El año 2020 es ya una excepción en la historia electoral de México. Por primera vez desde el fin de la Revolución, unas elecciones –las locales de Coahuila e Hidalgo– han tenido que ser pospuestas, sin que hasta el momento pueda saberse en qué nueva fecha habrán de llevarse a cabo. Son también excepcionales la suspensión de plazos legales en materia electoral y partidaria, así como la suspensión de la atención al público para tramitar credenciales. Obviamente, la causa de esa excepcionalidad electoral es la emergencia sanitaria provocada por el llamado Covid-19.

Como es bien sabido, el primer brote epidémico de esa nueva cepa de coronavirus que ha trastornado a todo el mundo fue la ciudad china de Wuhan, provincia de Hubei. En una era de intensos intercambios comerciales y rapidísimo tránsito de personas por todo el orbe, en unas cuantas semanas la epidemia en una ciudad se convirtió en una pandemia, o sea, una oleada de contagios a escala mundial. El virus muy pronto se propagó por toda China y otros países asiáticos; enseguida a Europa y Estados Unidos, y luego a todos los continentes. La Organización Mundial de la Salud declaró inicialmente, el 29 de enero, una emergencia global, y oficialmente la pandemia el 11 de marzo. La velocidad de los contagios está asociada a la intensidad de los intercambios comerciales, laborales y turísticos. México no podía ser una excepción. Desde que se conoció el carácter altamente contagioso del virus, teníamos que saber que la pandemia golpearía con fuerza a nuestro país y deberíamos prepararnos para ello.

Algunos países al principio desdeñaron la amenaza del Covid-19; otros la tomaron en serio y adoptaron tempranamente medidas de prevención y contención más o menos eficaces: distanciamiento social, cierre de escuelas, pruebas diagnósticas en gran escala, previsiones urgentes de atención médica. Entre los primeros se cuentan Irán, Italia, España, Estados Unidos, Brasil y México; entre los segundos, Corea del Sur, Japón, Singapur, Alemania y Chile. China aplicó medidas de aislamiento coercitivo y aumentó muy pronto su capacidad hospitalaria. El Salvador, por su parte, optó por una cuarentena estricta y el cierre de fronteras. De cualquier modo, en menos de cuatro meses la pandemia del coronavirus ha cambiado la vida de cientos de millones de personas y trastornado a la economía mundial.

Respuestas del INE ante la epidemia

En México, los primeros casos de Covid-19 se detectaron el 27 de febrero de 2020, cuando la OMS ya había declarado la emergencia global. Por lo tanto, ya conocíamos la rapidez de los contagios y los mecanismos de transmisión del virus. Aun antes de que las autoridades sanitarias mexicanas establecieran medidas de prevención claras, el Instituto Nacional Electoral implementó las primeras acciones preventivas: el 13 de marzo, el Secretario Ejecutivo instruyó la aplicación de medidas de higiene, información y orientación sobre la epidemia en todos los centros de trabajo del Instituto, tanto de oficinas centrales como de órganos desconcentrados.

Unos días más tarde, el 17 de marzo, la Junta General Ejecutiva –órgano de decisión encabezado por el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, e integrado por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas– acordó medidas administrativas y operativas[i] para disminuir los riesgos de los trabajadores del Instituto, de los usuarios que acuden a tramitar su credencial para votar y de los ciudadanos que recibían capacitación para integrar mesas directivas de casilla en Hidalgo y Coahuila. Específicamente, las disposiciones más importantes fueron:

