Las iniciativas de reforma electoral de las fuerzas políticas mexicanas en 2022 van desde las que quieren fortalecer a las autoridades electorales -reconociendo en la Constitución importantes atribuciones que se han autogenerado con motivo de la función-; las que pretenden establecer un nuevo sistema de representación política con la inclusión de una segunda vuelta en la elección presidencial; la reinstauración de la vicepresidencia o la elección de las autoridades electorales por votación popular, por mencionar algunas.

El objetivo de estas últimas se sostiene en “Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder” puesto que “En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado, por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato”. La iniciativa que más se ha divulgado y, por supuesto, que se impulsará con vehemencia para que se apruebe por el grupo mayoritario en el Congreso es la enviada por el Titular del Ejecutivo Federal. En ella se propone transformar la institucionalidad electoral al suprimir el INE y, en su lugar, crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como una autoridad electoral independiente que garantice los principios rectores de la función electoral como -según sostiene- “siempre debió haber sido”.

La propuesta es que el Instituto sea la única autoridad administrativa electoral en el país, por lo cual los órganos públicos electorales locales (OPLEs) desaparecerían. En otras palabras, se propone la nacionalización de las elecciones puesto que dicha institución se encargaría de todas las elecciones, así como de los procedimientos de participación ciudadana. Los autores de la iniciativa sostienen que esa transformación es necesaria dado lo costoso que resulta el mantenimiento de la autoridad electoral -la cual ha incrementado su presupuesto entre 1999 y 2018 en un 409%-; además del “gigantismo” de los OPLEs -a quienes en 2021 se les asignaron presupuestalmente más de 13 mil millones de pesos-. En la iniciativa presidencial hay una aparente motivación económica y de austeridad, que a la vista del electorado y beneficiarios de programas sociales resulta muy atractiva.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los números y su uso político en los términos que se plantea, toda vez que se presentan en números absolutos, pero no se vinculan y desagregan con el costo de cada una de las funciones. Es decir, para qué se usa el dinero y cuánta de esa bolsa se destina a las prerrogativas que financian a los partidos políticos, a la expedición de la credencial electoral para toda la ciudadanía, para la logística de las elecciones, la seguridad de la documentación electoral, en el monitoreo de radio y televisión, en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en el pago de impuestos, entre otros. No se puede ir con la finta o el engaño de que ese dinero es puro despilfarro, porque eso es mentir y una transformación institucional de esa dimensión no se puede sostener en una falacia.

Junto a la desaparición de los OPLEs, la iniciativa considera que los tribunales electorales locales son irrelevantes como primera instancia impugnativa, puesto que el TEPJF resuelve en definitiva casi cualquier acto controvertido en las elecciones locales. De ahí que proponga que el Tribunal absorba la resolución de todas las impugnaciones electorales locales del país. También aquí el dato es falso y su uso para sustentar una reforma puede llevar a un problema mayúsculo. Del 100% de las impugnaciones de las elecciones locales, cerca del 70% se queda en decisión definitiva en manos de los tribunales electorales locales; y el resto se va a la instancia federal. Este dato no es menor. Más del 90% de los fallos locales no sufren modificación. Aunque se puede mejorar en muchas cosas, esas instituciones judiciales son claves en la impartición de justicia en el país. De ahí que no sean irrelevantes. Quizá por eso, a contracorriente de la propuesta regresiva, la iniciativa del Partido del Trabajo (PT) proponga el establecimiento de un tribunal electoral por cada Estado -dependiente del TEPJF-.

El argumento más preocupante del intento reformista para transformar las instituciones electorales más importantes de la democracia mexicana es el que sostiene que el INE y el Tribunal están siendo integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, lo cual -sostienen- mermó su imparcialidad. Por ello, los reformistas buscan reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y representación de estas instituciones. Y, se amparan en este argumento para impulsar reformas que merman derechos y que afectarán el modo en que se atienden y resuelven los conflictos locales en el país.

Para lograr esa supuesta reivindicación ciudadana en la designación de las personas titulares tanto del INEC como de la Sala Superior del TEPJF, la propuesta de reforma propone un esquema de elección directa por la ciudadanía. Para ello, cada uno de los tres Poderes de la Unión debe presentar una lista con 20 candidaturas para integrar el Consejo General del Instituto y 10 candidaturas para la Sala Superior. Las personas candidatas a las instituciones electorales -apunta la iniciativa- podrán hacer campaña electoral y tendrán derecho de acceso a la radio y la televisión para que expongan sus propuestas y programas de trabajo. Además, el propio Instituto debe organizar no sólo la elección, sino también foros de debate en tiempos brindados gratuitamente por los medios de comunicación. En pocas palabras, se tendrían nuevos cargos de elección popular. Aunque la intención es que la elección sea ciudadana, surge una pregunta auténtica, ¿las personas electas como autoridades le deberán el cargo y lealtad a la ciudadanía o a quien les puso en la lista de candidaturas?

