Por la contumaz omisión de la mayoría en el Senado, la Sala Superior del TEPJF funciona desde el mes de noviembre del año pasado con 5 de los 7 integrantes que establece la Constitución. Salvo por un detalle, no existe un problema de quorum, semejante al que afecta al INAI y obligó a la Suprema Corte a actuar. La Sala Superior sesiona cada semana, toma decisiones y, salvo el presidente, todos acatan sus sentencias.

El detalle es que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 167, quinto párrafo, determina lo siguiente: “Para hacer la declaración de validez y de Presidenta o Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.”

No es un detalle menor. Estamos hablando de la elección presidencial. ¿Cómo debe cubrirse, por lo menos, una de las dos vacantes, para que se integre el quorum de seis magistrados que dispone la ley?

La solución a la mano es aplicar lo que en el mismo artículo antes citado se dispone para cubrir vacantes definitivas de magistrados de la Sala Superior, en tanto ocurre el nombramiento por el Senado. Cito a la letra: “…mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención.” La última condición es un hecho notorio.

Bajo la regla legal, considerando que hay 4 magistrados regionales con igual antigüedad en el cargo, cabe aplicar la parte final de la norma citada, y llamar de entre ellos a la de mayor edad, que es la magistrada de la sala regional Guadalajara, Gabriela del Valle.

La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, ha sembrado la idea de que, en caso de igualdad en la antigüedad del cargo, se debe llamar al magistrado de mayor edad, dejando de lado la antigüedad. Eso es incorrecto. La ley y los precedentes establecen que la edad es criterio aplicable solamente a los que tienen igual antigüedad. (Ver nota de la reportera Erika Hernández, Reforma 14.05.24 p.9) Más aún, hablar de que los 5 magistrados de la Sala Superior “elegirán” al magistrado regional que complete el quórum de 6 es impropio. No elegirán. Deben llamar a la de mayor antigüedad en el cargo y mayor edad, que se llama Gabriela del Valle.

Espero que nadie se quiera pasar de lista, o de listo, y los 5 magistrados en funciones cumplan con la ley. Mis inquietudes están en otras aristas del mismo tema.

En la nota de prensa arriba citada, se informa que el 3 de agosto sería la fecha en que se llamará a la magistrada Gabriela del Valle para incorporarse a la Sala Superior. Me parece que es una decisión equivocada. Justificarla bajo la hipótesis de que quizá antes de esa fecha el Senado cumpla su responsabilidad para designar a quienes cubran las dos vacantes de la Sala Superior, y las 6 vacantes de salas regionales, es una mala previsión, pero además hace caso omiso de un hecho, ese sí previsible: las impugnaciones a la elección presidencial serán presentadas entre el 10 y el 14 de junio, y su estudio deberá iniciar de inmediato.

Por sus declaraciones públicas, parece que la magistrada presidenta del TEPJF tiene la idea de que la magistrada Del Valle sea llamada hasta el 3 de agosto solo para votar proyectos, relacionados con la elección presidencial, en los que no participaría para nada. Eso es una equivocada decisión. Por obvias razones, todos los magistrados de la Sala Superior deben conocer y participar en el estudio de los expedientes relativos a esa elección, desde el momento mismo de su presentación. Por esa razón, la magistrada Del Valle debe ser llamada a integrarse a la Sala Superior de inmediato, o a más tardar el 3 de junio. Para suplirla en la sala regional Guadalajara la ley, y los precedentes, dan la solución.

En el contexto de un proceso electoral marcado por la inobservancia de la Constitución y las leyes, conductas en las que tanto el INE como el TEPJF tienen una enorme culpa, lo peor que pueden hacer los magistrados que forman mayoría en la Sala Superior es sembrar dudas y desconfianzas por la integración de la sexta magistrada que habrá de calificar la elección presidencial.

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