La relación entre religión y política en América Latina siempre ha sido un asunto complejo y, en los últimos años, la creciente influencia de actores religiosos ultraconservadores en el ámbito político-electoral ha encendido las alarmas sobre su impacto en la democracia y los derechos humanos. La consolidación de bancadas legislativas autodenominadas “provida” o “profamilia” y la movilización de agendas políticas que restringen derechos civiles, sexuales, reproductivos e, incluso, políticos, de mujeres y personas sexualmente diversas plantean serios desafíos para la pluralidad y la equidad democrática en la región.

En los regímenes democráticos, el Estado tiene la obligación de garantizar un trato digno e igualitario para toda la ciudadanía; sin embargo, el avance de estas agendas ultraconservadoras no solo discrimina, invisibiliza y vulnera a quienes no se ajustan a sus preceptos morales y religiosos, sino que también intenta imponer un proyecto único de sociedad, que niega la diversidad y el derecho a la libre autodeterminación. Desde escuelas y espacios públicos hasta congresos y cortes, el activismo religioso conservador ha invertido grandes esfuerzos para bloquear cualquier intento de reforma destinado a corregir desigualdades estructurales y asegurar derechos fundamentales.

El impacto de estas fuerzas no es hipotético. Sólo por mencionar algunos ejemplos, en Colombia, tras la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en 2022, sectores provida redoblaron esfuerzos para revertir este avance con 49 solicitudes de nulidad contra el fallo y radicaron en el Congreso 75 proyectos de ley de carácter regresivo. Entre ellos destaca "Escucha su Latido", una iniciativa de la “bancada provida” que busca obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de proceder con un aborto, intentando influir emocionalmente en su decisión. Por otra parte, en marzo de este año, sectores conservadores y representantes cristianos celebraron el archivo, por decimoséptima vez, de un proyecto de ley que pretendía regular la eutanasia, argumentando principios religiosos que consideran la vida como un “don divino” que debe protegerse en todas sus etapas.

En Argentina, aunque la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue legalizada en 2020, el gobierno de Javier Milei ha aprovechado su posición para fomentar un ambiente hostil hacia este derecho. Milei impulsó la celebración del "Día del Niño por Nacer" con críticas abiertas al aborto y desfinanció políticas destinadas a garantizar acceso seguro de las mujeres a la IVE, incluyendo la suspensión de medicamentos esenciales y el desmantelamiento de programas de prevención de embarazos adolescentes. En este contexto, también se ha generado un clima de hostigamiento contra el personal médico que busca garantizar que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos.

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele, con el respaldo de la bancada oficialista y grupos religiosos, ha intensificado una ofensiva conservadora que incluye la prohibición de cualquier material alusivo a la diversidad sexual en espacios educativos, la eliminación de entidades gubernamentales como la Dirección de Diversidad Sexual y el archivo de proyectos como la Ley de Identidad de Género, que buscaba crear un mecanismo para reconocer legalmente la identidad de las personas transgénero en sus documentos de identificación. Adicionalmente, el país mantiene una prohibición total del aborto, incluso cuando la vida de la madre está en riesgo. El “Caso Beatriz”, una mujer a quien en 2013 se le negó un aborto pese a presentar serias complicaciones de salud y la inviabilidad del feto, generó en 2024 una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó que el Estado cometió violencia obstétrica y violó sus derechos fundamentales.

En Brasil, donde el aborto es legal solo en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o anencefalia fetal, la situación no es menos preocupante. Reconocidas activistas como Rebeca Mendes se han visto obligadas a viajar al extranjero para acceder a servicios de aborto seguro. Además, en 2024, se aprobó en la Cámara de Diputados una enmienda constitucional que pretende prohibir el aborto en todas las circunstancias, incluso las excepcionales.

En Perú, partidos ultraconservadores como Renovación Popular han bloqueado iniciativas parlamentarias orientadas a garantizar derechos a minorías sexuales y reproductivas. Algunos legisladores han rechazado abiertamente la implementación de baños inclusivos, promovido proyectos para eliminar la paridad y alternancia en cargos públicos, y se han opuesto a cualquier avance que busque garantizar igualdad de derechos.

El deterioro de la democracia va de la mano de la pérdida de libertades y derechos. Por ello, se hace imprescindible impulsar reformas que garanticen los derechos de las minorías sexuales y que fortalezcan el carácter laico de las democracias latinoamericanas. La promoción de leyes inclusivas y la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas son esenciales para contrarrestar los peligros del activismo religioso conservador.

Defender la democracia también implica defender la diversidad. Garantizar que todas las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias religiosas, gocen de una ciudadanía plena y libre de discriminación, es un deber impostergable. La separación entre religión y política no es un lujo, sino una necesidad fundamental para construir sociedades verdaderamente justas y equitativas. Proteger los derechos humanos y resistir agendas que buscan imponer visiones únicas y excluyentes es tarea de toda la ciudadanía.

Para finalizar, el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (#ObservatorioReformas) ha hecho un cuidadoso seguimiento de las reformas político-electorales orientadas al reconocimiento de los derechos LGBTIQ+ en los países de la región. Si bien se identifican avances importantes en esta materia, todavía queda mucho por hacer. Les invito a conocer esta y otras bases de datos disponibles para su consulta en la página web: www.reformaspolíticas.org