• Continuar con el desarrollo de las funciones sustantivas del Instituto, cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria; disminuir la cantidad de personal presente en las oficinas y permitir ausentarse a personas en condiciones de salud más vulnerables.
• Utilizar medios digitales para hacer sesiones a distancia de los órganos colegiados. Cuando deban hacerse reuniones presenciales, se evitará la presencia de invitados, pero se transmitirán vía internet para cumplir con la transparencia y la publicidad.
• En los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) donde se tramitan las credenciales para votar, aplicar medidas de sanitización, distanciamiento social, disminución de personas en las salas de espera y atención solamente a usuarios con citas programadas a fin de evitar filas y aglomeraciones.
• Suspender temporalmente los exámenes de conocimiento para ingresar al Servicio Profesional Electoral, previstos para el 28 de marzo (había 24,430 aspirantes concursando por 320 plazas). Consecuentemente, las etapas posteriores de los concursos se reprogramarán. Adoptar medidas semejantes para la ocupación de puestos de la Rama Administrativa.
• A partir del 17 de marzo y hasta el 19 de abril, suspender los plazos procesales de trámite y sustanciación de procedimientos administrativos que sean competencia de los diversos órganos del Instituto, con excepción de los de urgente resolución o aquellos vinculados directamente a los procesos electorales en curso (hasta ese momento, antes de convenirse la posposición de la jornada electoral correspondiente).
• Suspender (tentativamente por 30 días, a partir del 20 de marzo) las tareas de capacitación electoral para integrar las mesas directivas de casilla para las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Esta decisión se tomó considerando el riesgo para los capacitadores-asistentes y los prospectos de funcionarios de casilla por el trabajo cara a cara que la capacitación requiere. Afortunadamente, en la fecha de suspensión ya se contaba con al menos siete ciudadanos capacitados y aptos para la función en el 99% de las secciones electorales. Así, únicamente había que determinar después la fecha para iniciar la segunda etapa de la capacitación: segunda insaculación, nombramiento y reforzamiento con simulacros.
• Continuar las actividades de la Dirección Ejecutiva de Administración para asegurar la generación y pago de la nómina, así como reorientar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para atender la contingencia.

En los días siguientes, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL) decidió realizar a distancia (por teleconferencia) las entrevistas a aspirantes a consejeros(as) de los estados de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, así como a la presidencia de Durango. El 19 de marzo fueron entrevistados bajo esa modalidad 21 aspirantes; sin embargo, las 44 entrevistas restantes, previstas inicialmente para el 24 de marzo, fueron suspendidas en atención a las nuevas medidas de prevención decididas por las autoridades sanitarias. Igualmente, quedó suspendido el proceso iniciado para seleccionar las presidencias de los institutos electorales de Michoacán y Nayarit.

El 22 de marzo el INE anunció el cierre, a partir del día siguiente, de los 858 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de todo el país, con base en la evaluación de la información oficial sobre contagios confirmados y las medidas de algunos gobiernos de los estados para la prevención, control y reducción del contagio del Covid-19. Se tuvo en cuenta también que estas oficinas del INE son las que tienen más contacto cotidiano con el público. Regularmente, los MAC atienden, en promedio, a 60 mil ciudadanos y ciudadanas cada día hábil. El cierre de los módulos era poco deseable porque muchos ciudadanos requieren un medio para identificarse, pero se juzgó necesario para la salud pública y para proteger al personal del propio INE.

Por su parte, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación del 24 de marzo el Acuerdo por el que se establecen medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos que implica el virus SARS-CoV2 (Covid-19). Dicho acuerdo ordena un conjunto de medidas de distanciamiento social para reducir los riesgos de contagio, así como la suspensión de actividades escolares de todos los niveles, la protección a personas más vulnerables a la enfermedad y restricciones a actividades económicas, sociales o laborales que impliquen concentración o desplazamiento de personas y no sean «necesarias para hacer frente a la contingencia». En otras palabras, el gobierno federal declaró una emergencia sanitaria que paraliza parcialmente las actividades públicas y gran parte de la producción, el comercio y los servicios «no esenciales», a la vez que establece difusamente la obligación de continuar pagando los salarios de los trabajadores que paren su labor.

Decisiones sin precedentes

Ante la situación de emergencia declarada por las autoridades sanitarias federales, los consejeros y consejeras del INE tuvieron que tomar una serie de decisiones extraordinarias. El 27 de marzo, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG80/2020 por el que se autoriza la celebración de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o de la Junta General Ejecutiva, a través de herramientas tecnológicas, mientras prevalezcan las medidas de la emergencia sanitaria. Esa fue una decisión extraordinaria que brindó un marco de actuación para garantizar la validez de las sesiones y de los acuerdos adoptados.

