy juzgada al momento de tomarlas y cómo es, si es que lo hay, el proceso de resiliencia. 

Para atender esa petición me parece importante narrar la construcción del acuerdo histórico del INE sobre paridad en gubernaturas. Cuando se publicó la reforma constitucional de 2019, conocida públicamente como de “Paridad en todo”, (6 de junio de 2019), la leí y no advertí avances para las mujeres en el ámbito electoral, a menos que esa “Paridad en todo”, que se anunciaba con una fuerte campaña mediática, alcanzara a las postulaciones a las gubernaturas, considerando que hasta ese momento, sólo un pequeño grupo de mujeres había llegado a ocupar ese cargo: Griselda Álvarez Ponce de León (Colima, 1979-1985), Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala, 1987-1992), Amalia García Medina (Zacatecas, 2004-2010), Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán, 2007-2013), Claudia Pavlovich (Sonora, 2015-2021), Claudia Sheinbaum (Ciudad de México, 2018-2023), y Marta Erika Alonso Hidalgo (Puebla, 2018, que falleció el mismo año en que tomó protesta del cargo). Omito de este recuento a Dulce María Sauri (Yucatán, 1991-1993) y a Rosario Robles Berlanga (Distrito Federal, 1999-2000), porque fueron gobernadora y jefa de gobierno interinas, es decir, su designación no fue determinada por el voto popular.

Anticipé que, a pesar de que esa reforma se presentaba en los medios como de “Paridad en todo”, no querrían que llegara hasta las gubernaturas, pero a la vez pensé que si no hacíamos algo para darle contenido a esa promesa en las siguientes elecciones en las que se renovaran gubernaturas, la paridad jamás alcanzaría esos cargos o tardaría muchos años más, así que comencé a plantear la necesidad de que, si el Congreso no legislaba al respecto, el ine emitiera un acuerdo para garantizarla. 

La primera vez que lo planteé fue en una reunión con opl. Tan sólo lo puse como una reflexión, pero las voces tras bambalinas comenzaron a decir que eso “nunca iba a pasar”. Luego lo dije en una reunión nacional de observatorios locales de participación política y una senadora (que formó parte de la aprobación de esta reforma constitucional) en respuesta a la posibilidad que planteé de que el INE, ante la falta de legislación, emitiera reglas para garantizar postulaciones paritarias para las gubernaturas, dijo que “la compañera del ine” no sabía cómo se aplicaba el principio de paridad de género porque no se aplicaba en cargos unipersonales, y además, que las gubernaturas “no habían formado parte de las negociaciones”.

Posteriormente, en una reunión que tuvimos las consejerías del INE al final del año para abordar temas coyunturales que se nos avecinaban para el siguiente año, yo llevé el tema de emitir criterios o lineamientos para garantizar postulaciones paritarias en las gubernaturas que se renovarían en 2021. La respuesta, después de la presentación, fue de rechazo por los consejeros, quienes medularmente alegaron que establecer reglas para garantizar postulaciones paritarias en las gubernaturas que se renovarían en 2021 atentaba contra el federalismo. En ese momento había otras tres consejeras, además de mí, integrando el Consejo General y aunque todas me expresaron su apoyo en lo privado, en la presentación que hice sobre el tema no dijeron nada. 

Como en ese momento (2019) presidía la otrora Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, solicité que se hiciera un análisis jurídico para revisar la viabilidad de implementar el principio de paridad en las gubernaturas, y en el primer estudio que me enviaron (20 de marzo de 2020), la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación concluía que dicho principio era aplicable a los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas, pero no para la elección de la persona titular del ejecutivo local en las entidades federativas y que, en todo caso, correspondía a las legislaturas de los estados normarlo.

Advertí que este estudio no estaba considerando algunos criterios importantes de la Sala Superior (SS) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por esa razón, devolví el primer estudio y solicité que se tomaran en cuenta los criterios más recientes que habían pasado por alto. Si al final, llegaban a la misma conclusión, aunque no coincidiera con mi opinión, al menos estarían evaluando todos los elementos con los que contábamos en ese momento. Así que envié los criterios de la SS y la SCJN, y en mayo de 2020 recibí un segundo estudio. El 29 de mayo de 2020, en una sesión extraordinaria de la Comisión Temporal se realizó la presentación del análisis jurídico en el que se concluyó que ya se había disuelto la barrera establecida respecto a la aplicación del principio de paridad de género en los cargos unipersonales y que el hecho de no haberse previsto la manera de operar el principio de paridad para la postulación de candidaturas a gubernaturas permitía a la autoridad administrativa electoral nacional garantizar a las mujeres el derecho a acceder en condiciones paritarias a todos los cargos de elección popular. 

De forma paralela a estos trabajos, la integración del Consejo General cambió en julio de 2020, ya que concluyeron su encargo la consejera Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, y los consejeros Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez, y en su lugar rindieron protesta las consejeras Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, y los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y Fernando Martín Faz Mora, lo que fue determinante para que este tema saliera adelante porque más consejerías se sumaron a la propuesta de que el INE emitiera reglas para garantizar postulaciones paritarias en las gubernaturas, específicamente las consejeras Carla Humphrey y Norma de la Cruz y el consejero Martín Faz.

Así, el 6 de noviembre de 2020 aprobamos en Consejo General el acuerdo mediante el cual establecimos las directrices que debían seguir los partidos políticos para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de las quince gubernaturas que se renovarían en las elecciones de 2021, por lo que los partidos políticos tenían que postular al menos a siete mujeres como candidatas.

El Acuerdo fue impugnado por el PAN y el Senado de la República, y aunque la SS revocó la determinación adoptada por el INE porque consideró que carecía de competencia para emitirlo en concordancia con el principio de reserva de ley y la soberanía de los estados, en la sentencia se vinculó a los partidos políticos a postular a siete mujeres como candidatas a las quince gubernaturas, estableciendo que, en caso de incumplimiento, se negarían los registros de las candidaturas de hombres. Así fue como en las elecciones locales de 2021, por primera vez, aplicamos la paridad de género en la postulación de las candidaturas a gubernaturas.

Las lecciones que he obtenido de cada una de mis experiencias reflejan realidades profundas, que nos recuerdan la importancia de seguir luchando por nuestras convicciones, mantenernos firmes y asegurar que los derechos y avances conquistados que hemos logrado se mantengan firmes y se fortalezcan. Algunos de estos aprendizajes son: 

1. El compromiso con la paridad sigue siendo más un discurso que una realidad.

2. Quienes integran los órganos de decisión sí importan, y sobre todo importa su compromiso con los Derechos Humanos.

3. No podemos dar por sentados los logros que hasta el momento hemos obtenido, la lucha por conservarlos es, por el momento, permanente.

A veces todas las voces nos dicen que no lo vamos a lograr, pero siempre vale la pena dar la batalla y siempre existe la posibilidad de ganar.