De prosperar la reforma electoral del Ejecutivo se cambiaría el modelo escalonado de renovación de integrantes por una renovación total cada 6 años. Para eso habrá una elección, cuya jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de agosto. Para el INEC se elegirán 7 personas consejeras y presidirá el organismo aquella que haya obtenido la mayor votación. En lo que respecta a la Sala Superior del Tribunal, también se elegirán a 7 personas magistradas; en este caso, la presidencia será solo por 2 años y se elegirá entre las propias magistraturas. Sin embargo, como el lector o lectora habrá de imaginarse, no hay una sola línea en el texto de la propuesta que se refiera al cuidado de los perfiles, ni la llegada de las personas más aptas para el cargo. Paradójicamente a lo que se dice que se combate, con un modelo como el propuesto, proliferará la política en la selección de esos cargos. Así, se hará más trabajo político que técnico, por lo que se estima un enorme retroceso en el avance que habíamos conseguido en más de treinta años de vida institucional.

El PT -quien presenta una propuesta más moderada que las otras- no postula la modificación del número, ni de la elección de la autoridad administrativa por la Cámara de Diputados, sino solamente la “desaparición” del Comité Técnico que hasta el momento hace la evaluación de los perfiles de las personas aspirantes al Consejo General del INE. Esta actividad se trasladaría a un grupo compuesto por representantes de los grupos parlamentarios, con el aval de la Junta de Coordinación Política. También en esta parte se regresa al ámbito totalmente político la designación de las personas integrantes de la autoridad electoral. En tanto que el PRI -aunque formalmente no ha presentado iniciativa- ha sostenido que se debería mantener el proceso actual de convocatoria, registro y evaluación de las personas aspirantes, pero que la elección final se lleve a cabo a través de insaculación. Por su parte, el PAN no ha formulado propuesta que modifique a las instituciones electorales.

En otro aspecto, la iniciativa de la Presidencia también se basa en la idea de una reducción del aparato administrativo del INE a nivel distrital, y propone sustituirlo por órganos auxiliares de carácter temporal durante los procesos electorales. En ese sentido, crea un boquete en la atención a la ciudadanía para la expedición de la credencial para votar, de la capacitación y educación cívica y de la organización electoral, todas ellas actividades de naturaleza permanente de las autoridades mexicanas. Al respecto, existen otras iniciativas que reconocen el papel fundamental que lleva a cabo el INE y el que tendría que asumir, en su caso, la nueva institución. En esa línea, una iniciativa resulta muy interesante y que sería clave para darle racionalidad al sistema. El PAN propone que se establezca en la Constitución una fórmula, para que tanto el INE como el Tribunal, tengan garantizado un presupuesto anual para su funcionamiento que de aprobarse sería una regla pilar de autonomía e independencia puesto que el su accionar no estaría sujeto al momento político que comúnmente pone la Cámara de Diputados al asignar el presupuesto.

Otro elemento interesante, y que parece muy plausible, es la iniciativa del PT en el sentido de generar condiciones de reglas muy claras y no modificables durante los procesos electorales; es decir, poner candados a que el INE o el Tribunal modifiquen las condiciones de la contienda electoral una vez que ésta haya iniciado. Sobre todo lo anterior caben algunas reflexiones.

Se desea transformar la realidad democrática a través de la reforma constitucional y la modificación estructural de las instituciones cúpula del sistema electoral mexicano, como si el derecho y las instituciones fueran el problema de la falta de credibilidad y de legitimidad de los partidos políticos y de la política en general, así como la insatisfacción con la democracia. Desde 1977 se impulsaron reformas constitucionales y legales que fueron dando pauta a la construcción de un México más democrático, con mayores libertades, con mayor competencia política y electoral, donde cada vez más la ciudadanía involucrada en política se convirtió en el factor de cambio.

La constitución de instituciones electorales alejadas del titular del Poder Ejecutivo jugó un papel fundamental en el cambio democrático en nuestro país. Con el IFE e INE, TRICOEL, TRIFE y TEPJF, así como con la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada uno en su contexto de atribuciones y aportaciones, el ejercicio de los derechos político-electorales se hizo realidad, la competencia electoral se hizo más equitativa, la alternancia política se hizo posible y todos ellos fueron factores claves para la llegada pacífica al poder de la derecha e izquierda en México.

Se equivoca la clase política otra vez más en desconfiar de las instituciones y de las reglas que ellos mismos diseñaron e impusieron para la competencia electoral. Se equivoca al arengar en contra de las reglas y las instituciones que han conseguido distribuir el poder y generar alternancia. Los árbitros en cualquier competencia se vuelven visibles cuando los participantes no cumplen las reglas del juego y por ello se tiene que conminar al orden, imponer sanciones e inclusive hasta anular el juego y descalificar al infractor. Pero al igual que en la analogía de los deportes, si no se quiere un árbitro que aplique las reglas y que esté incomodando durante el desarrollo de la competencia, no hay que cometer faltas o violar las reglas, no hay que sacar ventaja indebida para ganar. En fin, no hay que hacer trampa.

En comparación con el tramposo en el deporte, la política mexicana adolece de demócratas dispuestos al fair play, y aunque cambien de institución o de reglas, no tardarán más que un proceso electoral en volver a desconfiar de todo y de todos. Y es que no se han dado cuenta -o no quieren hacerlo- que el problema son sus malas prácticas, su desprecio por el Estado de Derecho, su falta de respeto al árbitro, su falta de lealtad con el electorado. La reforma electoral, por sí misma, aunque lo crean y así lo divulguen, no solucionará esos problemas