Las encuestas, como equivocadamente algunos piensan –lo que las hace blanco de críticas y reproches–, no predicen el futuro, solo presentan «fotografía» del momento en que se levantan. Cuando se tienen varias de estas «fotografías», comparándolas podemos descubrir movimientos entre las distintas «imágenes» que, técnicamente, se llaman tendencias y son las que nos dan pistas sobre lo que pudiera suceder si cambian o se mantienen.

En Ecuador habrá elecciones generales en febrero de 2021 y, sin tener claros todavía los efectos económicos, sociales y políticos que nos dejarán la pandemia y el confinamiento, es temprano para hablar de posibles candidaturas o ganadores. En todo caso, para abordar lo que podría suceder en el próximo proceso electoral, esta historia debe empezar unos años atrás.

El 4 de diciembre de 2015, en una controvertida y criticada decisión, con 100 votos a favor de un total de 137, el órgano legislativo de Ecuador, la Asamblea Nacional, reformó la Constitución y aprobó la reelección indefinida consecutiva para todos los cargos de elección popular, incluyendo el de presidente de la República. La reforma había sido impulsada desde hacía un año atrás por el movimiento oficialista Alianza País (AP) y por el presidente en ese momento, Rafael Correa, que ocupaba el cargo desde 2007.

Más allá de que la enmienda fue calificada de inconstitucional por la oposición y por varios juristas que sostenían que el trámite apropiado era un proceso de reforma constitucional que incluyera una consulta popular o, incluso, el de convocatoria a Asamblea Constituyente, la principal crítica era la de que Correa, que venía ganando 3 elecciones presidenciales consecutivas, pretendía perennizarse en el poder. Él, por su parte, sostenía que «la enmienda no disminuye derechos, aumenta derechos. El que cree en la alternabilidad (en el poder) puede votar por la alternabilidad, pero el que cree en la continuidad también lo podrá hacer», mientras retaba a la oposición a que reuniera las firmas para ir a una consulta popular sobre la reelección indefinida. Parecía clara su intención de intentar reelegirse una vez más.

Así, el centro del debate entre oficialismo y oposición estaba en la posibilidad de que Correa fuera presidente un cuarto periodo consecutivo, lo que a todas luces era antidemocrático porque rompía con el principio de alternabilidad, tan necesario en las democracias. Sin embargo, en una decisión de último momento y que sorprendió a todos, la reforma no fue aprobada para que entrara en vigencia en las siguientes elecciones de 2017, sino para las de 2021. Es decir, Correa no podría presentarse a una tercera reelección consecutiva, aunque sí en la subsiguiente.1

El régimen de Correa mostró pronto tendencias autoritarias que se hicieron más marcadas con el paso del tiempo. En 2008, un año después de haber comenzado su primer período, logró la aprobación mediante consulta popular de una nueva Constitución, cuyo diseño le permitió controlar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cabezas de las dos nuevas funciones que creó la nueva carta política: la de Transparencia y Control Social y la Electoral, con lo que a su vez pudo colocar a gente cercana en la Contraloría, en la Fiscalía General del Estado y en la Corte Constitucional, entre otras instituciones políticas trascendentales. Por otra parte, a través de una consulta popular llevada a cabo en 2011, consiguió también el control de la Función Judicial.

Las preguntas eran, entonces, ¿por qué no mantenerse en la presidencia si ya tenía tanto poder y control? ¿Por qué no continuar siendo presidente un período más o los que fueren? Parte de las respuestas están en las encuestas.

Correa y su partido ganaron 3 elecciones presidenciales consecutivas, pero además obtuvieron resultados favorables en dos consultas populares (2011 y 2017) y dos referéndums constitucionales (2008 y 2011). La primera fue en 2006, en la que entró como segundo clasificado con el 22.12% de los votos junto a Álvaro Noboa con el 27.25%; a la segunda vuelta electoral terminaría ganando con el 56.7% de la votación. A partir de ese momento, el apoyo a Correa por parte de la ciudadanía se disparó hasta, justamente, el año 2015, en el que entre enero y diciembre cayó del 60% al 41%.

Estos números se ven ratificados cuando se analiza la evolución de los resultados de aprobación del trabajo del presidente en el Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP), desde 2008 hasta 2016. En el Gráfico 1 se muestra que los porcentajes de personas encuestadas que calificaron el trabajo del presidente en turno como «Muy bueno» o «Bueno» desde 2008 va en continuo ascenso, a excepción del año 2010 en que se ve una ligera caída, llegando a su pico máximo en 2014, mientras que en 2016 su nivel de aprobación se desploma.

Otro indicador importante para medir la aprobación del presidente que utiliza el Barómetro de las Américas es el de la confianza que le tiene la ciudadanía. La pregunta es: «¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente?». Las posibles respuestas están entre una escala de 1 (nada) a 7 (mucho). Recodificadas en una escala que va de 0 a 100, en el Gráfico 2 se muestra que los índices de confianza en el presidente siguen una evolución similar a la que presenta la aprobación de su trabajo: descendente desde 2014.

