Hace años que en el ámbito electoral mexicano se discute la necesidad de transitar al uso de las modernas tecnologías informáticas para abandonar el voto en boletas impresas que se depositan en urnas, y pasar al mal llamado “voto electrónico”. Digo mal llamado porque ese término induce a confusión.

En efecto, cuando de “voto electrónico” se habla, no se hace referencia al voto a distancia por internet, sino al uso de urnas electrónicas que se instalan y operan en las casillas electorales o centros de votación para que, a través de ellas, mediante hardware y software relativamente sencillos, cada elector emita su voto en cada tipo de elección; la misma urna electrónica realiza el escrutinio y cómputo de la votación.

La votación en urna electrónica supone que cada ciudadano, cada ciudadana, acude a la casilla que le corresponde, se identifica ante los funcionarios de casilla y estos le dan acceso al uso de la máquina. No habrá boletas impresas, ni urnas de cartón o plástico.  En México tenemos al menos tres proyectos piloto ya probados en comicios locales por los institutos electorales de Coahuila, Jalisco y la CDMX. Sin embargo, la ausencia de un marco legal apropiado, la cuantiosa inversión requerida para hacer realidad ese cambio y la persistencia de lo que Jorge Carpizo llamó en 1994 “la feria de las desconfianzas”, han impedido dar el paso.

En el mundo el uso de urnas electrónicas, o maquinas para votar, se ha extendido en los cinco continentes. En Estados Unidos, por su sistema electoral descentralizado a los estados y condados, se utilizan diversas tecnologías de emisión electrónica, o mecánica, del voto; en Brasil desde hace años se usan las urnas electrónicas, que por cierto cuestiona el presidente Bolsonaro; en Venezuela su uso ha sido motivo de polémica ya que la principal empresa proveedora de las máquinas (Smartmatic) ha estado bajo investigación en EUA; en Alemania, hace años que su Corte Suprema declaró inconstitucional el uso de máquinas para votar.

Hoy los astros parecen alinearse para que el uso de urnas electrónicas sea una realidad en México; al menos así lo indica el hecho de que los partidos políticos y el gobierno coinciden en proponer reformar el marco jurídico para dar base a ese importante cambio. Tanto la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral del presidente López Obrador, como la de diputados del PAN contienen la referencia explícita a ese cambio.

Lo primero a señalar es que para dar base al uso de las urnas electrónicas no es requisito reformar la Constitución. Bastaría con reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Si Morena y sus aliados quieren dar el paso, tienen los votos suficientes en las dos Cámaras para hacerlo.

Los problemas para ese cambio son de otra índole; obligan a contar con un plan de transición que aborde y resuelva algunas cuestiones fundamentales.

1.     ¿Cuántas urnas electrónicas se requieren en cada casilla electoral, considerando la existencia de las casillas únicas en que se reciben los votos tanto para elecciones federales como locales, a fin de garantizar el flujo continuo y la emisión del voto para que todos los inscritos en la lista de cada casilla ejerzan su derecho al voto en las 10 horas en que las casillas están abiertas?

2.     ¿Cuál es el monto de la inversión requerida para que el INE y los OPLES cuenten con el número suficiente de urnas electrónicas? Considerando 162,570 casillas y dos urnas electrónicas en cada casilla, conforme los datos que nos proporcionó el Instituto Electoral de Coahuila, estamos hablando de una inversión de al menos 7 mil millones de pesos, solo para la fabricación de las máquinas.

3.     Además de la reforma legal, será indispensable el plan para la capacitación de los funcionarios de casilla bajo la nueva modalidad de urna electrónica. Seguramente pueden reducir su número, pero aumentarán los requisitos de educación mínima.

4.     Las urnas electrónicas no deben estar conectas a internet, pero se requiere garantía de suministro de energía eléctrica, continua y sin interrupciones durante la jornada electoral.

Esas son algunas de las primeras cuestiones a resolver antes de dar los primero pasos para pasar al uso de urnas electrónicas. Sin embargo, por la prospectiva de conflictividad de las elecciones federales de 2024, quizá lo mejor sea dejar establecida la base legal y el plan para que en las elecciones intermedias de 2027 se haga el cambio, con algunas pruebas piloto en elecciones locales en 2025 y 2026.