El mismo día 27 el Consejo General aprobó suspender los plazos inherentes a la función electoral, mediante el acuerdo INE/CG82/2020. El acuerdo establece también que la continuidad de actividades del Instituto se dará a través del trabajo que el personal pueda realizar desde sus hogares, con apoyo de herramientas tecnológicas y de comunicaciones apropiadas, desde la fecha de aprobación del acuerdo y hasta que se contenga la epidemia.

Había otra decisión –aún más excepcional– que los integrantes del Consejo General contemplaban y que ya se estaba explorando con los partidos políticos y los gobiernos locales: la posible posposición de las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo. No era una decisión fácil ni deseable, pero los riesgos sanitarios de la pandemia y la incertidumbre sobre la duración de las fases más intensas de contagios obligaban a acordar medidas inusitadas.

Por una parte, las prescripciones de distanciamiento social y hasta de confinamiento de una parte de la población (con la consigna oficial de «Quédate en casa») son difícilmente compatibles con un proceso eminentemente social, masivo y de comunicación interpersonal como las campañas electorales, la preparación de los comicios y la propia jornada electoral. Por otra parte, no hay en la legislación electoral general ni en las constituciones locales disposiciones que prevean expresamente la suspensión o aplazamiento de comicios ni, en su caso, cuál autoridad estaría facultada para hacerlo. Así que el Consejo General del INE tuvo que recurrir a una interpretación sistemática del conjunto de las normas aplicables y de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias para resolver la cuestión.

En su sesión del 1 de abril, el Consejo General ejerció la facultad de atracción, prevista por el artículo 41 Constitucional y justificada por la hipótesis de hecho referida por el artículo 124, párrafo tercero de la LGIPE:[ii] «cuando el asunto … revista un interés superlativo (por) la gravedad del tema, es decir (por) la posible afectación o alteración del desarrollo del proceso electoral». Dadas las circunstancias de extrema gravedad causadas por la emergencia sanitaria, se consideró necesario y válido modificar los plazos legales y los calendarios de los procesos electorales en curso en los estados de Hidalgo y Coahuila. La motivación para aplazar la jornada electoral fue básicamente la necesidad de armonizar los derechos políticos ciudadanos de votar y ser votado, con el derecho humano a la protección de la salud.[iii] El crecimiento exponencial de contagios y el número de fallecimientos que se han observado en México y el mundo, justifican sobradamente medidas de excepción para contribuir a contener esta crisis de salud pública.

Algunas consecuencias y pendientes del aplazamiento

 Aunque el acuerdo del Consejo General del INE plantea tentativamente como nueva fecha de la jornada electoral de Coahuila e Hidalgo finales de julio o el mes de agosto próximos, no hay certidumbre al respecto, porque depende de la evolución de la pandemia.

La ocupación de las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral, suspendida por ahora, debería cumplirse antes o en la primera etapa del Proceso Electoral 2020-2021, previsto para iniciar en septiembre de este año.

La designación de cargos de consejeros y consejeras electorales y presidencias de OPL hoy vacantes, así como la necesaria renovación parcial de los consejos de 17 institutos locales (47 cargos, aparte de las vacantes previas), debería concluir a más tardar el 30 de septiembre de este año, a fin de que tales órganos estén debidamente integrados al comenzar el nuevo proceso electoral.

La elección por la Cámara de Diputados de cuatro consejeros y consejeras electorales del INE, cuyo proceso se suspendió también por la emergencia sanitaria, requiere concluirse antes de septiembre de este año, porque no es deseable que el nuevo proceso electoral empiece con un Consejo General incompleto. Además, por mandato de ley, la designación de consejeros de OPL requiere de un mínimo de ocho votos del Consejo General del INE y hoy están en funciones sólo siete, ya que cuatro concluyeron su período el pasado 3 de abril.[iv]

El proceso de verificación de afiliaciones, asambleas y reporte de ingresos y gastos de las organizaciones que quieren constituir nuevos partidos políticos ha disminuido su ritmo, porque requiere concentrar a mucho personal del INE. Es probable que no puedan otorgarse registros el 1 de julio próximo, fecha prevista por la ley.[v]

El Partido de la Revolución Democrática y el partido Morena tienen pendiente la elección, ya varias veces aplazada, de su respectivo órgano de dirección nacional. Por la contingencia sanitaria también se han pospuesto.