Lo más probable es que el franco declive en los niveles de aprobación presidencial haya estado relacionado con la crisis económica en la que Ecuador entró en 2014 a partir de la caída del precio de los “commodities”, incluido el petróleo, principal fuente de ingresos del país. A eso hay que sumarle las movilizaciones sociales que en julio de 2015 ocasionó el intento del gobierno de Correa de establecer impuestos a la plusvalía de los bienes inmuebles y a las herencias a través de un proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional, propósito del que finalmente se retractó. De acuerdo a varias encuestas, los índices de popularidad del presidente en esos meses alcanzaron sus números más bajos. ¿Por eso retiró los proyectos?

En todo caso, los índices de Correa siguieron cayendo en los meses siguientes, a lo que hay que añadir el terremoto en la provincia de Manabí el 16 de abril de 2016, lo que profundizó la crisis económica y la insatisfacción de la gente. Así, en mayo de 2016 la aprobación de la gestión de Correa en las encuestas había caído a 35% desde el 51% que había tenido en mayo del año anterior.

Se ve entonces que los índices de aprobación de Correa estaban en declive desde 2015 y no parecían mejorar de cara a las elecciones de 2017, para cuya participación en ellas le había quedado aún una posibilidad si es que se llevaba adelante –por parte de sus seguidores– un proceso de consulta popular que finalmente se interrumpió cuando anunció que el candidato de AP para la presidencia sería su ex vicepresidente, Lenin Moreno, pese al distanciamiento y las diferencias que se veían entre ellos desde tiempo atrás. Su compañero de fórmula sería el vicepresidente en ese momento, Jorge Glas.

Moreno, cuyo estilo era más sosegado y conciliador, rompió con Correa a poco de ser elegido y empezó un exitoso proceso de desmontaje de la institucionalidad construida por éste a través de una consulta popular que tuvo el apoyo de casi el 70% de la votación en la que, además, se eliminó la reelección indefinida. Ahora, Correa se ha transformado en un feroz opositor de su antiguo aliado, mientras que Glas está en prisión condenado por hechos asociados al escándalo de corrupción de Odebretch.

¿Por qué Correa escogió al menos confiable Moreno frente a su fiel aliado Glas o alguien de las filas de Alianza País? Nuevamente, debido a las encuestas. De entre todos los posibles nombres que se barajaban para la candidatura presidencial de AP, el único que tenía opciones de ganarlas era Moreno. Al no poder o querer ser candidato Correa, era la única alternativa viable del oficialismo para quedarse en el poder. En todos los demás escenarios era más probable que ganara el candidato de la oposición, Guillermo Lasso, candidato del movimiento de centroderecha Creando Oportunidades (CREO).

En ese escenario, las elecciones de 2017 fueron muy disputadas. La primera vuelta la ganó Moreno, pero no le alcanzaron los votos para convertirse en presidente en primera vuelta, por lo que tuvo que disputar una segunda con Lasso, la que ganaría por apenas un poco más del 2%, en un proceso electoral lleno de irregularidades y acusado de fraudulento.

Los números previos mostraban a las encuestadoras divididas: unas sostenían que Lasso triunfaría y otras que lo haría Moreno. Incluso, los únicos dos “exit polls” (encuestas a boca de urna) que se llevaron a cabo presentaron resultados distintos, declarando uno ganador a Lasso y, otro, ganador a Moreno.

¿Se equivocaron? No, si se reflexiona que en las encuestas el margen de error que se maneja generalmente es +/- el 5% y la diferencia que tuvo Moreno sobre Lasso estuvo por debajo. ¿Hubo fraude electoral? Tampoco se sabrá, menos aún con resultados tan apretados, aunque las misiones de observadores declararon que no existió. (Aunque lo que sí existió fue una clara manipulación del sistema electoral a favor del oficialismo).

Lo que sí se sabe es que la percepción de la ciudadanía frente a la gestión de Correa no sirvió para que cambiara el rumbo que había tomado, cada vez más despótico y con un deplorable manejo económico, pero sí para que decidiera no lanzarse a una tercera reelección, y fueron también las encuestas las que le llevaron a designar como candidato a una persona que no era de su entera confianza y que terminaría desmontando buena parte de su estructura autoritaria.

Y, entonces, volviendo al presente y mirando al futuro, ¿qué sucederá en las elecciones de 2021? Considerando que cuando las principales preocupaciones de la población de un país son la situación económica y procurarse el sustento diario, las instituciones democráticas empiezan a importar menos, lo que abona para el surgimiento de líderes autoritarios, por lo que el futuro en Ecuador no se vislumbra promisorio. El Gráfico 3 muestra cómo ha descendido la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Ecuador desde 2014, año en que empezó la crisis, hasta 2019, de acuerdo con el Barómetro de las Américas.

Algunas encuestas sostienen que Correa y su nuevo partido, Revolución Ciudadana (RC), siguen teniendo un apoyo fuerte entre la población ecuatoriana, pero ante su imposibilidad de presentarse como candidato (por la eliminación de la reelección indefinida), deberá designar nuevamente a alguien en su lugar. ¿Le alcanzará para hacerse nuevamente con el poder y desmontar los cambios realizados por Moreno, tal como ha anunciado? ¿O aparecerá un nuevo outsider que, valiéndose de un discurso populista y demagógico, se aproveche de la insatisfacción ciudadana con la democracia y sus instituciones? O, acaso, ¿los políticos y/o partidos serán capaces de deponer sus intereses propios y personalistas a fin de defender unidos la democracia? Habrá que esperar a ver qué dicen las encuestas, pero las tendencias, lamentablemente, no son prometedoras.